La gran cantidad de granjas de pollos y de cerdos -ya en funcionamiento o proyectadas- ponen en peligro la salud ambiental y el futuro limpio de la provincia.

Es necesaria una moratoria que impida la construcción de nuevas granjas y un control más severo sobre los millones de kilos de residuos que producen estas instalaciones.

La provincia de Granada, a día de hoy, cuenta con plazas para unos 200.000 cerdos (aparte casi 700.000 lechones anuales) y para casi 5 millones de pollos (la producción es muy superior si tenemos en cuenta que el ciclo de cría de la mayoría de pollos es inferior a dos meses, por lo que habría que multiplicar la producción por seis)

No solo las granjas existentes son un problema, sino la fiebre constructora que se está expandiendo, sobre todo en la zona norte de la provincia, donde pequeñas empresas se ofrecen para producir a las grandes compañías en régimen de integración.

El hecho de que países europeos (como Alemania o Dinamarca) hayan disminuido su producción, por problemas ambientales y sanitarios sobre todo, ha hecho que en España se dispare la instalación de granjas intensivas.

Como hay zonas del estado como Murcia, donde ya no caben más cerdos, o Cataluña, que ha endurecido las exigencias ambientales y controles debido a la grave contaminación de sus acuíferos por los purines vertidos en los campos, las grandes empresas cárnicas han puesto sus ojos en la provincia de Granada donde, con el truco de no pasar de un determinado número de cabezas, consiguen que los alcaldes sean los que tramiten todo el papeleo, y los controles ambientales y la gestión de los purines se olvida.

Es muy grave que la mayoría de los pueblos con granjas de la zona Norte de la Provincia (comarcas de Guadix, Baza y Huéscar) hayan apostado fuertemente por esta actividad y, al mismo tiempo, pretendan que sus paisajes sean declarados como Geoparque del Cuaternario por la UNESCO.

El señuelo de los puestos de trabajo no cuela pues, según datos oficiales, las granjas ofrecen dos o tres puestos de trabajo de media (obviamente. según el tamaño de la explotación, se necesitan más) pero los inconvenientes que producen son más importantes que los escasos beneficios laborales.

Los habitantes que directamente no reciben ningún beneficio (la mayoría) disfrutarán de olores por gases nocivos, como el amoníaco, de moscas y mosquitos que pueden transmitir enfermedades y pondrán en peligro su salud por la proliferación de bacterias resistentes a los antibióticos, producidas por los cerdos, y sufrirán una más que probable contaminación de las aguas potables.

La miopía política y social de algunos regidores municipales hace que se decanten por ampliar el número de granjas hipotecando un futuro prometedor, que en algunas poblaciones ya es una realidad, basado en los recurso naturales, como la ganadería y agricultura ecológicas, o el turismo rural, actividades sin impacto ambiental ni sanitario y que se verían potenciadas si se consigue la declaración de Geoparque que, si no hay un cambio de rumbo en la planificación y gestión ganadera, no será posible.

Informe: La provincia de Granada se está convirtiendo en una inmensa pocilga

La provincia de Granada se está convirtiendo en una inmensa pocilga

La gran cantidad de granjas de pollos y de cerdos -ya en funcionamiento o proyectadas- ponen en peligro la salud ambiental y el futuro limpio de la provincia.

La provincia de Granada a día de hoy cuenta con plazas para unos 200.000 cerdos (sin contar los casi 700.000 lechones anuales) y para casi 5 millones de pollos (la producción es muy superior si tenemos en cuenta que el ciclo de cría de la mayoría de pollos es inferior a dos meses, por lo que habría que multiplicar la producción por seis).

Debido a los grandes problemas ambientales que causan estas instalaciones, han disminuido en gran manera en los antiguos países productores, como Alemania, Holanda o Dinamarca, y España se ha convertido en el mayor productor de Europa.

Las grandes empresas cárnicas no han perdido la oportunidad y, a causa de graves problemas ambientales producidos por los purines en las regiones tradicionales de cría (Cataluña tiene casi la mitad de sus aguas subterráneas contaminadas por nitratos) han visto que la provincia de Granada es estupenda para establecerse, ya que la poca información existente y la apatía social les favorece.

 

¿Fuente de trabajo?

La excusa para que algunos pueblos acepten sin reparos la instalación de estas industrias, es la supuesta creación de puestos de trabajo pero, según datos ofrecidos por Román Santalla, responsable de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)) en España había en 2016 más de 87.556 granjas porcinas que daban trabajo a unas 200.000 personas, lo que supone poco mas de dos empleados por granja.

En la comunidad de Aragón, según la Dirección General de Agricultura, el año pasado contaba con 6,6 millones de cabezas de ganado porcino y cerca de 4.000 explotaciones. Daban trabajo a cerca de 11.000 personas, o sea menos de 3 empleados por granja.

En Andalucía, la situación no es mejor ya que, según el consejero de Agricultura en comparecencia de     mayo  de  2018,  hay  6174  explotaciones  porcinas  en  nuestra

 

comunidad, que generan 523.000 jornales al año. Eso quiere decir que una granja ofrece de media 87 días de trabajo (jornales) al año. ¿A cuántas personas? 87 días de trabajo a una persona

Todaa no se ha evaluado la cantidad de puestos de trabajo que han perdido las pequeñas poblaciones debido a las molestias causadas por las granjas en sus proximidades.

 

¿Es rentable para los propietarios de las granjas?

Hay que tener presente que la mayoría de las nuevas granjas se montan en régimen de integración.

El integrado es el criador de los cerdos, el que presta las instalaciones porcinas y el personal. El integrador, normalmente una fábrica de piensos, es la parte propietaria de los animales, suministra el alimento, los medicamentos, los servicios veterinarios y también el asesoramiento, y al final paga por animal que llega vivo. En el Estado español cerca del 60 % del sector está integrado: es decir, que las granjas son propiedad de empresas que tienen fábricas de piensos y sus propios mataderos. El titular de la explotación solo pone el terreno y el agua, y el territorio -o sea, todos los vecinos- se hace cargo de los excrementos (purines).

 

¿Hay problemas sanitarios?

Aparte de las molestias directas por los olores- de diversos gases como el amoniaco, tóxico-, los insectos y la contaminación de las aguas (superficiales y subterráneas) hay un peligro cierto para la salud debido a las bacterias superresistentes.

Los animales de granja reciben antibióticos con profusión, mucho más que las personas enfermas, por lo que podrían constituir la principal fuente de bacterias resistentes a ellos. En la actualidad es un gran problema sanitario que, desgraciadamente, va a más.

Para acelerar la ganancia de peso en los animales y prevenir enfermedades, muchas granjas de cría intensiva suministran antibióticos a los animales, y se puede asegurar que más del 80 % de los antibióticos recetados en España fueron utilizados en el sector porcino.

 

En 2014 el consumo de un antibiótico llamado colistina, alcanzó, en España, los 36 miligramos por kilo de carne producida, el triple que Alemania y hasta siete veces el máximo recomendado por Europa

 

Los nuevos hallazgos revelan que, en las granjas, los genes que confieren la resistencia se propagan mucho más y con mayor rapidez de lo que los expertos suponían.

Los investigadores denuncian que las empresas del sector están poniendo en peligro la salud pública.

Los antibióticos parecen estar transformando a los animales de granja en fábricas de enfermedades. Se convierten en focos de microbios mortíferos, como la bacteria Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), que tolera varias de las principales clases de antibióticos y ya es un problema flagrante en los hospitales

El uso de antibióticos en la cría industrial de animales conduce a que la resistencia a los antibióticos por parte de los patógenos que afectan a los seres humanos no deje de crecer. El caso de la colistina lo pone bien de manifiesto

 

¿Geoparque del Cuaternario?

Concretamente, entre los 34 municipios que conformarían ese hipotético Geoparque -que debe declarar la UNESCO y que se mira en la comarca como una posible fuente de trabajo y bienestar- hay en la actualidad numerosas explotaciones porcinas que cuentan con más de

150.000 cerdos y más de un millón de lechones (con proyectos para ampliar en 40.000 cerdos y 540.000 lechones más al año) y 1,8 millones de plazas de aves, que suponen casi 9 millones de ejemplares al año, y con proyectos de ampliaciones.

Estos animales suponen la producción de millones de kilos de excrementos cada año, que son “tratados” esparciéndolos por doquier, provocando olores, proliferación de insectos y contaminación de aguas y de paisaje, elemento fundamental para la declaración de Geoparque. Alguien se imagina cuántas personas visitarían este geoparque en esas condiciones. Se está matando el futuro sostenible antes de que llegue.

 

La picaresca.

La industria porcina acude a la picaresca para eludir controles ambientales y para ello utiliza a los alcaldes de los pueblos que, suponiendo que actúen con su mejor voluntad, se ciegan pensando en los puestos de trabajo para su pueblo, sin ver el daño que se hace a la inmensa mayoría de la población por los olores, moscas, residuos y contaminación de aire y aguas, situaciones que ponen en riesgo la salud de las personas. Eso sin contar con la pérdida de puestos de trabajo reales en el sector servicios al espantar a los posibles visitantes y haciendo perder credibilidad a los agricultores y ganaderos ecológicos, una actividad importante y en expansión que pueden ser el futuro sostenible de sus comarcas.

 

La técnica para sortear controles y papeleos engorrosos, a veces, difíciles de superar, se basa en el número de cabezas por granja que se quiere instalar.

Si a partir de 2000 cabezas de ganado porcino hay que solicitar una Autorización Ambiental Integrada a la Junta de Andalucía, con un proceso de información pública y unas cuantas autorizaciones extras que conseguir, pues ponemos una granja de 1999 cabezas y así es el alcalde el que da la autorización y, muchas veces, no se entera la Consejería de Medio Ambiente, ya que los alcaldes no mandan la documentación al registro que debe tener la Consejería.

Lo mismo ocurre con las granjas avícolas que proliferan una tras otra, declarando un número de cabezas que permite ser aprobadas por los ayuntamientos sin que se enteren en el organismo ambiental.

Cuando los ayuntamientos sacan a exposición pública la información sobre los proyectos de actuación presentados para montar estas granjas, solo ponen, como mucho, la parcela donde se van a ubicar y el número de cabezas porcinasrespecto a las de pollos casi nunca dan número- y nada más, de forma que no hay manera de saber los efectos negativos de las instalaciones para las personas y el medio ambiente.

 

La que se nos viene encima

No basta la gran cantidad de instalaciones ganaderas intensivas que ya hay en la provincia, sobre todo en la zona norte, sino que en los últimos meses parece que hay una operación de desembarco y ahora mismo hay tramitándose granjas en una gran cantidad de pueblos:

Cortes de Baza: Hay admitidas a trámite una granja para 4.800 cerdos y, ¡atención! cinco granjas distintas de 2.496 cabezas cada una (A partir de 2.500 cabezas de cebo de más de 20 kg, hay que obtener Autorización Ambiental Integrada) Estas cinco granjas más otra de 740 madres reproductoras (750 es el límite para que pueda ser autorizada por el alcalde) se aprobaron en pleno de ayuntamiento el mismo día, el 7 de diciembre de 2017.

En el Valle de Zalabí se han aprobado dos granjas de pollos de 31.638 y 27.000 plazas respectivamente, y una de cerdos de 7.200 plazas, pero hay actualmente en tramitación una granja de cerdos de la que no se dan datos sobre su tamaño y dos de pollos, admitidas a tramite en enero y febrero sin que tampoco se publique su tamaño.

A esto hay que añadir que, según la Consejería de Agricultura, hay una granja avícola de

337.356 cabezas pero no aparece por ninguna parte la autorización ambiental de la Junta de Andalucía.

 

En Ferreira ya existe una explotación porcina de 6000 cerdos, y se han aprobado tres granjas para pollos sin que se sepa la capacidad y está en trámite otra, también sin especificar el tamaño.

En Caniles ya hay una granja porcina de 3968 cerdos de cebo y se está tramitando otra. En Guadix hay una granja de cerdos de 24.000 plazas y otras más pequeñas.

En Cúllar hay una granja de 4000 cerdos y otras con capacidad de 5500 cerdos y 3000 lechones

En Fonelas se tramita otra de pollos de engorde (llamados broiler) sin que se sepa el número y lo mismo otra en Gor.

En Huéneja se está tramitando una grana de pollos de 78.000 aves por camada (producción de cinco camadas al año, o sea 390.000 aves al año) y otra granja de pollos sin que se sepa el número que albergará.

En Montillana se acaba de aprobar otra granja sin que se sepa el número de pollos y se están tramitando otras tres sin que se sepa su capacidad.

En Castilléjar existe una granja en funcionamiento con capacidad de 5200 madres reproductoras, 856 cerdas de reposición, 21.408 plazas para lechones y 36.000 plazas para cerdos de cebo. También está funcionando una de 1999 plazas de cebo (de la que no tiene constancia la Delegación de Medio Ambiente) y que ha pedido autorización para ampliar a 7.200 plazas de cebo y también hay otra autorizada de 1.999 plazas.

También en Castilléjar, se aprobó hace un año una granja de pollos, sin que se sepa su capacidad y está en tramitación otra con capacidad para 30.000 pollos.

En Dólar hay otra granja funcionando para 100.000 pollos

En Alhama se ha admitido a trámite otro proyecto para granja de porcino de 7.200 plazas En la Puebla de Don Fadrique se está tramitando otra granja porcina para 18.000 cerdos y una producción de lechones de 540.000 al año.

En Huéscar se ha admitido a trámite una nueva granja porcina para 2.499 que se unirá a otra existente.

En casi toda la provincia hay granjas de cerdos, como en Chimeneas con muchos miles de cabezas, Baza con varias instalaciones, Benamaurel, Freila, Zújar, Cuevas del campo, Darro, Diezma, Purullena, Guadahortuna, Pedro Martínez, Íllora, Loja, Montefrío, Salar, Villanueva de Mesía, Motril, Dúrcal, Lecrín, Láchar o Pinos Puente.

Si ya está tan bien representada esta industria en la provincia, ¿qués sentido tiene la invasión que se está produciendo ahora?

 

A lo mejor la respuesta está en la disminución que otros países, como Alemania y Dinamarca, están aplicando debido a los graves problemas ambientales que conllevan estas instalaciones. Es mejor que la porquería se nos quede a los subdesarrollados del sur y les enviemos la carne ya lista para el consumo.

Y a la vista de la actuación de nuestras administraciones, no tenemos más remedio que darles la razón a estos países.

Se impone una moratoria que detenga esta proliferación de explotaciones y que las administraciones tomen carta, en serio, en la vigilancia y control de los residuos producidos.

 

 

 

En Granada a 23 de mayo de 2018