El Gobierno utiliza la escasez de lluvias para fines perversos. Los planes de sequía suponen movilizar más agua, mientras las reducciones a los grandes regadíos son ridículas o inexistentes.

Raúl Urquiaga. Área de Agua de Ecologistas en Acción. Portavoz de Jarama Vivo. Revista Ecologista nº 95.

Para gestionar la oferta y la demanda de agua disponible en situaciones de sequías extraordinarias (aquellas que son imprevisibles y cuya duración e intensidad escapan de los escenarios de normalidad meteorológica), los organismos de demarcación deben aprobar los llamados Planes Especiales de Sequía (PES).

En el pasado mes de enero salieron a información pública los Planes Especiales de Sequía de todas las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias (las gestionadas por el Gobierno) y al mismo tiempo la Instrucción Técnica con las reglas para la elaboración de los mismos.

El Gobierno no contempla que la sequía tiene que ver con la sobreexplotación del agua para grandes regadíos.

Tanto la Instrucción Técnica como los propios PES son documentos que suponen un serio retroceso en la política y gestión del agua de este país. Entre otras cosas, busca favorecer a los sectores económicos que más agua consumen (la agricultura de regadío), mientras propicia el deterioro de las masas de agua.

Definición de sequía

Establece una trampa conceptual al definir como sequía dos situaciones diferentes que nada tienen que ver entre sí. Por un lado, “sequía prolongada” y por otro, “escasez coyuntural”. La primera tendría que ver con la disminución de las precipitaciones en un periodo de tiempo de referencia, es decir, llueve poco y disminuyen las aportaciones naturales. La escasez tendría que ver con la imposibilidad de atender las demandas con los recursos existentes, sea por las razones que sea, es decir, que haya poca agua en los embalses. Por tanto, no tiene que ver necesariamente con la sequía y sí con la sobreexplotación del agua o con su mala gestión.

La trampa de esta doble distinción radica en las medidas a adoptar en una y otra situación. Por un lado, en “sequía prolongada” se habilita a las confederaciones hidrográficas a reducir el régimen de caudales ecológicos de las masas de agua y, además, a permitir el deterioro temporal del estado de las masas de agua. Estas medidas, según la Directiva Marco del Agua, solo son aplicables cuando ya se han tomado todas las medidas posibles, como la reducción de las demandas.

Los indicadores utilizados para determinar si se entra en una sequía prolongada no son, ni mucho menos, los más adecuados ni responden a lo establecido en la Directiva Marco del Agua: sequías extraordinarias y que no se hayan podido prever antes.

Con los indicadores propuestos se aplicarán medidas extraordinarias a sequías habituales dentro del clima mediterráneo. Tal es la deficiencia de los indicadores que, en la demarcación del Tajo, entre el 24 % y el 34 % de los meses, entre 1980 y 2012, habrían estado en situación de sequía prolongada en la mayor parte de su territorio. Entre el 26,6 % y el 31,5 % en la demarcación del Ebro y entre el 20 % y 30 % en la del Guadalquivir.

Más agua

Por otro lado, la mayoría de las medidas que se aplicarán en situación de escasez tienen que ver con el incremento de recursos, no de reducción de demandas. En la práctica, dentro de los planes de sequía de las diferentes demarcaciones hidrográficas está significando que se proponga movilizar más agua, mientras las reducciones al regadío son ridículas o inexistentes.

Estas medidas tiene escenarios realmente perversos. Es posible que se den situaciones en las que el volumen de los embalses esté en normalidad, no haya escasez y sin embargo se estén reduciendo los caudales ecológicos de los ríos, porque se ha entrado en sequía.

Una última vuelta de tuerca que da el Ministerio la encontramos en las medidas excepcionales que pueden ser aplicadas en situaciones extremas, que denominan “sequía excepcional”. Estas medidas, a la luz de la experiencia existente, se corresponderían con nuevas infraestructuras, apertura de pozos de sequía y facilitación de la compraventa de derechos concesionales; actuaciones que han demostrado tener un claro impacto ambiental sobre las masas de agua.

Desde Medio Ambiente se está utilizando la sequía para promover un uso insostenible del agua y perjudicar severamente la calidad de nuestros ríos, humedales y acuíferos.