La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, se parapeta en la Junta Rectora del Parque Natural de la “Sierra de Hornachuelos”, para distinguir con el premio Moratalla, a la trayectoria profesional de una persona en la asociación Bembézar, creada, en 1990, por un grupo significativo de propietarios con el objetivo de dinamitar la implantación del citado espacio natural protegido.

O bien el premio Moratalla viene a menos y los candidatos escasean, o andamos cortos de memoria. No parece que haya otras posibles explicaciones, que justifique, que una persona que ha ligado parte de su actividad profesional a la asociación Bembézar, sea merecedora de un reconocimiento público auspiciado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Basta recordar, que la administración ambiental, responsable de la gestión del espacio que se declara Parque Natural en 1989, ostentaba una propiedad pública de 1,8 % de las 67.000 hectáreas de superficie declarada. Escasísimos recursos territoriales, para poder desarrollar una gestión con arreglo a lo que conlleva la figura declarativan que se mantenga el premio Moratalla, un premio, que incide de manera exagera y tendenciosa en los supuestos beneficios de la actividad cinegética para el Parque Natural, y más lamentable aún, que los distinguidos en esta ocasión, corresponda a la asociación que más obstáculos ha puesto desde su declaración y posterior consolidación.

Con esta situación de partida, las limitaciones operativas fueron extraordinarias en el momento de poner en marcha programas de conservación o manejo de fauna silvestre, vigilar y custodiar el territorio convenientemente, o bien fomentar el uso público de forma adecuada con una distribución espacial razonable y responsable.

Por si la situación no fuese lo suficientemente compleja y difícil, los propietarios afectados se movilizaron y se organizaron en torno a la Asociación Bembézar, esgrimiendo, como colectivo, que la declaración del espacio protegido iba a suponer una limitación en el derecho de propiedad, que la aplicación de la normativa protectora implica un trato desigual respecto a otras propiedades, y que lo anterior no ha comportado compensación o indemnización alguna.

Estos fueron los argumentos de presentación de las personas que impulsaron esta asociación, y sobre la base de éstos, actuaron desde la deslealtad, contra una institución pública, la Junta de Andalucía, que tenía y mantiene, el mandato legal de hacer posible sobre el territorio todo lo que lleva asociado esta figura de protección ambiental, contemplada en la Ley 2/1989, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

Por todo ello, resulta bochornoso para esta asociación que se mantenga el premio Moratalla, un premio, que incide de manera exagera y tendenciosa en los supuestos beneficios de la actividad cinegética para el Parque Natural, y más lamentable aún, que los distinguidos en esta ocasión, corresponda a la asociación que más obstáculos ha puesto desde su declaración y posterior consolidación.