Electra de Viesgo ha tendido una línea de alta tensión entre los ayuntamientos de Campoo de Yuso y San Miguel de Aguayo sin licencia municipal, sin el preceptivo Informe de Impacto Ambiental y contra la voluntad de las juntas vecinales propietarias de los terrenos.

La mencionada línea de 12/20 Kv discurre entre las localidades de Servillejas y San Miguel de Aguayo y se ha construido este pasado verano. Durante el periodo de exposición pública las juntas vecinales de Servillejas y La Costana, como propietarias de los terrenos, manifestaron sus reparos o abierto rechazo, tanto al trazado como al procedimiento utilizado por Viesgo. El ayuntamiento de Campoo de Yuso reunido en Pleno y por unanimidad de sus miembros rechazó dicho proyecto. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo requirió el preceptivo Informe de Impacto Ambiental, reiterando al menos por dos veces la necesidad de dicho trámite.

Contrariando todas estas resoluciones vinculantes, Electra de Viesgo ha ejecutado las obras con la arrogancia y prepotencia de aquel que se siente inmune a las posibles consecuencias. Es incomprensible que no se paralizase en su día esta construcción ilegal, pero menos se entiende y escandaliza que hasta la fecha no haya abierto ningún expediente sancionador contra esta empresa. Desde luego, el principio “Quién Contamina Paga”, es un precepto éticamente más que discutible y además su cumplimiento es más que dudoso. Pero en el caso que nos ocupa el que contamina no paga y además se ahorra importantes costes derivados, por ejemplo, de informes de evaluación de impacto, trámites administrativos y tasas municipales.

Hechos como éste hacen que cale de forma profunda en la sociedad la idea de que el peso de la justicia parece no gravitar sobre los grandes intereses económicos y genera dudas sobre el estado de derecho en el que vivimos. Lo ocurrido tiene que tener consecuencias proporcionales a su gravedad, por ello Ecologistas en Acción ha solicitado a la Consejería de Industria, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y ayuntamientos afectados, la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, la demolición de lo ilegalmente construido así como su restauración ambiental.