El lavado verde de imagen es una estrategia adoptada por empresas con actividades perjudiciales para el medio ambiente y la población, y que no tienen voluntad de cambiarlas. Esencialmente, son campañas que consiguen cambios significativos de imagen y de reputación, mientras se producen banales cambios en las prácticas de la firma. En la lista de las empresas patrocinadoras del CONAMA se encuentran las grandes constructoras, las eléctricas, un banco, empresas de servicios y el segundo suministrador mundial de celulosa de eucalipto. Todas estas compañías ocultan un currículum negro que incluye violaciones de los derechos humanos, graves delitos ecológicos, negocios fraudulentos, corrupción, etc.

Actualmente las transnacionales “españolas” están siendo responsables de importantes impactos en territorios fuera de nuestras fronteras. Destacan la financiación de la Caja Madrid del Oleoducto de Crudos Pesados en Ecuador; las presas construidas por Endesa en Chile; la fábrica de celulosa que ENCE pretende construir en Uruguay o los apagones de Unión Fenosa en Nicaragua.

Pero también en nuestro territorio la economía crece a costa de una fuerte destrucción ambiental como revelan los datos del informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España. El fortísimo ritmo inversor de los últimos años ha situado a España en los primeros lugares del globo en cuanto a dotación de infraestructuras viarias (el PEIT con 6.000 km de nuevas autopistas y 9.000 km de líneas de alta velocidad ferroviaria nos situará claramente a la cabeza) y construcción de viviendas (más de 800.000 iniciadas en 2005).

Esta loca dinámica ha contribuido a que 7 de las 11 mayores constructoras del mundo sean en la actualidad “españolas” (ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, Sacyr-Vallehermoso, etc), y a que Abertis sea el principal operador mundial de autopistas de peaje. Empresas “españolas” también están gestionando importantes aeropuertos. Todas actividades con un impacto ambiental crecientemente negativo. Es una tremenda farsa ver que las grandes constructoras hablan del “desarrollo sostenible” cuando son beneficiarios y ejecutores de los proyectos de infraestructura y urbanización más agresivos con el entorno.

La detención de políticos en Marbella y otros lugares es sólo el ejemplo más llamativo de un modelo que se ha implantado en todo el litoral español, y que se extiende de forma imparable hacia el interior. Los Ayuntamientos se han convertido en meros intermediarios de las empresas constructoras e inmobiliarias, que deciden cómo y cuando se recalifican los terrenos, a cambio de pagos legales -los famosos convenios urbanísticos-, o ilegales, la pura y simple corrupción. Las ciudades se planifican en función de proyectos inmobiliarios y por mandato de los especuladores urbanísticos. Este modelo fomenta la corrupción y destruye de forma irreversible nuestros recursos naturales: suelo, paisaje y agua, y arrasa con los pocos espacios naturales existentes. El negocio y la especulación inmobiliaria ha instaurando un nuevo tipo de capitalismo cada día más mafioso, con ingentes cantidades de dinero negro para financiar actuaciones ilegales y que pueden ir directamente a financiar chantajes y extorsiones generalizadas, para ir apoderándose y controlando otros sectores económicos.

Además, estos grupos de la construcción se adentran cada vez más en un amplio abanico de servicios, privatizando los Servicios Públicos con peligrosas consecuencias para la sociedad y el ambiente. Surgen monopolios y los organismos públicos pierden el control de regular y planificar; aumenta la subcontratación lo que favorece la precarización laboral y mina la calidad del servicio; se extiende la falta de transparencia en la gestión; hay incrementos de los precios sin consideraciones sociales sobre las personas sin recursos; y no se tienen en cuenta cuestiones medioambientales (cualquier política de ahorro choca con los intereses de la empresa privada: a mayor consumo, mayores beneficios). Las consecuencias de un control privado sobre el acceso al agua por ejemplo son nefastas y lo serán aún más en el futuro, en clara contradicción con su consideración como un derecho humano fundamental.

Las empresas se internacionalizan para crecer, con la voluntad de lucro de sus accionistas. Ese crecimiento cuando se produce en países con poca capacidad para regularlo, en regímenes autoritarios y corruptos, o en zonas de conflicto, viene acompañado de una extensa casuística de violaciones de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos de dichos países.

ENCE quiere instalar en Uruguay una papelera que ha provocado una crisis diplomática y una férrea oposición en Argentina y Uruguay por los fortísimos impactos ambientales, económicos y sociales que supone. La planta de ENCE funcionará con la tecnología Kraft que supone una liberación de dióxido de cloro al río fuertemente dañina para la salud humana y el medio natural. Por el uso de esta tecnología en su fábrica situada en la Ría de Pontevedra ENCE fue condenada en 2002 por delito ecológico continuado entre 1964 y 1994. Las problemáticas ambientales y sociales de la producción industrial de celulosa vienen además derivadas por el modelo forestal que llevan asociado. Las plantaciones forestales desminuyen la biodiversidad, producen cambios en la cadena alimentaría y desplazan otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería. Se producen problemas de disponibilidad de agua por culpa del monocultivo de eucalipto y se incrementa el uso de fertilizantes y pesticidas altamente tóxicos. El empeoramiento de las condiciones al entorno de las plantaciones forestales conlleva un abandono del ámbito rural

La Caja Madrid, financió junto al BBVA, la petrolera Repsol-YPF y otras empresas, la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), durante la cual se produjeron violaciones a los derechos humanos como la libertad de expresión, la salud, la alimentación, el acceso al agua y el derecho a un medio ambiente sano. El deterioro ambiental ha conllevado a una extrema situación de pobreza, pérdida de conocimientos ancestrales y afectaciones a la salud de las poblaciones indígenas. Actualmente, la población amazónica presenta las mayores índices de cáncer en el Ecuador. El OCP ha afectado a 11 áreas protegidas. Se produjeron derrames de crudo que contaminaron las áreas cercanas y la deforestación de 15 millones de m2 ha causado perdidas irreparables de biodiversidad y terrenos agrícolas.

Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola y Repsol-YPF han aumentado sus emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, contribuyendo así al calentamiento global y generando incontables perjuicios. Endesa, además, siempre ha estado cuestionada en Chile, su proyecto más polémico fue la presa de Ralco, en el Bío Bío, cuyo embalse inundó de 3.500 hectáreas de territorio Mapuche, y que se construyó con todo tipo de irregularidades. Endesa Chile trata de construir cuatro megacentrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua que tendrán un fortísimo impacto ambiental y social. En Chile sólo un 15% de la electricidad que se consume a nivel nacional es para el abastecimiento doméstico, y más de un 60% es industrial, principalmente minera, uno de los sectores más contaminantes.

Las filiales de gestión de agua de AgBar y de FCC (Proactiva) en Latinoamérica dejan a miles de pobres sin acceso a agua potable y vierte las aguas negras a ríos, lagunas y costas.

Es perjudicial para cualquier estrategia hacia la sostenibilidad que el único congreso nacional del medio ambiente tenga lugar con la manipulación de las empresas, haciendo creer a la ciudadanía que ellas son un actor activo en la lucha por el medio ambiente, siendo ellas la causa del problema.

Una condición para cualquier cambio es que los interesados en la defensa del medio ambiente y un mundo en paz con justicia social dejen de diseñar sus políticas alrededor de los intereses de las grandes multinacionales. Éstas son una pieza clave del actual sistema mundial de comercio, cada vez más injusto e insostenible. Las empresas deben ser objetivo de nuestras denuncias, y no patrocinadores y gestores del CONAMA.