Para justificar que las obras de la M-30 no necesitan evaluación de impacto ambiental, el Ayuntamiento viene divulgando una sentencia antigua que sólo responde a un recurso presentado por una comunidad de propietarios de Puerta de Hierro, en las obras correspondientes al Proyecto Norte de la M-30. Sin embargo, existen varios recursos contenciosos administrativos en trámite por esta misma razón (como pueda ser la demanda que tiene presentada Izquierda Unida en los juzgados de Madrid, o el recurso recientemente admitido a trámite a Ecologistas en Acción).

Por su parte, la Comisión Europea, ya en diciembre de 2002 y precisamente a raíz de un proyecto que promovía Ruiz-Gallardón desde la presidencia de la Comunidad de Madrid -los proyectos urbanísticos en la Operación Chamartín, sin evaluación ambiental- la CE hizo público un dictamen motivado informando al Reino de España sobre la incorrecta aplicación de la Directiva Europea al eximir de Informe de Impacto Ambiental a un proyecto por tratarse de una zona urbana (Dictamen sobre la infracción 2001/5061 firmado por Margot Wallström).

Frente a la pretensión del Ayuntamiento que insiste en no considerar necesaria la evaluación de impacto ambiental por ser la M-30 una vía urbana, “la Comisión entiende que, sobre la base de una apreciación global, no puede considerarse que los proyectos de urbanización […] realizados en zonas urbanas no sean susceptibles en ningún caso de tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, especialmente teniendo en cuenta que el artículo 3 de la Directiva menciona entre los factores que deben considerarse a la hora de evaluar el impacto ambiental de un proyecto el ser humano, la fauna y la flora, así como los bienes materiales y el patrimonio cultural. Así, la Comisión considera que es razonable pensar que este tipo de proyectos pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, entendido éste en el sentido amplio que le otorga la Directiva 85/337/CEE, bien sea por el aumento de tráfico, ruido, contaminación, por su impacto en el patrimonio artístico o por cualquier otro motivo. Por esta razón es exigible que, en los citados casos, las autoridades competentes determinen si la ejecución de tales proyectos puede provocar efectos significativos en el medio ambiente y, en caso positivo, los sometan a una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10.”

La realidad, frente a la potente propaganda del Ayuntamiento, es que estas obras tienen en estos momentos dos expedientes abiertos en la Comisión Europea motivados por la exención de Informe de Impacto Ambiental: 2004/2080 y 2005/4483. Y la realidad es, también, que el Ayuntamiento ya ha tenido que hacer frente a cuatro expedientes de carácter grave por infracciones medioambientales cometidas en las obras.

Para la Ecologistas en Acción y la Plataforma, tanto la Comunidad de Madrid como el Ministerio de Medio Ambiente están incumpliendo conscientemente sus obligaciones ya que, como recoge el dictamen citado, “corresponde a las autoridades del Estado miembro adoptar las medidas necesarias para que los proyectos sean examinados con el fin de determinar si pueden tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente y, en caso afirmativo, para que se sometan a un estudio de su impacto ambiental”.

Por el mismo motivo, la Plataforma exige la participación activa de la Fiscalía de Medio Ambiente que, a día de hoy, no ha dado muestras de cumplir sus obligaciones de salvaguardar el marco legal que protege a los ciudadanos de los abusos de poder en materia de salud pública y medio ambiente.

Del mismo modo, la Plataforma confía en poder exponer sus argumentos a la comisión de parlamentarios europeos que, posiblemente, hoy mismo decidan acudir a Madrid a analizar in situ la situación de las obras y su ajuste a la normativa europea.