La sentencia del Prestige pone en entredicho la capacidad de la justicia española para enfrentar graves catástrofes ambientales (que no naturales). A mitad del mes de noviembre, nada menos que 11 años después del desastre, la Audiencia Provincial de A Coruña daba a conocer la sentencia en el caso del Prestige.

Así, de un plumazo, se pone fin a la primera instancia del mayor proceso por delito de contaminación jamás instruido en España. La sentencia absuelve a los tres acusados, el capitán del barco, el jefe de máquinas y el ex-Director General de la Marina Mercante de los delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños provocados por el hundimiento de los que se les acusaba.

Aunque compartamos la opinión que expresaba del Magistrado Juan Luis Pía el pasado mes de julio, al señalar que faltaban muchos responsables del desastre en el banquillo de los acusados, no puede dejar de indignarnos que se pueda calificar de “consciente, meditada y en gran parte eficaz dentro del desastre” la decisión de imponer aquel rumbo suicida al petrolero herido de muerte o que se considere que la actuación de la Administración General del Estado fuera profesional y adecuada.

Sorpresa indignada que se convierten en sonrojo y “desprestigio” si se compara con la actuación del Tribunal Supremo Francés el desastre del Erika en diciembre de 1999 –que precisamente dio lugar a la aparición de toda la legislación que se incumplió con el Prestige– o con el caso del Exxon Valdez, diez años antes, en 1989.

Esta sentencia recuerda, tristemente, otros procedimientos que asimismo se cerraron con total impunidad para los responsables de gravísimos episodios de contaminación como el caso de Boliden con las minas de Aználcollar en el entorno de Doñana en 1998.

Y aparece una primera pregunta: ¿está la justicia preparada, e incluso interesada, en el correcto enjuiciamiento de catástrofes ecológicas como esta?

Creemos que no.

Si relacionamos esta sentencia con otras que han sido ganadas por el movimiento ecologista y que se convierten en papel mojado cuando se exigen fianzas millonarias para ser ejecutadas, nos planteamos una segunda pregunta: ¿está la justicia preparada e interesada en priorizar la defensa de aquello que necesitamos para existir como especie frente a la obtención de beneficios?

Creemos que no.

No deja de sorprender cómo es posible que pueda llegar a la Audiencia Nacional el juicio a cuatro activistas contra el tren de alta velocidad que estamparon un merengue en la cara de Yolanda Barcina a los que se les pedía entre 5 y 9 años de cárcel, y finalmente se les ha condenado a 2 (ver), mientras que nadie es culpable de haber envenenado el mar y la costa provocando la ruina de muchas personas en las costas gallegas. Desde Ecologistas en Acción estaríamos encantados de pagarle los gastos de tintorería a Yolanda Barcina, sin embargo, lo que sucederá es que será el conjunto de la ciudadanía quien pague los millones de euros que se derivan del drama del Prestige.

Sorprende la impunidad en tantos procesos de corrupción en la construcción de infraestructuras y promociones inmobiliarias que, además de ser parte constitutiva de la actual debacle económica y social, han dejado el territorio cementado, fracturado y muerto.

Y llega así la tercera pregunta: ¿a quién sirve, a quién defiende y a quién protege la justicia?