Las declaraciones realizadas ayer martes por José Julián Gregorio , afirmando que el ATC es “una obra que todos los países con centrales nucleares tienen”, no son ciertas. Así EE.UU., el país más nuclearizado del mundo en números absolutos, con unos 100 reactores operativos, no dispone de ATC. Lo mismo ocurre en muchos otros como Canadá, Francia, República Checa o Lituania. Todos estos países disponen de una serie de almacenes en seco con contenedores junto a las centrales nucleares, similares a los que tiene España en Trillo, Zorita o Ascó, para los que Garoña y Almaraz ya han conseguido autorización y el resto de centrales nucleares ya han solicitado permisos o planea hacerlo.

El 6º Plan General de Residuos Radiactivos, que está actualmente en vigor pero que ya es papel mojado, prevé la necesidad de almacenamiento para un periodo de operación de las nucleares de 40 años y plantea que el ATC debería haber entrado en funcionamiento en 2010. El incumplimiento de este plazo ha hecho que todas las centrales nucleares tengan ya ATI o planes para construirlos, lo que convierte el ATC en inútil, puesto que su construcción no haría más que duplicar la capacidad de almacenamiento con respecto a las necesidades previstas.

Los 144,5 millones presupuestados para ATC (1/4 de las inversiones totales del gobierno central para C-LM) son un insulto a los ciudadanos castellanomanchegos, que sufren el ninguneo del gobierno central en aspectos como los servicios públicos y el medio ambiente.

Para la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, en la que participa Ecologistas en Acción, los millones destinados al ATC en 2018, cuando todavía no tiene ninguna de las (al menos) 5 autorizaciones necesarias para su construcción y operación, obedece a lógicas relacionadas con dos aspecto: el primero es dar satisfacción a las empresa eléctricas que pretenden prolongar el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años; y el segundo, ofrecer a las grandes constructoras una jugosa obra pública en momentos de baja licitación.

Para María Andrés, Portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear y presidenta de Ecologistas en Acción de Cuenca, “lamentamos mucho que se ningunee de esta manera al pueblo de Castilla-La Mancha, inflando los Presupuestos Generales del Estado en conceptos que no necesita y que se engañe a sabiendas, sobre una infraestructura cara en innecesaria. El ATC, tendría, para Enresa, un coste total de 2.800 millones de Euros, incluido el pago a los ayuntamientos, gastos de funcionamiento, los impuestos y su desmantelamiento. Nuestra respuesta es la misma de siempre: la movilización. Por ello, el 13 de mayo volveremos a ir a pie a Villar de Cañas en la que será la 9ª marcha para conseguir que se suspenda definitivamente este proyecto insensato”. Ha finalizado Andrés.