A mitad de agosto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió a la multinacional Repsol el permiso para buscar petróleo en aguas próximas a las islas Canarias. Antes, a finales de mayo, el ministerio con competencias en Medio Ambiente emitió una Declaración de Impacto Ambiental positiva para este mismo proyecto. En ambos casos se incurrieron en irregularidades flagrantes, como las de escamotear informes determinantes, no respetar los periodos de información pública, etcétera, forzando al máximo los plazos para favorecer los intereses de la empresa petrolífera. Los procedimientos formales han sido un paripé para arropar una decisión tomada de antemano.
Entre tanto, en el litoral mediterráneo, se acumulan nuevos proyectos de prospecciones, en diversas fases de tramitación: en la costa andaluza, entre Málaga y Almería (promovidos por CNWL Oil España y Repsol); en el golfo de Valencia y la Costa Brava (Capricon Spain Limited); junto a Tarragona (Repsol); o los situados entre la Costa Brava e Islas Baleares que solicita la compañía Spectrum Geo Limited.
Cada fase de las prospecciones implica fuertes impactos ambientales y una amenaza constante de vertidos, que pueden suponer auténticas tragedias para la socioeconomía de las poblaciones próximas, a menudo basada en el turismo. En primer lugar están las exploraciones sísmicas, que provocan una gran mortandad en especies como los cetáceos. Luego vienen los sondeos físicos, esto es, la perforación desde barcos o plataformas para comprobar si existen hidrocarburos explotables, fase en la que se pueden producir importantes vertidos. Esta es la etapa que se pretende iniciar en Canarias tras su autorización por el Gobierno.
Y, por último, estaría la explotación de las bolsas de hidrocarburos que se pudiesen encontrar. Aunque la industria insiste siempre en que todo está bajo control, lo cierto es que los vertidos son muy frecuentes: sin ir más lejos, la plataforma Casablanca, de Repsol, situada frente a Tarragona, ha tenido vertidos importantes, el último en diciembre de 2010, de más de 160.000 litros de crudo. Y sin olvidar casos dramáticos, como el tremendo vertido provocado en el Golfo de México por la Plataforma Deepwater Horizon, de BP.
La respuesta social contra las prospecciones ha sido muy contundente. En particular en las Islas Canarias, tanto el Gobierno autonómico como los Cabildos, la Universidad, las ONG y toda la sociedad se han posicionado en contra de forma tajante y contundente. El pasado 7 de junio, por ejemplo, más 200.000 personas salieron a las calles de Canarias para mostrar su rechazo a este proyecto.
La gente protesta por el riesgo directo para el medio ambiente y para su modo de vida en las zonas litorales más próximas. Pero es que, además, ni siquiera se debería buscar más petróleo: como se argumenta en varios artículos de esta misma revista, no deberíamos quemar buena parte de las reservas de combustibles fósiles conocidas si queremos evitar un cambio climático catastrófico. De manera que persistir en la búsqueda de nuevos yacimientos es una locura desde la óptica del interés general, aunque pueda suponer un gran negocio para las empresas que viven de las energías sucias.
En esta tensión entre intereses generales y beneficios privados, el Gobierno continúa con la misma estrategia que mantiene desde el inicio de la legislatura: apostar sin complejos por los beneficios de unos pocos a costa del bien común.
