En estas fechas se está debatiendo en comisión la ley de Residuos de Navarra que servirá de complemento al Plan de residuos y Prevención aprobado el año pasado.

La ley tiene como todas, cuestiones con las que estamos de acuerdo y otras con las que tenemos ciertas discrepancias. En cualquier caso, si se aprueba, tal y como está el actual borrador, será la más avanzada del estado debido a que es la última e incorpora las tesis de la economía circular aprobada en Europa y justo es reconocerlo, a la voluntad política en la que numerosas personas y asociaciones hemos aportado a lo largo de su tramitación.

El mayor reto de esta ley será invertir la tendencia y pasar del 60 % de vertido de los residuos urbanos al 30 % para el 2.027. No va a ser fácil y para ello se necesita una voluntad decidida para implementar todas las herramientas que se prevén.

No olvidemos que el vertido de cantidades superiores a ese 30 % supone enterrar recursos que necesitamos para paliar el cambio climático y para retrasar el colapso que se nos viene (para evitarlo sería necesario políticas más decididas).

Y a este tema le añadimos un gran problema en Navarra, los dos grandes vertederos actuales (Góngora y El Culebrete) tienen sus días contados y no hay perspectiva de construir ningún otro, con lo cual en 3-4 años podemos estar en una situación insostenible.

Aspectos positivos

Entre los aspectos positivos del Plan y del borrador de Ley vamos a resaltar algunos:

  • La importancia que se otorga a la prevención que ha llevado a constituir una oficina específica desde el Departamento.
  • El cambio del contenedor de envases a contenedor de materiales simplificará a la ciudadanía la separación de residuos.
  • El canon de vertido de 30 euros por tonelada es una de las herramientas indispensables para que mancomunidades y ciudadanía nos pongamos las pilas y seamos más proactivos para reducir el vertido final con o sin tratamiento previo.
  • Posibilidad de instaurar un sistema complementario al contenedor amarillo mediante el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno.
  • La ley recoge en su redacción el posible pago por generación, esto es, que se pague por los residuos que llevamos al contenedor, igual que pagamos el agua o la luz que consumimos.

Aspectos mejorables

Nos genera dudas la creación de un nuevo consorcio entre mancomunidades y Gobierno de Navarra, cuando ya existe uno, que depende de Nilsa. Si ahora es difícil que el Departamento exija resultados o emita amonestaciones a las mancomunidades, estando ambos en el mismo ente, parece que será más difícil.

Hubiéramos apostado por una agencia de residuos dependiente del Departamento y que fuera la que hiciera el seguimiento del cumplimiento de la ley y sus diferentes indicadores, tanto en conjunto como referidos a cada mancomunidad.

Ya hemos destacado como positivo la implementación del canon, pero la cuantía propuesta (30 €), que nos parece adecuada como punto de partida, tiene que aumentar progresiva y significativamente, si queremos que las mancomunidades y los políticos que toman las decisiones hagan una apuesta decidida por reducir drásticamente el vertido. No es una buena noticia la reducción del canon a entre 5 y 20 € porque de esta forma sale más barato verter que compostar la materia orgánica, que es la que mayoritariamente se vierte.

El reparto del canon queda supeditado a una circular posterior en la que tendrá voz, también el nuevo consorcio. Dicho canon tiene que premiar tanto la calidad como la cantidad de los residuos separados, con especial incidencia en la recogida y compostaje de la materia orgánica.

Una vez aprobada la ley, es necesario realizar una prueba demostrativa del SDDR en una población de navarra durante un tiempo significativo para comprobar sus resultados y ver posibles mejoras antes de su posible implantación.

La reutilización y el retorno de envases, junto con la prevención tienen que estar en la escala superior de la jerarquía de residuos. Necesitamos que haya objetivos concretos para el retorno de envases y políticas concretas de fomento de la reutilización.

Conocemos la dificultad que entraña que una parte de la ciudadanía colabore en la separación de los residuos, ya que no se sabe qué sucede tras su depósito en el contenedor. El pago por generación es una herramienta que serviría de ayuda para premiar a quienes lo quieren hacer bien y que penalizaría a quienes no quieren colaborar. Además, es mucho más equitativo para aquellas personas o grupos que cuando compran piensan en reducir los residuos finales.

A modo de conclusión

Esta ley como todas es mejorables y seguro que no todos los actores estamos de acuerdo, pero lo que es innegable, es que la mayor parte del esfuerzo recae en la voluntad política de los gestores políticos y técnicos encargados del tema.

Incluso una ley poco ambiciosa puede llegar muy lejos si tiene personas que creen y trabajan por ello. En nuestro caso, una ley avanzada si tiene ese impulso, podría llegar a cumplir los objetivos propuestos y esperamos que así sea.

Joseba Mauleón (miembro de Ekologistak Martxan)