Unos 300 pinos de gran porte aparecen marcados con una cruz que los sentencia a ser talados. El motivo de la tala masiva del arbolado sería garantizar la seguridad de personas e infraestructuras, pero la ausencia de informes técnicos que respalden la decisión hace que ésta sea, a juicio de Ecologistas en Acción, arbitraria e injustificada.

La muerte de un operario municipal, que trabajaba sobre un pino abatido por el viento, ha generado una psicosis arboricida injustificada que va a suponer eliminar buena parte de la arboleda periurbana de Hinojos. Este pinar  tiene, además de innegables valores ecológicos, una gran vinculación con el pueblo que vive en buena parte de los recursos forestales del pinar público municipal, siendo este pinar de transición la conexión natural entre el pueblo y la zona forestal.

El hecho de que la mayoría de los pinos sentenciados estén en suelo urbano hace recaer las competencias en el ayuntamiento, con lo que a falta de ordenanza de arbolado urbano, como parece ser el caso, el ayuntamiento es juez y parte y decide, sin más argumentación ni exigencias que el criterio propio, qué arboles serán abatidos.

Se da la circunstancia de que la tala afectaría a la población de aves que utilizan estos ejemplares para instalar  sus nidos y sacar adelante sus nidadas al encontrarnos en plena época de reproducción, pero al no haber evaluación ambiental  estas cuestiones de prevención básica no son tenidas en cuenta.

De perpetrarse el arboricidio se vendría a sumar a otros casos en los que la población no entiende cómo se pueden adoptar medidas como esta sin una justificación basada en informe técnico, ni con unos mínimos plazos de participación pública que permitan tomar en consideración las opiniones de la ciudadanía. Se hace cada vez más necesaria una ley de rango autonómico de protección del arbolado urbano que exija el cumplimiento de esos mínimos ante cualquier actuación que pretenda la tala de árboles en nuestros pueblos y ciudades.