Que se esté haciendo un Plan de Asignación de emisiones de CO2 es una actitud que contrasta con la inacción del gobierno anterior y envía una señal a los agentes económicos de que el cumplimiento del Protocolo de Kioto va en serio. En este sentido, y en el panorama en que nos encontrábamos, es una buena noticia.
El objetivo de este Plan es una estabilización durante 3 años al nivel de emisiones de 2002, el 39% superiores a las de 1990, y luego desde el 2008 una reducción del 2% anual hasta llegar al 24% en reducción de emisiones en el 2012 (el objetivo de Kioto es de aumento del 15%). Con esta base se determina la cantidad total de derechos con el porcentaje de las emisiones que corresponden a los sectores de la directiva, 40,5%, y resultan 161,2 MTn de CO2. Esto es un 31% más de lo que estos sectores económicos emitían en 1990.
Ecologistas en Acción quiere señalar que:
Es un esfuerzo desequilibrado, puesto que se deja para el final cuando ya es periodo de cumplimiento las reducciones más fuertes. Incluso cuando previsiblemente la compra de derechos será más cara y el impacto económico también. Para realizar un 2% anual a partir del 2008 se tienen que poner las bases desde ahora.
Por otra parte la previsión de uso de mecanismos de flexibilidad en el periodo 2008-2012 es de 100 MTn , una cifra excesiva. Y cuentan con reducciones de 29 MTn procedentes de sumideros (bosques, cultivos…). Siempre hemos opinado que con el escaso objetivo del Protocolo de Kioto no se deberían contabilizar las reducciones por estos medios, pero en todo caso habrá que pedir que de los mecanismos de flexibilidad no se utilice el comercio de emisiones y mucho menos el “aire caliente” ruso y ucranio.
La Administración va a facilitar a las empresas la realización de proyectos de los que puedan apuntarse derechos de emisión (mecanismos de desarrollo limpio) especialmente en Sudamérica, y va a crear “bancos” dedicados a invertir dinero público en esos proyectos, Fondos de Carbono con el fin de obtener derechos. Declaran que no se comprará con dinero público derechos para los sectores privados participantes en el sistema de omercio de CO2.
Sobre el reparto de derechos:
Sector eléctrico: Considerando que es el que tiene más posibilidades tecnológicas de reducción se le permite contaminar demasiado, es decir se le conceden demasiados derechos, 86,4 MTn, un 35% más que las emisiones en 1990. Respecto al periodo de referencia que han escogido, 2000-2002, es una reducción de emisiones del 5%. El Plan debería ser más restrictivo, sobre todo porque en esta ocasión tenían un aliado dentro del sector: Iberdrola pedía 228 Mtn en derechos 2005-2007: 76Mtn/año, mientras ENDESA, Unión Fenosa, Hidrocantábrico reclamaban 290 Mtn en derechos 2005-2007: 97Mtn/año. Han dado 260 MTn, que es demasiado cercano a los intereses de este último grupo.
La industria recibe un 9,7% más de lo que emitió durante el periodo de referencia 200-2002. Más del 93% de lo que pidieron al gobierno, no es de extrañar que el Plan haya sido acogido sin protestas. Destacan los derechos para el cemento, un 8,7% más de lo emitido años pasados, porque la actividad cementera debería disminuir por criterios ambientales de sostenibilidad: menos edificaciones y menos infraestructuras.
En conjunto puede decirse que el Plan de Asignación para el periodo 2005-2007 que se está elaborando es demasiado conservador, aspira a conseguir un cambio de tendencia en las emisiones de CO2, de crecimiento a estabilización, pero se concede una pausa demasiado larga antes de comenzar una reducción de emisiones fuerte. El problema sigue siendo que en España se ha esperado mucho para tomar medidas sobre el cambio climático y nos falta tiempo incluso para llegar a cumplir Kioto. No digamos para abordar los próximos compromisos de reducción, necesariamente de mayor alcance.
