La subdelegación del Gobierno de Cádiz ha abierto un expediente sancionador contra el vecino de Marchena A.S.L., al que la Guardia Civil acusa de romper el candado de una cancela de una finca privada, lanzar piedras contra los vigilantes de dicha finca y  arengas contra la Guardia Civil. Los hechos se remontan al 11 de noviembre de 2017, día en que tuvo lugar una marcha reivindicativa por la colada del Camino Alto de Prado del Rey a El Bosque, que se encuentra cerrado de forma ilegal desde marzo de 2015 en dos fincas privadas, Las Lomas y el Rancho del Moro.

Cada vez que se ha organizado una marcha para demandar la apertura de este camino público, la Guardia Civil no sólo no actúa contra los guardas privados que impiden el paso por esta vía pecuaria, sino que denuncia a los senderistas que participan en estas rutas en su pleno derecho como ciudadanos. La Guardia Civil de los puestos de Prado del Rey y de El Bosque es plenamente conocedora del carácter público de esta vía pecuaria, pues se le ha remitido toda la documentación sobre esta colada. Además, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) les remitió un certificado acreditando que ese camino es una vía pecuaria y, por tanto, de libre tránsito.

El 11 de noviembre, y a pesar de que la Consejería había abierto expediente al propietario de la finca Las Lomas por poner una cancela con candado en esta vía pecuaria, la cancela se encontraba cerrada. La Guardia Civil no sólo no hizo nada por exigir a los guardas de seguridad privado que la abrieran, sino que terminó por denunciar a uno de los senderistas acusándolo de unos hechos que son absolutamente falsos. La multa asciende a 600 €, en aplicación de la Ley Mordaza, esa que decía el gobierno del PP que era para luchar contra el terrorismo, y que se aplica de forma sistemática a los activistas sociales.

El senderista sancionado ya ha recurrido la sanción en base a que nunca lanzó piedras contra un guarda de seguridad privado, no rompió ningún candado y es  completamente falso que animase y arengase al resto de los participantes (calificados como “masas” por el agente denunciante), ya que en ningún momento pronunció palabra alguna. En el acto sólo intervinieron representantes de las entidades convocantes y de las que apoyaban esta marcha reivindicativa para informar sobre el carácter público de esta vía pecuaria y los impedimentos que existían para proseguir la marcha.

De estos hechos fueron testigos los doscientos participantes en la marcha, algunos de los cuales se han ofrecido como testigos.

Las organizaciones sociales defensoras de los caminos públicos y los vecinos de los municipios de la Sierra de Cádiz están hartos de la impunidad con que se cierran y usurpan los caminos públicos y las vías pecuarias, y de la actitud de la Guardia Civil, que en vez de actuar contra los que cierran y usurpan estos caminos públicos denuncian a los senderistas que los transitan.

Por todo ello, exigimos el archivo de este expediente sancionador, la apertura de una investigación sobre la actuación de algunos mandos de la Guardia Civil que amparan el cierre de caminos públicos y actúan contra los ciudadanos que ejercen el derecho de libre tránsito por ellos.

Ecologistas en Acción y la Plataforma Sierra de Cádiz en Defensa de los Caminos Públicos van a organizar el sábado 2 de junio una nueva marcha por el Camino Alto de  Prado del Rey a El Bosque, y esperemos que esta vez la Subdelegación del Gobierno dé órdenes a la Guardia Civil para que actúe garantizando el derecho de paso de los ciudadanos por esta vía pecuaria.