En febrero de 2004, las principales organizaciones ecologistas del Estado español hicieron una propuesta de compromisos ambientales para que los diferentes partidos políticos los incorporasen en sus programas electorales ante las elecciones generales, proponiendo acciones sobre once políticas ambientales.

Cuando han transcurrido dos años de legislatura se ha realizado un análisis profundo y detallado de la política ambiental del Gobierno español con respecto a las propuestas realizadas en aquel momento, así como de las tendencias existentes en los distintos sectores. El resultado se plasma en el documento Programa por la Tierra -Análisis del cumplimiento de las propuestas ecologistas para la legislatura-Ventana nueva.

La principal conclusión de este análisis es que la política ambiental apenas ha mejorado y, en consecuencia, la situación de partida, que ya era claramente negativa, está muy lejos de haberse corregido. En prácticamente todas las políticas valoradas, el nulo o escaso cumplimiento de los compromisos propuestos predomina sobre un cumplimiento parcial o satisfactorio. Esta situación refleja la clarísima falta de integración medioambiental en las políticas sectoriales, fuera de lo que es competencia directa del Ministerio de Medio Ambiente. Precisamente, es en los aspectos que gestiona directamente dicho Ministerio (política de aguas, biodiversidad, participación) en los que el Gobierno obtiene una mejor valoración, aunque la calificación es satisfactoria del todo sólo en el caso de la participación. En el resto de las políticas del Gobierno, el suspenso es casi general. Es la lógica consecuencia de haber dejado el medio ambiente fuera de las políticas de la mayor parte de los ministerios.

Para las organizaciones ecologistas, es urgente que este análisis desemboque en una profunda reflexión sobre la falta de

Un programa por la Tierra
Análisis del cumplimiento de las propuestas ecologistas para la legislatura

prioridad para el Gobierno de cuestiones como el cumplimiento del Protocolo de Kioto, el cierre de las centrales nucleares o el freno al desarrollo urbanístico indiscriminado, por citar algunas. Por ejemplo, España nunca cumplirá con el compromiso de Kioto si esto no es una prioridad para el Gobierno, implicando a diversos ministerios y con el liderazgo de su Presidente a la cabeza. Si bien la mayor parte de las competencias de gestión ambiental recaen en las Comunidades Autónomas, que tienen una enorme responsabilidad en la actual falta de acción efectiva en materia de medio ambiente en España, esto no puede ser obstáculo para exigir al Gobierno central una cuota de responsabilidad importante tanto en el establecimiento de prioridades como en el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales.

WWF/Adena, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra hacen un llamamiento para que el medio ambiente se convierta en una acción política prioritaria, a sabiendas de que ésta es una demanda de un sector creciente de la sociedad española al que el Gobierno no debería dar la espalda. Si no hay una importante rectificación del rumbo que afecte a todos los ministerios, y en particular a los de Agricultura, Industria y Fomento, al final de la legislatura no se habrán cumplido la mayor parte de los compromisos ambientales del Gobierno expuestos en el programa electoral que llevó al poder al PSOE. La situación en materia ambiental francamente mala que se encontró este partido al llegar al Gobierno debería ser motivo añadido para ir mucho más allá de las tímidas señales de apertura ambientalista en diversos departamentos percibidas en estos dos años. Urge un decidido giro hacia la sostenibilidad con un impulso mucho más fuerte y profundo.