Ecologistas en Acción denuncia que desde el Gobierno Regional se quiere vaciar de contenido y desmantelar la Dirección General de Medio Ambiente para contentar al sector empresarial. Advierten de que un primer elemento ha sido cese de los funcionarios clave en la evaluación y control ambiental, como ha sido la anterior Directora de Medio Ambiente, posteriormente la Jefa de Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental y más reciente la del jefe de Servicio de Planificación y Evaluación Medioambiental.

La organización ecologista advierte que sin las estructuras necesarias, será imposible la correcta actividad en materia de medio ambiente, incluyendo la elaboración de los informes de calificación ambiental, la supervisión y el control de las autorizaciones ambientales, la gestión de residuos, los suelos contaminados o la calidad del aire, entre otros.

Para la organización no cabe duda de que estamos ante un claro intento de desmantelamiento de competencias clave, y ven con preocupación estos ceses, ya que temen que puestos clave acaben ocupándolos personas más afines a las políticas del gobierno regional y de la patronal de la región, y sobre todo, que el personal se precarice y sea más influenciable por presiones políticas a la hora de emitir informes técnicos.

Ecologistas en Acción denuncia que un ejemplo palpable de este desmantelamiento en las políticas de Medio Ambiente por parte de este Gobierno es la ausencia intencionada durante casi una década de medios, infraestructuras y recursos humanos para desempeñar el complicado y crucial trabajo en la Dirección General de Medio Ambiente, lo que además ha sobrecargado de trabajo y responsabilidad a funcionarios y personal adjunto.

Destitución y carencias que han sido recientemente criticadas por los funcionarios de esa Dirección, que han expresado su malestar.

En este contexto, la creación de la llamada Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA) a propuesta de la patronal CROEM, significa plegarse a los interéses de esta patronal y constituye un claro desmantelamiento de la Dirección General de Medio Ambiente, a la carta de las exigencias de un sector empresarial cuya visión del Medio Ambiente, la Sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa está anclada en una mentalidad del siglo pasado.

Además, supone abrir la puerta a mayores externalizaciones, con el consiguiente negocio para algunas empresas, en detrimento de la seguridad jurídica y la calidad, así como un paso más a la precarización del personal, como ha sucedido con otras privatizaciones y externalizaciones de la administración.

Ecologistas en Acción denuncia que la creación de la ARCA se ampara además en una nueva “simplificación de la burocracia”, una más. Esto supone despreciar la función de prevención y control de la legislación ambiental, y supone tratar de evitar la salvaguarda del interés público por encima del interés privado, reduciendo el control de los elementos de planificación y evaluación ambiental. En la práctica, significa dejar en manos de la patronal y sus expectativas de negocio los recursos naturales y la riqueza ambiental de la Región de Murcia.

Esto tendrá como consecuencia el aumento de las agresiones a los espacios naturales y especies protegidas de nuestro territorio, así como consecuencias sociales.

Ecologistas en Acción considera inaceptable el escaso valor que el Gobierno de López Miras da al patrimonio ambiental del que dependemos y a la legislación que lo regula y lo protege de las expectativas e intereses privados.

Falta de interés que en la última década ha llevado a cabo un mayor estrangulamiento de la Dirección General de Medio Ambiente, infradotándola de personal, presupuesto y medios materiales, de manera que luego se pueda justificar su “externalización” y la simplificación de las “trabas burocráticas”, que en realidad son garantía de que se cumple legislación ambiental crucial. Legislación que, por ejemplo, trata de evitar la contaminación del aire que respiramos, o la contaminación y muerte del Mar Menor.

Legislación que los sucesivos Gobiernos del Partido Popular se han empeñado en que no se cumpla, reduciendo la capacidad de control de la administración sobre el sector privado, con desastrosas consecuencias para el Medio Ambiente.

Para Ecologistas en Acción estos cambios abundan en la estrategia de desregulación del sector empresarial, y abren un horizonte de inseguridad jurídica, de falta de transparencia política y administrativa, y un deterioro significativo de los mecanismos, las normativas y salvaguardas que suponen la protección del medio ambiente en nuestra región.