Ante la convocatoria el próximo jueves 15 de marzo del pleno de las Cortes en el que se debatirá y aprobará la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, la Plataforma contra la Ley de Caza se congratula de que se esté a punto de dar paso tan decisivo en la modificación de una norma que se elaboró a la medida de unos pocos y para favorecer un modelo de caza intensiva y comercial que daba la espalda a los derechos de los no cazadores, al bienestar animal y a la protección de la naturaleza. A pesar de ser incompleta la reforma, no deja de ser un cambio sustancial en la línea de lo reclamado por la Plataforma, en la que participa Ecologistas en Acción.
La Plataforma entiende que aun así hay una última posibilidad de mejorar la Ley incrementando la edad mínima para cazar y que mediante una enmienda presentada por el grupo Podemos podría elevarse a los 16 años. Los argumentos de unos y otros en relación a esta propuesta están ya expuestos y resulta evidente que son mucho más razonables los que justifican la aprobación de la enmienda. Tanto desde el punto de vista de la seguridad para las personas, cazadores o no, desde la comparación con otras actividades para las que se requiere la mayoría de edad, como considerando los precedentes en comunidades como Galicia, hay que subir la edad para usar un arma para cazar.
La Plataforma pide tanto al PP como especialmente al PSOE que apoyen la enmienda en la seguridad de que con ella se mejorará sustancialmente la reforma de la Ley.
Por otra parte, la Plataforma considera que el lobby cinegético lo que pretende sobre todo con sus infundadas críticas a la reforma de la Ley es distraer la atención de esta cuestión de la edad y evitar que se apruebe la enmienda. Así como posicionarse cada vez más duramente contra la ley de protección y bienestar animal.
No se puede entender de otra forma su reacción ya que de las 15 razones que se esgrimen para rechazar la Ley de Caza unas no se sostienen en la realidad y otras ponen de manifiesto la apuesta por un modelo de caza insostenible enfocado a la transgresión permanente de la normativa sea en materia de caza, de protección de la naturaleza, de bienestar animal o de uso público.
Baste para demostrarlo dos ejemplos más que significativos:
- El primero tiene que ver con la crítica al incremento de las sanciones y a la consideración del papel protagonista de los agentes medioambientales en el control de la actividad cinegética. Es decir, a que se puedan vigilar y sancionar adecuadamente actividades ilícitas. Se queja el sector de la caza de estos aspectos cuando resulta que la reforma de la ley no hace otra cosa que recuperar el régimen de sanciones económicas que ya había en la ley de 1993 y que de forma sorprendente se había rebajado a la mitad en 2015. Asimismo de que se reconozca a los agentes un papel de policía judicial que ya tiene instaurado desde otros ámbitos legales y del que son plenamente merecedores. Cabe preguntarse qué teme el lobby si ellos defienden el buen hacer del sector e invocan que son los primeros en denunciar ilegalidades. Obviamente lo que quieren es que no se descubran las numerosas actos ilícitos que se cometen y que, si se descubren, que no se sancionen. Los que debieran ser los primeros en pelear por el cumplimiento de las leyes, son los primeros que dan por hecho que van a incumplirlas.
- El segundo ejemplo tiene que ver con los bulos que están propagando respecto de supuestas nuevas prohibiciones, como la que afectaría a las esperas nocturnas de jabalí. Para desgracia de la Plataforma estas prácticas se van a seguir realizando, a pesar del peligro que comportan para la seguridad de las personas y para el control del furtivismo. El cambio que se ha introducido, y que ya se verá si se concreta en el reglamento, es que deje de considerarse una modalidad de caza por imperativo legal, cosa que no se hace con ningún otro tipo de caza. Pero podrá autorizarse como se ha hecho siempre, como método excepcional sujeto a autorización, y debe mantenerse así entre otras cosas porque va contra uno de los principios básicos de la protección de la propia caza, la prohibición general de que se pueda cazar de noche. Así estaba en la ley de 1993 y se ha venido haciendo hasta la nueva ley de 2015.
Con argumentos incongruentes y falaces como éstos y otros que se desgranan en esas llamadas 15 razones, la Mesa de la Caza no hace otra cosa que mostrar su falta de autocrítica a las malas prácticas cinegéticas y su falta de respeto a la inmensa mayoría que representan las personas no cazadoras. Tratan de ocultar su falta de argumentación y capacidad de debate con quienes defienden otros puntos de vista. Hace tiempo que decidieron dejar de buscar consensos y optaron por la confrontación contra todo aquel que no quisiera transigir con su apuesta por la insostenibilidad del modelo de caza comercial, elitista e intensiva.
