La continua presión ecologista ha contribuido al próximo cierre de la nuclear.

Francisco Castejón, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 75.

Tras 42 años de funcionamiento vamos a asistir al cierre de esta peligrosa central nuclear. La causa principal de su clausura es la inseguridad técnica que a su vez genera inseguridad económica a Nuclenor, su empresa propietaria.

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es la más pequeña de las que funcionan en España tras el cierre de Zorita. Se trata de un reactor de agua en ebullición fabricado por General Electric que entró en operación en 1971, idéntico al reactor número 1 de la central de Fukushima-Daiichi, que sufrió en 2011 un terrible accidente. Garoña y Cofrentes (Valencia) son las únicas centrales de agua en ebullición en España. Estas centrales son más sencillas de fabricar, puesto que no tienen generadores de vapor. Pero a cambio, el circuito primario es muy grande y sale fuera del recinto del reactor, lo que las hace más peligrosas. Además, las barras de control entran por debajo de la vasija, lo que hace que en caso de fallo no caigan por gravedad y no se pueda parar la central.

Garoña y Zorita fueron resultado de los pactos de amistad entre la España de Franco y EE UU. Además de estas centrales, aquellos acuerdos trajeron la instalación de bases americanas en el territorio español. Ambas centrales son de la llamada Primera Generación, diseñadas en los años 50 y 60.

Garoña es propiedad de la empresa Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa al 50%) y posee una potencia de 466 MW eléctricos, lo que solo supone el 0,4 % de toda la potencia instalada en España. Hoy en día nadie discute que no solo Garoña, sino la totalidad de las nucleares, son prescindibles desde el punto de vista de la garantía de suministro eléctrico.

Los problemas técnicos

Tras 41 años de funcionamiento, la central está llena de achaques y de problemas técnicos. Los propios informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aportan valiosas informaciones sobre sus problemas técnicos y se señalan múltiples elementos degradados, hasta casi 200.

Históricamente, Garoña ha tenido problemas con el sistema de protección contra incendios, que bajo determinados supuestos podrían dejar al reactor nuclear fuera de control. Pero tanto o más graves resultan son los problemas de corrosión que afectan a varios elementos del circuito primario. El barrilete y varias de las penetraciones de las barras de control han sufrido los efectos de la corrosión. Ambos fueron sometidos a reparaciones chapuceras en torno al año 2000 y obligan a realizar continuas inspecciones para vigilar la dinámica de la corrosión cada vez que se produce una recarga.

En julio de 2009 expiró la última autorización para explotar Garoña. El CSN autorizó a la central a funcionar hasta 2019 con la condición de que cumpliera ciertos requisitos y realizara inversiones en 2013 y 2015. Sin embargo el Gobierno de Zapatero se encontraba en una posición delicada. El Presidente había proclamado en sus dos campañas electorales que cerraría de forma escalonada las centrales nucleares –siempre que no pusiera en peligro la garantía de suministro– y empezando por Garoña.

Pero el entonces Ministro de Industria, Miguel Sebastián, estaba a favor de la continuidad de la central. La decisión final no satisfizo a nadie: mediante una Orden Ministerial se fijaba la fecha de cierre para el 6 de julio de 2013. El recurso de Nuclenor ante la Audiencia Nacional para conseguir que la central funcionara hasta 2019, tal como el CSN le autorizaba, fue rechazado mediante una interesante sentencia, en la que se facultaba al Gobierno para tomar decisiones sobre política energética y sobre las instalaciones para generar electricidad. Esta sentencia da mucha capacidad de decisión y acción a los ulteriores gobiernos.

Además de los problemas técnicos, Garoña, como otras centrales, viene sufriendo los problemas del bajo caudal de nuestros ríos, en particular del Ebro. Garoña toma agua del embalse de El Sobrón, en la cabecera del Ebro, y se refrigera con circuito abierto. Debido a la escasez de agua, la central violó varias veces los límites legales del calentamiento del agua del Ebro: la diferencia de temperaturas entre el agua que se capta y la que se vierte no puede superar los 3 ºC –y muchas veces ha sido de 7 ºC– y la máxima temperatura de vertido no puede superar los 30 ºC –rebasándolos en ocasiones en más de 10 ºC–, según mediciones independientes [1]. Y esta situación se agravará si avanza el cambio climático. La forma de solucionar el problema es o bien parar cuando haga mucho calor o bien construir una torre de enfriamiento, con el gasto correspondiente.

Una nueva situación: Fukushima, pruebas de resistencia y fisuras

El accidente de Fukushima, ocurrido el 11 de marzo de 2011, cambió radicalmente el panorama de la seguridad nuclear, sobre todo por dos razones: se produce en Japón, una potencia tecnológica de primer orden, y se genera por un incidente exterior a la central. Es decir, tras el accidente en Japón no basta con prever todo lo que pueda ocurrir dentro de la central, hay también que considerar las posibles amenazas externas.

En la UE, Austria exige una revisión profunda de la seguridad de las centrales nucleares. No en vano este país prescindió de sus centrales por motivos de seguridad. Empieza el proceso conocido como Pruebas de Estrés, que aún no ha finalizado. Se produjo un intenso debate entre los Estados de la UE para ver qué supuestos debían cubrir estas pruebas y, finalmente, Francia consiguió dejar fuera de las amenazas externas todo aquello relacionado con la acción humana: choques de aviones, bombas, etc.

A pesar de las críticas que la insuficiencia de las pruebas despertaron en el movimiento ecologista, este proceso obliga a las centrales a realizar algunos cambios y nuevas inversiones: generación y mantenimiento de un grupo de trabajadores de emergencia, construcción y anclaje de nuevos generadores diesel y bombas, verificación de la resistencia a terremotos… En fin, una necesidad de más gasto.

El caso de Garoña es especialmente sensible porque, como se ha dicho, su reactor es idéntico al número 1 de Fukushima Daiichi. De hecho, el 4 de octubre de 2012 la Comisión Europea emite un informe durísimo donde recoge los resultados de todas las pruebas y hace una crítica muy severa a la gestión de la seguridad de las nucleares europeas [2]. En él se señalan problemas comunes como la falta de filtrado de los venteos, ausencia de quemadores pasivos de gases del venteo –lo que habría evitado las explosiones de hidrógeno de Fukushima–, poca resistencia a los terremotos, etc. Resulta interesante que la Comisión señala también la necesidad de armonizar las políticas de seguridad nuclear europeas e incide sobre la escasa valoración de los posibles daños a terceros de accidentes nucleares así como de la nula valoración de los daños al medio ambiente.

Las inversiones necesarias para aplicar las modificaciones de las pruebas de resistencia están entre los 10.000 millones y los 25.000 millones de euros, siempre según la Comisión. Así, aunque las pruebas de resistencia resultan insuficientes y no pueden garantizar de forma absoluta la seguridad, su aplicación supone un severo correctivo a la industria nuclear. De hecho, las pruebas de resistencia españolas pronto mostraron sus limitaciones [3], probando que las estimaciones sobre sismicidad facilitadas por los operadores de las centrales carecen de fiabilidad y que las malas prácticas pueden invalidar las medidas de seguridad adoptadas.

Finalmente, los trabajos necesarios para que el CSN autorizara a Garoña a funcionar hasta 2019 y los resultados de las pruebas de estrés originaban un gasto importante para esta central: 120 millones de euros de aquí a 2015, según Nuclenor.

Por si todo esto fuera poco, durante el mes de agosto salta la noticia de que la vasija de la central belga de Doel 3 sufre un proceso de corrosión y presenta las llamadas indicaciones, o pequeñas fisuras, detectadas mediante un método de inspección más sensible. Los expertos de los reguladores europeos achacan estas pequeñas fisuras al método de fabricación de la vasija. Dado que este método es el normal adoptado por la compañía manufacturera, la sombra de la duda planea sobre todos los reactores fabricados por esa empresa: se trata nada menos que de 10 reactores en EE UU y 11 en Europa, entre ellos Garoña y Cofrentes.

La investigación sobre este hallazgo está todavía en curso y no se sabe las consecuencias que tendrá sobre ambas instalaciones. Pero no es descabellado pensar que en el futuro aparecieran fisuras en la vasija de Garoña y la central tuviera que parar durante una decena de meses para someterse a reparaciones. Unas incertidumbres técnicas, pues, de gran envergadura, que ponen en cuestión el futuro de esta central nuclear.

La situación política y el pulso

La campaña electoral de Mariano Rajoy incluía, entre otras muchas promesas, la continuidad de Garoña y la construcción del ATC (Almacén Transitorio Centralizado), para guardar los residuos de alta actividad de todas las nucleares españolas. Eran dos reivindicaciones perentorias del sector eléctrico español. Lo cierto es que el ATC se desbloqueó en diciembre de 2011 y que la continuidad de Garoña se daba por hecha. De hecho, el Gobierno anula la Orden Ministerial que fijaba el cierre el 6 de julio de 2013, y concede a Nuclenor hasta el 6 de septiembre de 2012 para pedir una prórroga de funcionamiento hasta 2019.

La Comisión Europea sugiere al Ministro de Industria que una forma de acabar con el abultado déficit de tarifa es poner un impuesto sobre la generación de electricidad, gravando especialmente a los dos sectores que más dinero han ganado con el actual mercado eléctrico español: la gran hidráulica y la nuclear [4].

Los responsables de Nuclenor lanzan señales al Gobierno diciendo que quizá no estén interesados en continuar con Garoña en estas condiciones y ejercen una fortísima presión para intentar reducir la tasa sobre la generación electronuclear y conseguir mejores condiciones para la continuidad, por el interés no solo de Garoña sino del resto de las centrales. El pulso estaba servido.

Tras largos debates en el Gobierno, parece que la tasa va a ser del 6% igual para todas las fuentes de energía, pero Nuclenor no ve claro que esto vaya a quedar así, dadas las presiones de la UE. En todo caso le solicita al Gobierno que amplíe el plazo para pedir la prórroga dos meses más, en un intento de esperar a que se aclare la situación. El Gobierno no puede ceder a esa petición, puesto que supondría colocarse en noviembre de 2012, a sólo siete meses de que expire el permiso de explotación, un tiempo demasiado corto para que el CSN estudie toda la documentación con el necesario cuidado. Así que llegó el 6 de septiembre y ¡Nuclenor no pidió la prórroga para la continuidad de la central!

La sorpresa fue mayúscula. Todas las protestas de los trabajadores de la central en 2009 y todas las preocupaciones por este colectivo que manifestaron Nuclenor, el Foro Nuclear, Iberdrola, Endesa, etc., han brillado por su ausencia en esta ocasión. Esto demuestra que los trabajadores fueron usados como mera excusa para presionar al Gobierno y a la sociedad y para realizar una insidiosa campaña de propaganda.

El cierre

¿Cabe la marcha atrás y que Garoña continúe? Es imposible que esta situación se revoque y que Garoña siga funcionado más allá de julio de 2013. El Gobierno debería cambiar radicalmente de postura y legislar a la medida de Nuclenor, cosa que nos convertiría en una verdadera república bananera donde no solo se mira por los intereses de las nucleares, sino que se cede a sus chantajes públicos. Así que, salvo que se produzca un verdadero cataclismo, veremos como Garoña se para definitivamente en unos meses. De hecho el CSN ya solicitó a Nuclenor la documentación necesaria para proceder a la parada y la empresa se la remitió justo el último día de plazo, el 6 de noviembre.

Nuclenor adujo en su comunicado de 5 de septiembre de 2012 que no podía continuar operando la central en esta situación de inseguridad jurídica, dado que el margen de beneficios tras las inversiones era muy estrecho. Sin embargo, creo más bien que el principal motivo es la inseguridad técnica. No es difícil imaginar lo que ocurriría si, después de afrontar unos gastos de 120 a 150 millones de euros, aparece por ejemplo una fisura nueva en la vasija de la central. Esto obligaría a realizar nuevos gastos y, lo que es peor, a paralizar la central durante un periodo que podría rondar un año. En estas condiciones a Nuclenor no le interesa continuar con Garoña.

El resultado de todas estas enormes fuerzas puestas en liza y de estos acontecimientos es el cierre de Garoña. Aunque por sí misma no hubiera bastado, la presión ecologista ha sido significativa y su aportación no ha sido baladí. Nuestro trabajo continuo de denuncia de las malas condiciones de seguridad de la central, la vigilancia cercana a las pruebas de estrés, la comunicación a la opinión pública de la situación de Fukushima y otras acciones de este estilo, se han traducido en una exigencia de seguridad y de control por parte de la sociedad que ha favorecido el cierre. Creo que es un buen momento para alegrarnos de esta excelente noticia que culmina décadas de lucha.

Lanzamos desde aquí un recuerdo para los trabajadores y las comarcas que van a sufrir esta pérdida de ingresos. Nosotros vamos a seguir trabajando para que se pongan en práctica proyectos de desarrollo alternativo en la comarca, como siempre hemos defendido. El resto de poblaciones próximas a otras centrales nucleares deberían ir tomando nota de que, tarde o temprano, las centrales cerrarán y se hace imprescindible la búsqueda de programas de desarrollo alternativo, para lo que se puede usar las generosas partidas de dinero que Enresa paga a las zonas nucleares.

El caso de Garoña muestra a las claras que resulta necio empeñarse en mantener las nucleares en funcionamiento. Al final, los problemas técnicos se acumulan y las inversiones necesarias para mantener la seguridad, junto con las incertidumbres tecnológicas, convierten la energía nuclear en demasiado cara. Justo lo que veníamos defendiendo los ecologistas desde hace décadas y que ahora se muestra rotundamente real.

Notas

[1] Greenpeace encargó a un grupo de expertos una serie de medidas aguas arriba y aguas abajo de Garoña.

[3] Tras la aprobación del informe final, se encontró un generador de emergencia sin anclaje sísmico en Ascó I (Tarragona), se encontró que el tanque de recarga de Almaraz (Cáceres) no estaba licenciado sísmicamente y se produjo un incidente en Trillo (Guadalajara) al colocarse enorme masas sin anclaje por encima del reactor.

[4] Como, además, el Ministro Soria no es especialmente amigo de las renovables, propone extender el impuesto a estas fuentes de energía que han experimentado un rápido crecimiento en España desde 2005.