Las asociaciones medioambientales piden que la nueva composición del Consejo respete el derecho constitucional a la participación, suprimiendo la decena de vocalías para altos cargos de la Administración.
Cuatro meses después de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló parcialmente el Decreto 1/2017, de 8 de enero por el que se creó el Consejo Regional de Medio Ambiente, en sustitución del Consejo Asesor de Medio Ambiente de 2001, la Junta de Castilla y León ha sometido a información pública una propuesta de nueva composición, otra vez más sin diálogo con las organizaciones medioambientales.
Con la excusa de la racionalización administrativa, lo que en realidad pretende la Junta de Castilla y León es vaciar de contenido el ya escaso espacio que dedica al debate de sus propuestas medioambientales, creando un órgano dócil e inoperante con la finalidad de fingir una transparencia y participación social que es ilusoria, como han puesto de manifiesto las dos sentencias dictadas al respecto por el TSJCyL en abril de 2016 y diciembre de 2017.
Así, pese a la reducción del número de miembros del Consejo de 41 a 28, limitando los altos cargos y funcionarios de la Junta de Castilla y León a diez y las vocalías de libre designación por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente a una, sólo la séptima parte del supuesto órgano de participación social se destina a las asociaciones de defensa de medio ambiente cuyo asesoramiento teóricamente se busca, que pasan de los tres vocales actuales a cuatro, frente a los cinco que tienen por ejemplo en el Consejo Asesor de Medio Ambiente estatal, integrado por sólo 15 miembros y en el que el único alto cargo de la Administración es la propia Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que lo preside.
La elección de los cuatro vocales de las asociaciones de defensa de medio ambiente es además la única tutelada por la propia Junta, lo que contrasta con la asignación directa de vocales “electivos” para organizaciones representativas de intereses económicos concretos como las Federaciones de Caza y de Pesca y la Federación de Propietarios Forestales, cuya participación debería limitarse a las materias específicas en las que tienen algo que decir.
Además, la nueva regulación del Consejo Regional de Medio Ambiente evita crear en su seno comisiones sectoriales sobre espacios naturales, residuos y cambio climático, previstas en la propia normativa de la Junta de Castilla y León, para tratar adecuadamente las especialidades técnicas de estos sectores. De manera que los únicos asuntos ambientales que parece interesan a la Junta son la caza, la pesca y los montes, para los que sí existen comisiones sectoriales.
Por todo ello, las organizaciones medioambientales de ámbito estatal Amigos de la Tierra, Greenpeace España, Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología y WWF España, así como distintas asociaciones regionales y locales de Castilla y León, han presentado alegaciones pidiendo al Consejero de Fomento y Medio Ambiente que suprima todas las vocalías de altos cargos y/o funcionarios de la Administración de Castilla y León y de la Administración General del Estado, reduciendo los miembros del Consejo hasta veinte, así como que introduzca comisiones sectoriales de Patrimonio Natural, Residuos y Atmósfera.
