Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado alegaciones al tercer permiso de investigación minero que se ha presentado ante la Consejería de Industria de Cantabria, solicitando que se rechace su admisión y no se otorgue el permiso.

Este tercer Permiso de Investigación (PI) se denomina Yuso y está promovido por la empresa Atalaya Riotinto Minera S.L.U., del grupo Atalaya Mining; ocupa 47 cuadrículas mineras, en los términos municipales de Santillana del Mar y Suances, afectando en menor medida a los Reocín y Torrelavega. Los cuatro principales accionistas de Atalaya Mining son: el gigante suizo de las materias primas Trafigura, la empresa metalúrgica china Yanggu Xiangguang Copper y los fondos de inversión Liberty Metals & Mining y Orion Mine Finance.

El permiso de investigación solicitado es para dos años y en el primer año está previsto realizar 118 sondeos, de profundidad media en torno a 700 metros, en las dos zonas con mineralización de zinc ya conocida, concentrados en las localidades de Queveda y Yuso (T.M. de Santillana del Mar).

Plano de demarcación Yuso

Resulta muy preocupante que la empresa pretenda abrir una galería de 5 km para acceder a la profundidad de 600 m, aparte de perforar unos 100.000 m adicionales que pueden suponer la apertura de unos 160 sondeos más.

Las alegaciones principales tienen que ver con la forma en que se han tramitado estos permisos de investigación pues consideramos que se han incumplido las normas relativas a la planificación minera, con la aprobación de la ilegal Ley 5/2017, de 15 de mayo, de modificación de la Ley del Suelo 2/2001, cuya única finalidad fue eliminar todo tipo de trabas urbanísticas para ejercer la actividad minera en el suelo rústico de toda Cantabria, con independencia de su clasificación y protección. Esta modificación legislativa que recurrimos pretende esquivar también la doctrina de los tribunales, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como del Tribunal Supremo sobre la compatibilidad de unos mineros con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medioambiente.

Otro grupo de alegaciones tienen que ver con los trabajos mineros concretos para los que exigimos un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo que evalúe los impactos tanto de la galería de 5.000 metros, como los 280 sondeos profundos que está previsto realizar, dado que la galería es una clara extralimitación del proyecto que solo debería contener trabajos de investigación y nunca de explotación encubierta.

El Plan de Restauración carece de solidez y de un estudio adaptado al territorio, en donde no se contemplan las actividades que puedan verse afectadas, como la ganadería y el turismo, la fauna, la flora, los yacimientos arqueológicos, las aguas subterráneas y superficiales, el paisaje, etc.

Para finalizar, rechazamos el documento de seguridad y salud que contiene errores, falsedades y generalidades que delatan que se trata de un documento elaborado para otra actividad, careciendo de algo tan básico como la ubicación, el nombre de la empresa promotora (Atalaya Riotinto), el nombre del representante legal de la empresa (INSERSA) o del director facultativo la misma.