Probablemente mañana en León, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta, formada mayoritariamente por políticos y técnicos, apruebe el “informe propuesta de declaración de impacto ambiental del proyecto de actualización de la explotación en la concesión “el Calero y su Demasía”, número 13.988, en los términos municipales de la Pola de Gordón y La Robla, promovido por Cementos Tudela Veguín, S.A.”

El informe, elaborado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, niega que los restos arqueológicos del Castillo de Alba se encuentren en el emplazamiento de la concesión minera, lo cual es rotundamente falso. Lo cierto es que la expansión de la cantera arrasará el yacimiento arqueológico. Para comprobarlo basta cotejar las coordenadas UTM de la zona de explotación NORTE – ESTE, con las coordenadas del entorno de protección del Castillo, delimitado hace más de 10 años por el Servicio Territorial de Cultura.

Los técnicos y políticos que han firmado e informado la propuesta de DIA, no pueden ignorar la ubicación de los restos arqueológicos del Castillo de Llanos de Alba. Saben, además, que el enclave debe ser preservado, por imperativo legal, de las tareas de extracción minera, puesto que goza de la máxima protección como Bien de Interés Cultual (BIC) con categoría de Monumento, declarado por el Decreto de Protección de los Castillos de 1949, posteriormente asumido por la Ley 16/ 85 de Patrimonio Histórico Español y la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Esta fortificación de Alfonso III (s. IX) constituye, según los expertos, “uno de los hitos más señeros del Patrimonio Histórico de la provincia de León, tanto por tratarse, desde el punto de vista histórico, de uno de sus castillo más antiguos –junto con los de Luna y Gordon-, como por presentar restos arquitectónicos muy estimables, especialmente obras defensivas –foso y muralla-, así como un baluarte en la zona superior”, restos de cuya belleza puede dar fe cualquier persona sensible que se acerque a visitarlos.

Para Tudela Veguín (según consta en el expediente) preservar el Castillo supone renunciar a la extracción de 12.000.000 toneladas de piedra caliza. Por ese motivo, ante la posibilidad de que se acabe dictando DIA favorable a la transformación de un BIC en cemento, recordamos la responsabilidad penal de las autoridades y funcionarios que por sí mismos o formando parte de órgano colegiado, informen, voten o resuelvan favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos (Cap. II “Delitos contra el Patrimonio Histórico”).