Para Ecologistas en Acción el informe no aborda la cuestión sobre el descenso del consumo energético necesario para luchar contra el cambio climático.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital acaba de hacer público el informe que encargó a una comisión de 14 expertos y ninguna experta para definir un escenario de descarbonización de la economía de 2020 a 2030. El resultado de estos meses de discusión es un documento de 500 páginas que debe de orientar al ministerio a la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como el Plan de Clima y Energía que deberá presentarse ante la Unión Europea.

Para Ecologistas en Acción el informe no aborda la cuestión sobre cuáles serían las reducciones necesarias para luchar contra el cambio climático. Más bien parece enfocado a cómo mantener el sistema de lucro económico de los actores empresariales más relevantes. De hecho, aunque es evidente la necesidad de reducir el consumo de energía (y según el propio informe esta reducción solo conllevaría menores costes, menores emisiones y mayor cuota en renovables), no se establece ninguna simulación en ese sentido. Reconoce la necesidad de un cambio en el modelo de producción y consumo, pero se limita a la consecución de unos objetivos tan insuficientes como los que ha asumido el Gobierno español.

Un ejemplo claro son las interconexiones que, basándose en un sobredimensionado concepto de seguridad energética, apoya la realización de proyectos innecesarios y que encarecen los costes energéticos. Proyectos como la interconexión por el Golfo de Vizcaya o el MidCat no solo están recibiendo un amplio rechazo social sino que, como ha mostrado el caso Castor, suponen una hipoteca muy cara. De hecho, según el informe, “los supuestos sobre ampliación de infraestructuras no presuponen la viabilidad económica de las mismas ni se ha evaluado su impacto sobre la sostenibilidad económica del sistema (eléctrico o gasista), aspecto que requerirán en cada caso una evaluación específica”. Y continúa señalando que “es también conveniente tener en consideración que, bajo algunos escenarios de descarbonización en 2050, las energías fósiles podrían no tener cabida en el sistema, por lo que hay que evaluar cuidadosamente las necesidades de inversión a 2030 asociadas a estas fuentes energéticas y los plazos disponibles para su amortización”.

Es preocupante la parcialidad con la que se aborda la cuestión nuclear al no contemplar las cuestiones sobre seguridad, emisiones y costes de todo el ciclo nuclear. La inflexibilidad de esta energía arroja además mayores derroches energéticos, además de obviar que el actual estado de degradación de la seguridad en muchos de los reactores hará inviable su ampliación, como ya ha sucedido con Garoña.

El informe da la razón a las organizaciones ecologistas que llevan años señalando la necesidad de impulsar un sistema energético 100 % renovable cuanto antes. También reconoce que la descentralización y la democratización de la energía, así como las medidas de eficiencia energética en edificios, son clave para alcanzar estos objetivos. Sin embargo, sigue confiando en un sistema oligopólico y en medidas fiscales que vulneran el principio de que quien contamina, paga, como sucede con el impuesto sobre carbono, que no establece ningún precio mínimo que garantice algún efecto en la reducción de las emisiones. Una propuesta de fiscalidad que difícilmente podrá afrontar la financiación de la transición energética necesaria y sigue perpetuando mecanismos injustos como los pagos por capacidad.

Este trabajo se centra más en las reducciones sobre el sector eléctrico que en otros sectores importantes como el transporte, donde se deja sin abordar la necesidad de una reducción neta y contundente del mismo, especialmente en lo que se refiere al vehículo privado. Salvo la necesidad de incrementar las medidas fiscales, especialmente sobre el diésel, y del desarrollo de planes a nivel local y regional, no se aprecian medidas efectivas para la reducción de las emisiones en este sector, mientras se confía en exceso en la electrificación de los vehículos sin plantear los cambios necesarios entre distintos modos de transporte. Cabe recordar que, de todos los sectores, es precisamente el del transporte el que ha experimentado en los últimos años una tasa de crecimiento anual más elevada. Descartar una mayor ambición en este sector podría suponer el fracaso de la lucha climática.

Para Ecologistas en Acción el informe presentado sigue apostando por medidas de mercado o financieras frente a la planificación, la regulación y la desinversión en combustibles fósiles que debería ser el centro de la actuación climática. Aunque reconocer la necesidad de mayor producción renovable es un paso importante, este informe se queda corto en cuanto a las medidas más transformadoras. Seguir permitiendo los privilegios del oligopolio energético, favoreciendo un sistema que concentra energía y capital mientras legitima nuevas y mayores infraestructuras innecesarias, permite que sigan siendo los intereses empresariales los que determinen la transición energética.