Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran que el Gobierno se equivoca en su gestión de los residuos radiactivos, al ignorar la necesidad de lograr un previo y amplio consenso social que incluya a las organizaciones ecologistas.

Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que la Comisión Interministerial creada por el Gobierno para tratar de sacar adelante el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad es un mero subterfugio de falsa apariencia democrática que trata de camuflar los contactos que en paralelo está llevando a cabo la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) con diversos municipios.

En efecto, mientras que la realidad es que ENRESA lleva meses negociando con diversos municipios (de los que ya se conocen algunos nombres: Vandellós i L'Hospitalet de L'Infant, Mora la Nova y Tivissa en Tarragona y Almonacid de Zorita en Guadalajara…), para ubicar en alguno de ellos el ATC, ofreciendo a cambio la promesa de compensaciones millonarias y la habitual oferta de nuevos puestos de trabajo, así como la instalación de un centro de investigación, el Gobierno trata de aparentar que esa decisión se tomará estrictamente con criterios técnicos y buscando la transparencia y el consenso social.

Para ello, el pasado 6 de julio, el Gobierno ha creado la “Comisión Interministerial para el establecimiento de los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad, y de su centro tecnológico asociado” (mediante el Real Decreto 775/2006, de 23 de junio – BOE num. 159, de 5 de julio).

“El Gobierno debe dejarse de farsas como la Comisión Interministerial recientemente creada y aceptar que esta estrategia de ENRESA está abocada al fracaso, como sucedió en el pasado con todos sus intentos anteriores, y que un problema tan serio como el qué hacer con los residuos radiactivos no podrá solucionarse desligando esta cuestión del futuro de las centrales nucleares, que son las que producen estos peligrosos residuos”, en opinión de los responsables en materia de energía nuclear de Greenpeace y Ecologistas en Acción. Para estos grupos esta Comisión Interministerial no va a ser la solución para despejar el futuro de la gestión de los residuos en España.

La amenaza para la salud pública y para el medio ambiente que suponen los residuos radiactivos, unido al elevado coste económico de su gestión (más de 13.000 millones de euros según el Sexto Plan General de Residuos elaborado por ENRESA y aprobado recientemente por el Ministerio de Industria), evidencian que el problema de los residuos radiactivos es un problema de carácter social, además de técnico.

La gestión de los residuos no se puede desligar del futuro de las nucleares ni técnicamente ni socialmente. Por un lado, es obvio que la estrategia de gestión y el tamaño y diseño de los métodos de almacenamiento dependerán del número de centrales operativas y del tiempo de funcionamiento de las plantas.

Pero también se trata de un problema de carácter social que no se puede resolver sin un previo consenso social y político que sólo se puede conseguir medio del diálogo entre todos los agentes interesados, incluyendo las organizaciones ecologistas. Sólo este diálogo permitirá alcanzar un acuerdo sobre el modo de gestión de los residuos nucleares.

Así lo reconoció expresamente el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 30 de mayo, durante el debate del Estado de la Nación. En respuesta al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, Zapatero dijo: “Y paralelamente también está el tema de los residuos, que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe S.S., es un problema de hondo calado. Por tanto, uno, mantenimiento del compromiso electoral con la reserva -si usted me permite- en torno a la energía nuclear de la garantía de nuestro suministro energético; dos, para antes del final de la legislatura existe un compromiso muy concreto y, tres, consenso en torno a los residuos”.

Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran que el problema de la gestión de los residuos de alta actividad sólo se solucionará con un gran consenso social que únicamente podrá alcanzarse poniendo sobre la mesa un calendario de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares. Entretanto estos colectivos manifiestan que se opondrán activamente a los planes de ENRESA de construir un Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos de alta actividad.

De hecho, hasta ahora, todos los intentos de los sucesivos Gobiernos de instalar un cementerio nuclear han fracasado estrepitosamente tras provocar una inmensa contestación social, como en los casos del proyecto IPES (Instalación Piloto Experimental Subterránea) en Aldeadávila de la Rivera (Salamanca), a finales de los 80, del proyecto de un ATC en Trillo en 1989 o del proyecto El Berrocal, en Toledo de 1992.

Posteriormente, el proyecto de búsqueda de emplazamientos de ENRESA, ya en su fase AFA (lugares de Alta Favorabilidad), suscitó manifestaciones multitudinarias en todos los lugares designados como candidatos: en Los Pedroches (Córdoba), Arribes del Duero (Salamanca-Zamora), Burgos, etc., que obligaron al Gobierno central en 1999 a suspender indefinidamente ese proyecto.

Los representantes de Ecologistas en Acción y Greenpeace piden que se aprenda de los errores pasados y se elabore ese calendario de cierre escalonado de nucleares, que por otra parte está en el programa electoral del PSOE, abriendo así la puerta al consenso para la búsqueda de la forma de gestión menos mala para los residuos de alta actividad.