Ecologistas en Acción de Extremadura ha recibido con sorpresa las declaraciones de Rafael Lemus Rubiales, Secretario General del PSOE en la provincia de Badajoz, en las que se acusa a la organización de ser una de las asociaciones que constituyen “una seria amenaza para nuestro futuro más inmediato” y que “generan alarmismo”. Todo ello se recoge en un artículo publicado en el diario Hoy, el pasado 27 de febrero, titulado “Cerrado por defunción”, que habla por sí solo, y constituye el peor ejemplo de calma que el Secretario General podría ofrecer a la sociedad extremeña.

La organización opina que las cuotas de populismo y demagogia entre nuestros políticos/as están subiendo a unos niveles tan escandalosos, que han perdido toda credibilidad ante la sociedad extremeña y española. Aseveraciones como las que manifiesta Rafael Lemus en su artículo, como que “el Medio Ambiente está bien protegido”, o que “sin industria no habrá empleo, y sin empleo, no hay futuro”, no sólo nos advierten sobre el enorme trabajo en educación ambiental que queda por hacer en esta región, especialmente entre las clases políticas, sino que constituyen un peligroso ejercicio de engaño e irresponsabilidad, cuyos argumentos no aguantarían ni el más somero análisis.

Mientras el Sr. Lemus critica la labor de organizaciones como Ecologistas en Acción, tildándola de alarmista, no aporta ni un solo dato, estudio o análisis que respalde afirmaciones como ésta: “si en 10 años en Extremadura no hay una profunda apuesta industrial que pueda crear en torno a 25.000 puestos de trabajo será muy difícil volver a ver la Extremadura próspera”, que constituye una opinión personal muy discutible expresada como si fuera una verdad absoluta. En cambio, la organización recuerda que los planteamientos que defiende están basados en estudios científicos o en la normativa regional, estatal y europea, y respaldadas en muchas ocasiones por sentencias de los tribunales de justicia. Es el caso, por ejemplo, de la urbanización ilegal Marina Isla de Valdecañas que, a pesar de tener una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a su demolición, sigue en pie porque el gobierno socialista de la Junta de Extremadura se niega a cumplirla.

Mientras Europa está exigiendo a todos los países que se tomen medidas para conseguir los objetivos contra el Cambio Climático, aportando soluciones innovadoras fundamentadas en el fomento de las energías renovables, la agricultura ecológica, la reducción de residuos, las industrias no contaminantes y el respeto a la naturaleza, entre otras, parece que algunos/as miembros del partido gobernante en nuestra región sigue anclados en un concepto de “progreso” trasnochado, por el cual defienden la implantación de mega-industrias contaminantes de capital extranjero, como la azucarera de Mérida, que sólo dejan saldo positivo en las cuentas de sus promotores, mientras toda la sociedad extremeña sufre sus consecuencias negativas. La oposición de Ecologistas en Acción a este proyecto se basa en argumentos económicos, sociales y ambientales y no, como dice el Sr. Lemus, “sin tan siquiera saber si el proyecto podría ser viable medioambientalmente”. Dicha acusación, más bien, debería dirigirla hacia algunos miembros de su partido que aparecieron en los medios dando espaldarazo al proyecto, cuando éste aún ni siquiera había salido a información pública.

Para la organización ecologista, el presente modelo es continuista de unas políticas fracasadas que están hundiendo a la región en la insostenibilidad y el desempleo. En contra de lo que el presente gobierno expone en la Estrategia de Economía Verde y Circular “Extremadura 2030”, se siguen fomentando macro-proyectos agroindustriales basados en el monocultivo, como la citada azucarera o el plan de regadío de Tierra de Barros, fomentándose regadíos innecesarios para sectores que ya presentan excedentes en vez de enfocar la producción a la calidad y a la buena gestión de los cada vez más escasos recursos hídricos.

Y mientras esto sucede, el gobierno regional sigue sin dar pasos firmes para implementar un modelo agroecológico que se podría apoyar parcialmente en la compra pública de bienes agrícolas producidos en proximidad, por ejemplo en el caso de las contrataciones para suministrar alimentos y servicios a centros educativos públicos, hospitales y otros centros que son competencia de la Junta de Extremadura. Eso sin mencionar la venta “troceada” de Extremadura a empresas mineras extranjeras, que solamente dejarán los residuos de sus extracciones mientras se llevan los beneficios fuera, al tiempo que se destruyen puestos de trabajo ya existentes en las zonas afectadas.

La organización está convencida de que, para que Extremadura progrese, no es necesario un desarrollo macro-industrial sin medida que deje nuestra tierra yerma y contaminada, como el que defiende el Sr. Lemus. Por ello, propone un modelo económico que se ajuste a los requerimientos de adaptación al Cambio Climático y mitigación de sus causas, que además ayude a conservar el patrimonio natural extremeño, que tiene enormes posibilidades económicas para la población. Este nuevo modelo pasa por transformar una economía en la que principalmente se producen bienes agroindustriales en una economía diversa, que minimice los transportes y por tanto las emisiones de gases de efecto invernadero, que conlleve una producción enfocada al consumo local, en la que se incluyan manufacturas no contaminantes de bienes de uso cotidiano, que actualmente la región tiene que importar a cambio de exportar grandes cantidades de bienes agrícolas producidos de forma insostenible. Esta diversificación crearía puestos de trabajo y podría frenar el éxodo migratorio que sufre la región.

Por otro lado, no es cierto, como dice el Secretario General, que “en los pueblos extremeños hay un clamor generalizado contra muchas de las restricciones medioambientales”. Más bien, existe un clamor exigiendo a los/as políticos regionales y nacionales que actúen con responsabilidad, coherencia y altas miras, que miren por todos y todas las extremeñas, también por las gentes que viven en pueblos pequeños donde ningún jeque árabe va a interesarse en poner una mega-industria, ni el gobierno estatal en llevar el AVE, y que miren por la salud del campo extremeño, cuya única viabilidad a largo plazo pasa por las explotaciones extensivas, diversificadas y con canales cortos de comercialización.

Por último, Ecologistas en Acción apela a la responsabilidad del Secretario General del PSOE y del partido al que representa, para que dejen de buscar chivos expiatorios a sus malas políticas durante más de treinta años y dejen de culpar del atraso de Extremadura a organizaciones de la sociedad civil, formadas por personas que trabajan de forma desinteresada por mejorar la calidad de vida de sus pueblos, y cuya opinión, como ciudadanas y ciudadanos que son, también debería preocuparles.

La acusación vertida por el Secretario General, aparte de ser un hecho muy grave, demuestra la simpleza en sus planteamientos y una evidente falta de autocrítica por parte del partido que durante más tiempo ha gobernado la región, que recurre constantemente al paternalismo y a la autocomplacencia nostálgica, tratando de convencer a la ciudadanía de que todo lo bueno en Extremadura se hizo por obra y gracia del PSOE.