Con el apoyo de los gobiernos regionales las macrogranjas de cerdos están invadiendo el medio rural en todo el Estado español. La provincia de León no es ajena a esta proliferación que se ha incrementado durante 2017 y 2018. La última explotación porcina, 3162 plazas en Roperuelos del Páramo, ha sido autorizada el mes pasado por la Comisión provincial de urbanismo y medio ambiente de la Junta de Castilla y León,  con el voto contrario de Ecologistas en Acción.

Esta asociación rechaza las macrogranjas de porcino, y en general la ganadería intensiva, por ser una actividad industrial que se realiza con absoluto desprecio del bienestar de los animales,  provocando severos impactos  ambientales, sociales y sanitarios.

La gestión deficiente de los purines,  que acaban utilizándose como fertilizantes en las fincas de cultivo, contamina las aguas (superficiales y subterráneas) y los suelos con nitratos, metales pesados, microorganismos, y componentes con potencialidad tóxica  derivados de los medicamentos  que se inoculan constantemente a los cerdos. Además, las macrogranjas ocupan grandes extensiones de suelo fértil y consumen ingentes cantidades de agua. Para las personas,  la afección más sensible son los malos olores que, por la acción del viento,  pueden alcanzar poblaciones alejadas.

La creación de empleo es el argumento que utilizan políticos y promotores par vender estos proyectos, pero las macrogranjas están mecanizadas (un solo trabajador puede atender hasta  5.000 cerdos) y sólo dan uno o dos empleos.  Lo cierto es que provocan la desertización de los pueblos debido a los malos olores y a la degradación ambiental que imposibilita actividades sostenibles,  como las vinculadas al turismo cultural y de naturaleza.

Las macrogranjas han supuesto la ruina de cientos de miles de explotaciones familiares en todo el Estado, por los bajos precios de la carne que comercializan, conseguidos externalizando costes ecológicos y sometiendo a los animales a unas  condiciones de vida antinaturales y  extremadamente crueles.

Los cerdos viven hacinados e inmovilizados para su rápido engorde. A fin de evitar pérdidas económicas por muerte prematura,  se les administran medicamentos (antibióticos) de manera preventiva lo que contribuye a generar un gravísimo problema sanitario. No en vano la  OMS  ha alertado del abuso actual de antibióticos diciendo que, en unas  décadas, la principal causa de muerte pueda venir de las infecciones  provocadas por bacterias resistentes  o superbacterias, para las que no habría tratamiento eficaz.

La alternativa a las macrogranjas industriales es la ganadería extensiva tradicional, porque utiliza de manera eficiente recursos como el agua y el suelo, sin competir  con la alimentación humana;  aprovecha pastos y no depende ni de piensos importados  -en muchos casos transgénicos-, ni de los combustibles fósiles. Más del 60 % de la superficie de la provincia de León es apropiada para uso ganadero, capaz de sustentar actividad pastoril basada en razas rústicas autóctonas.

Además,  la ganadería extensiva tradicional y la agricultura se complementan. El pastoreo configura el paisaje;  facilita el desbroce de lindes, caminos y fincas;  ayuda al control de incendios forestales;  mejora  la calidad de los suelos;  potencia la biodiversidad; fija  la población rural;  y permite conservar el patrimonio cultural y la identidad territorial.

Los niveles crecientes de consumo cárnico global son insostenibles. Será necesario reducir drásticamente el consumo per cápita de carne,  a  la par que dicho consumo, para que sea realmente saludable,  tendrá que provenir de explotaciones en extensivo que garanticen tanto el bienestar animal como un margen de beneficio justo para los ganaderos y ganaderas.