Gran noticia entre los miembros de la Asamblea por Tenerife, foro que integra a Ben Magec-Ecologistas en Acción, por la sentencia europea.
La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha asumido las quejas de los grupos ecologistas sobre el proyecto de un puerto industrial en Granadilla de Abona y determinó que la infraestructura prevista en el sur tinerfeño «no es conforme» con la Directiva Hábitat al afectar a zonas protegidas y a especies amenazadas.
- Miembros de la Asamblea anuncian la sentencia
Representantes de la Asamblea por Tenerife, que reúne a organizaciones ecologistas y ciudadanas opuestas al puerto de Granadilla, informaron del pronunciamiento de la Comisión Europea (CE), emitido el 17 de agosto, contrario al proyecto, defendido por los gobiernos español, canario y tinerfeño.
Actualmente, el Ejecutivo estatal dispone de plazo hasta el 17 de octubre para contestar a la resolución comunitaria. Los ecologistas reclamaron la retirada inmediata del proyecto a la vista del informe comunitario, que pone de relieve la «ilegalidad» de la infraestructura.
Según establece la CE tras analizar el impacto del proyecto, «el proyecto del puerto industrial de Granadilla, en su estado actual, no es conforme a las disposiciones de la Directiva 92/43/CEE» o Directiva Hábitat.
Las perturbaciones del proyecto sobre al menos cuatro hábitats y dos especies albergadas en dos lugares de importancia comunitaria (LIC), «pueden ser significativas», concluye el informe.
Se debe proceder «a una evaluación de las repercusiones» para garantizar que no afectará a la integridad de los espacios protegidos y de las especies afectadas, señala.
La denuncia del proyecto fue promovida por Adena-WWF, Ben Magec-Ecologistas en Acción, Greenpeace y Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla.
De la posición final de la Comisión tras la contestación de las autoridades españolas depende la financiación europea del puerto.
La primera fase, con un muelle y un dique de abrigo, ha salido a licitación por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, pero la adjudicación está pendiente de las perspectivas financieras por parte de la Unión Europea (UE) y del Gobierno español.
En concreto, la CE considera que la construcción del puerto afectaría al LIC Sebadales del Sur de Tenerife, al LIC Montaña Roja, a la especie protegida tortuga caretta caretta y a la piña de mar (atractylis preauxiana), especie de flora canaria en peligro de extinción.
Respecto a los sebadales del sur de Tenerife, las observaciones de la Comisión Europea indican que se verían afectados por la interrupción de las corrientes marinas que ocasionaría el puerto, cuyo proyecto prevé además movimientos significativos de arena en las playas del entorno (La Jaquita, El Médano y Tejita).
Aunque se prevé una aportación de arena artificial para las playas, «el mismo problema debe plantearse para los bancos de arena que se encuentran debajo de la línea de bajamar», que perderían hasta 50.000 metros cúbicos de contribución natural de arena en el LIC.
La CE considera que el cambio de la dinámica litoral sobre las playas causado por la interrupción del transporte de arena por el viento puede afectar al LIC de Montaña Roja, y en concreto al hábitat dunas fijas con vegetación herbácea , considerado por la directiva como «un hábitat natural prioritario».
Los sebadales, prosigue el informe comunitario, sirven de protección para la tortuga migratoria caretta caretta, que requiere «protección estricta», sin que en la declaración de impacto ambiental de las autoridades españolas se hayan evaluado los efectos del proyecto sobre la especie.
En todo caso, la escasez de esta especie en determinados LIC «debería ser un criterio de refuerzo de las medidas de protección», y no un criterio «para minimizar el impacto de un proyecto», advierte el informe, que cita documentos de los gobiernos español y canario que destacan el interés de esta especie y estudios que sitúan al tráfico marítimo como una de sus principales amenazas.
En el lugar del proyecto está además la piña de mar, «una de las especies de la zona de Canarias en peligro de extinción», sin que se hayan tenido en cuenta los efectos sobre ella.
El servicio de Medio Ambiente comunitario señala también que los posibles efectos del proyecto de instalación industrial de producción de gas licuado en el proyectado puerto «deberían ser también objeto de las quejas de referencia» e igualmente se deben estudiar «los posibles efectos de productos contaminantes» a instalar en el que sería muelle norte.
Antonio Rodríguez, integrante de Ben Magec-Ecologistas en Acción, aseguró que el documento de la Comisión Europea «avala la ilegalidad del proyecto», y consideró que, pese a que la Unión Europea no ha negado de forma drástica la financiación para el proyecto, «con este documento la financiación no se va a conceder nunca».
Cándido Quintana, miembro de Asamblea por Tenerife e integrante de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, exigió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que retire el proyecto, «porque ya existe un motivo claro y evidente», así como la revocación de la Declaración de Impacto Ambiental favorable-publicada en el Boletín Oficial del Estado el 26 de febrero de 2003- por los «errores y deficiencias» que contiene.
Asimismo, la Asamblea pide responsabilidades políticas a aquellos miembros de Coalición Canaria (CC), -como el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, y la viceconsejera regional de Medio Ambiente, Milagros Luis Brito- que han afirmado con rotundidad el «prácticamente nulo» impacto ambiental del proyecto.
Maite Bravo, otra de las integrantes de Asamblea por Tenerife, recordó que las miles de quejas presentadas en Bruselas contra el proyecto ha hecho posible que, sobre el papel, «prevalezca la razón» esgrimida por los ciudadanos de Tenerife que han «pasado por encima de un Gobierno que no respeta el Medio Ambiente».
