INTRODUCCIÓN

Las sociedades actuales están produciendo impactos insostenibles e irreversibles sobre la biosfera. Nuestros sistemas socioeconómicos han crecido demasiado en relación con el medio que los contiene, alterando hasta los grandes ciclos naturales, degradando o destruyendo muchos ecosistemas y causando gran mortandad animal, vegetal y un profundo deterioro de la vida humana. Problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación química, la degradación de los ecosistemas y algunos ciclos de materiales, la acidificación de los océanos y el agotamiento de algunos bienes son consecuencia de este modelo.

La mayor responsabilidad concierne al capitalismo de los países enriquecidos y a sus élites económicas, cuyo modelo de producción y consumo no es generalizable a todos los países del mundo, sin exceder irreparablemente la ya superada capacidad de carga del planeta, ni responde a una lógica que tenga en cuenta las verdaderas necesidades humanas. Ese mismo sistema arroja a muchas personas a vivir en condiciones de pobreza y miseria. Ello obliga a hacer hueco (en términos ecológicos) para las personas excluidas: mujeres,  pueblos indígenas y en general personas empobrecidas de todo el planeta, las generaciones futuras, además de al resto de especies con las que compartimos la biosfera. Urge un cambio profundo en nuestras formas de trabajar, producir y consumir: la reconstrucción de las sociedades para adaptarse a los límites de los ecosistemas sin perder de vista la solidaridad y la equidad.

No es posible la expansión material indefinida en un sistema finito de recursos y sumideros como es la biosfera que habitamos, ni resulta sostenible el tipo de «globalización» económica que impulsa el actual modelo capitalista. Debemos emprender una reducción sistemática del impacto ambiental de las actividades humanas. Por mucho que avance la eficiencia ambiental de la producción (es decir, la reducción sistemática el impacto ambiental por unidad de producto), no tendrá efectos positivos sin promover cambios culturales que supongan una reducción del consumo con criterios de redistribución que supongan una vida digna para todas las personas y dentro de los límites de la Tierra.

Los recursos naturales (renovables y no renovables) que tomamos de nuestro entorno, y los residuos que emitimos después, han de quedar indefinidamente por debajo de los límites de extracción, producción biológica, absorción y regeneración de los ecosistemas. Una economía ecológicamente eficiente quiere decir minimizar el flujo de energía y materiales que necesita el metabolismo económico poniendo en el centro la vida. Dada la enorme inequidad tanto a nivel mundial como dentro de los países, una redistribución global ajustada a los límites de los ecosistemas supondrá aprender a vivir mejor con menos: la actual cultura del derroche debe dar paso a una cultura de la autolimitación, de la austeridad y de la suficiencia. Precisamente sociedades con alta justicia social, donde las necesidades se cubren, sin demasiado apego material y con riqueza de relaciones sociales son aquellas que tienen más probabilidades de contener gente feliz.

Las políticas económicas convencionales causan simultáneamente la progresiva degradación de los ecosistemas y niveles cada vez más altos de precariedad vital, y no reconocen debidamente el valor indispensable de los cuidados que tradicionalmente han venido desempeñando las mujeres para el mantenimiento de la vida. Sólo un cambio hacia políticas de reparto de los trabajos, productivos y reproductivos, permitirá crear sociedades en las que estas carencias se solventen.

El planeta ha rebasado su capacidad de carga y algunos problemas han superado los límites básicos de seguridad para la permanencia de la vida humana en la Tierra. Además, algunos de los desarrollos tecnológicos, económicos y sociales en curso entrañan riesgos tales que aumentan dicha amenaza. Sirvan como ejemplo la acumulación de armas de destrucción masiva o la generación de electricidad en centrales nucleares, pero también el sistema financiero, la manipulación genética, los alteradores hormonales, la robótica o la nanotecnología. En todos estos campos, ni las exigencias de beneficio crematístico ni los valores fáusticos de la desmesura son guías apropiadas para la acción; se impone, por el contrario, una acción prudente guiada por la idea de la equidad y el principio de precaución, que minimice los riesgos para las generaciones actuales y sobre todo para las futuras. En el siglo XXI, no hay peor espejismo que pretender responder a nuestra crítica y compleja situación con «más de lo mismo».

BIODIVERSIDAD

La conservación de la diversidad biológica supone una de las prioridades ambientales, especialmente debido a la importancia de su riqueza biológica en el ámbito europeo y mediterráneo, constituyendo uno de los principios básicos del desarrollo sostenible.

Pese a ello el insostenible modelo de explotación de los recursos naturales, asociado inevitablemente a la explotación de seres humanos, especialmente de las mujeres, la supeditación del medio natural a las falsas necesidades de nuestro sistema productivo y forma de vida están acelerando el proceso de extinción de especies, la transformación de los hábitats naturales, la pérdida de diversidad genética y por tanto poniendo en grave peligro la biodiversidad.

Entre las diversas acciones que se debería de poner en marcha, destacamos las siguientes:

Aplicación de una Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad que marque los principios rectores y las líneas de actuación a desarrollar para conservar la diversidad biológica, habilite los recursos necesarios para ello y condicione los planes sectoriales.
Pleno desarrollo de la Red Natura 2000 especialmente en lo referente a los lugares del Estado español que deben formar parte de esta red, así como en las medidas que deben garantizar la conservación de los hábitat y especies de interés comunitario.
Revisión del Catálogo de Especies Amenazadas, aplicando las cuatro categorías establecidas por la Ley 4/89, así como la aprobación y ejecución de los correspondientes planes de recuperación y de conservación del hábitat, principalmente para las especies endémicas.
Ampliación de las redes autonómicas y estatal de espacios naturales protegidos a todas las áreas de interés natural del Estado español.
Elaboración de una ley del paisaje que aborde directamente tanto los impactos paisajísticos como la conservación de paisajes tradicionales preservando la biodiversidad.
Elaboración y aplicación de una Estrategia de Control de las especies exóticas (es la segunda causa de extinción de biodiversidad en el conjunto del planeta).
Minimización de las afecciones ambientales generadas por la explotación de los recursos naturales, especialmente en los siguientes sectores:
◦        En el sector pesca: disminución de las pesquerías hasta niveles de sustentabilidad, reduciendo en primer término las actividades de pesca industrializada que aseguren el mantenimiento de los recursos para las generaciones venideras, y creación de Zonas de Reserva que garanticen que se solucionan los problemas de sobrepesca crónica detectados.

◦        En la agricultura, ganadería y bosques. Aprobación de una estrategia contra la desertificación que incluya la elaboración de un código de buenas prácticas agrarias, ganaderas y forestales. Potenciación de la ganadería extensiva o semiextensiva, y eliminación de la intensiva por sus claros perjuicios para los animales y la salud de los consumidores.

◦        En la minería: Minimizar a lo estrictamente necesario su utilización. Potenciar la tecnología que permita el reciclado de escombros y la reutilización de materiales de desecho de la construcción. En cualquier caso se debe restaurar el medio natural afectado por la actividad minera.

◦        En el sector cinegético: progresiva desaparición de la caza como actividad lúdica, deportiva o económica, entendiendo que la caza sólo está justificada cuando es necesaria para nuestra subsistencia, lo cual actualmente solo ocurre en países empobrecidos. El control de poblaciones sólo debe efectuarse cuando sea imprescindible por motivos ambientales y por personal cualificado. Los cambios sufridos en la caza, que ha pasado de ser una actividad de supervivencia a una supuesta actividad deportiva, junto con los actuales procesos de intensificación y artificialización la han convertido en una actividad ambientalmente muy impactante y éticamente inaceptable. Además, es una actividad profundamente machista que perpetúa unos roles que potencian la hegemonía del heteropatriarcado y la discriminación de las mujeres.

Aplicación de una Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad que marque los principios rectores y las líneas de actuación a desarrollar para conservar la diversidad biológica, habilite los recursos necesarios para ello y condicione los planes sectoriales.
Pleno desarrollo de la Red Natura 2000 especialmente en lo referente a los lugares del Estado español que deben formar parte de esta red, así como en las medidas que deben garantizar la conservación de los hábitat y especies de interés comunitario.
Revisión del Catálogo de Especies Amenazadas, aplicando las cuatro categorías establecidas por la Ley 4/89, así como la aprobación y ejecución de los correspondientes planes de recuperación y de conservación del hábitat, principalmente para las especies endémicas.
Ampliación de las redes autonómicas y estatal de espacios naturales protegidos a todas las áreas de interés natural del Estado español.
Elaboración de una ley del paisaje que aborde directamente tanto los impactos paisajísticos como la conservación de paisajes tradicionales preservando la biodiversidad.
Elaboración y aplicación de una Estrategia de Control de las especies exóticas (es la segunda causa de extinción de biodiversidad en el conjunto del planeta).
Minimización de las afecciones ambientales generadas por la explotación de los recursos naturales, especialmente en los siguientes sectores:
En el sector pesca: disminución de las pesquerías hasta niveles de sustentabilidad, reduciendo en primer término las actividades de pesca industrializada que aseguren el mantenimiento de los recursos para las generaciones venideras, y creación de Zonas de Reserva que garanticen que se solucionan los problemas de sobrepesca crónica detectados.

CAMBIO CLIMÁTICO

En el siglo XIX distintos autores y autoras describieron por primera vez el efecto invernadero y el fenómeno de calentamiento global. Aunque no fue hasta finales de la década de los 60 cuando observatorios alertan de un crecimiento de la concentración de partículas de dióxido de carbono.  Estas concentraciones han pasado de ser de 336 ppm en enero de 1979, sobrepasando las 350 ppm en octubre de 1989, a ser más de 406 ppm en julio de 2018.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó en 2016 un informe que evaluaba el riesgo de desertificación para todo el territorio español [1]. Sus conclusiones muestran que a final de siglo más del 11 % del territorio estará sometido a un riesgo muy alto o alto de convertirse en un desierto, además, el porcentaje de ecosistemas sometidos a estrés hídrico y clasificados como regiones áridas, semiáridas y regiones subhúmedas secas pasarán de ocupar el 49 % del territorio en el 2000 al 71 % en 2100.

Sin embargo, los datos sobre los que se basa el informe corresponden a los horizontes establecidos en la 4º Revisión del Cambio Climático del IPCC (AR4), los cuáles han quedado desactualizados debido a la 5º revisión publicada en 2014 y al Informe Especial sobre 1,5 ºC (SR1.5). Estas publicaciones han ido progresivamente incrementando el impacto de las consecuencias del cambio climático. De hecho, la última mención válida realizada en el SR1.5 alerta sobre la necesidad de contener el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC especialmente para la región Mediterránea, que de alcanzarse los 2 ºC se verían duplicados los efectos adversos.

Unos efectos adversos que no se ciñe en exclusiva a la desertificación, sino que además alertan de la intensificación de fenómenos como las lluvias torrenciales o las olas de calor, con consecuencias sobre la salud y los ecosistemas. Limitar el calentamiento global a 1,5 ºC debería ser la prioridad de la actuación pública en las próximas décadas, y especialmente en la región mediterránea al ser la zonas más vulnerable de la UE.

En este sentido, proponemos:

Reducir en términos netos nuestra demanda energética, el consumo actual es insostenible. Solo podremos frenar el cambio climático si se establece una hoja de ruta para reducir la cantidad de energía que consume un español de las 2,42 tep actuales a un máximo de 1 tep.
Eliminar de forma constante nuestro consumo de combustibles fósiles. Una eliminación que debe de hacerse en base a presupuestos de carbono decrecientes, que deberán lograr una reducción mínima del 7 % anual en las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2030. Del mismo modo se debe alcanzar la plena descarbonización del economía como muy tarde en 2040.
El cambio de lo local a lo global, acortando las cadenas de distribución, produciendo alimentos y productos desde entornos más cercanos y de una forma más respetuosa con los ecosistemas.
Impulsar un cambio en el modelo productivo que promueva la autosuficiencia y el ahorro de recursos naturales en sectores estratégicos, muy especialmente en energía, alimentación, agua o finanzas; así como la autocontención en el consumo.
Exigir un acuerdo internacional para no sobrepasar a final de siglo el umbral de 1,5 ºC de aumento de la temperatura media en la superficie de la Tierra con respecto a la era preindustrial. Ello debe pasar por un acuerdo vinculante para reducir ya las emisiones y dejar de extraer combustibles fósiles, con un reparto de reducciones basado en la justicia climática, un sistema de sanciones coercitivo y un calendario exigente y vinculante de evaluación. También debe incluir un sistema de contabilidad de emisiones ajustado a la realidad, que contemple la huella de carbono desde el punto de vista del consumo y no de la producción.
Priorizar las obras blandas en la adaptación al cambio climático, minimizando la construcción de infraestructuras exclusivamente a los casos donde no existiese otra alternativa. Apostar por la mejora de los ecosistemas y creando continuidad entre los espacios naturales y excluir la compensación en el cumplimiento de los objetivos.
Establecer los mecanismos de financiación y transferencia de capacidades y competencias en el plano nacional e internacional.
Adaptación de toda la legislación afectada por las reducciones que se experimentan como consecuencia del cambio climático.
Adaptación y modificación de los usos privados de los recursos para incrementar el acceso a estos por parte de la ciudadanía.

ENERGIA

Los sectores eléctricos y de transporte son la causa principal de la contaminación atmosférica, a escala local (contaminación urbana), regional (lluvias ácidas) y global (intensificación del «efecto invernadero»). Las energías fósiles (carbón, petróleo, gas natural…) desequilibran el clima del planeta, y la generación de residuos nucleares hipoteca nuestro futuro durante milenios. Hemos de plantearnos el cambio del sistema energético y productivo de nuestra sociedad industrial. Una política energética sustentable debe basarse en el ahorro y eficiencia, así como en el desarrollo y la utilización de energías renovables.

En este sentido, proponemos:

Pedir la ejecución de un calendario de cierre de las centrales eléctricas fósiles, de forma que se cerraría el carbón a la mayor velocidad posible y como mucho quedando escasos usos residenciales que deberían desaparecer antes de 2020.
Impedir la renovación de las autorizaciones de las centrales nucleares actualmente en vigor, siendo sustituida esa potencia en exclusiva por energías renovables. No se autorizarán las construcciones de nuevas centrales fósiles ni infraestructuras asociadas.
El sistema eléctrico debería ser 100 % renovable en 2030. Para ello es necesario aumentar sustancialmente la penetración de energías renovables adaptándolo a la disponibilidad de recursos y mejores tecnologías disponibles.
En el desarrollo de renovables se deberá poner el centro de la planificación el autoconsumo, el balance neto, la generación distribuida y las redes inteligentes. Para ello es necesario no solo un plan de incentivación de estos proyectos sino priorizar su entrada dentro de la red eléctrica.
Demandar una auditoría clara de los costes energéticos y ambientales que sirva como base para cambiar el actual sistema de conformación de precios de la energía por un marco que asegure la democratización de la energía y el derecho al autoconsumo renovable. En la introducción de nuevas potencias a la red eléctrica, se incorporarán criterios que ahonden en la democratización de la energía y que premien criterios ecológicos sobre los de carácter económico.
Poner fin a los subsidios encubiertos  como los pagos por capacidad, transición a la competencia o las ayudas a la desnitrificación de las centrales térmicas algunos de ellos ya reprobados por la propia UE.
Impedir nuevas prospecciones y/o exploraciones petrolíferas o fósiles, incluidas las técnicas de fractura hidráulica.
La contribución del gas con único uso eléctrico debería desaparecer antes de 2035. La potencia regasificadora y gasística instalada es más que suficiente, por lo que no se autorizarán nuevos proyectos.
Se diseñarán planes específicos para la sustitución y eliminación de las calderas de carbón y derivados petroleros que elimine la instalación de estas tecnologías en 2020, mientras en el caso del gas será en 2025, de forma que para el año 2040 todos los usos térmicos residenciales sean solo renovables.
Se planificará la cantidad máxima de combustibles renovables y biomasa de acuerdo con las disponibilidades de materia prima subproducto de labores de conservación u otras labores sostenibles, y teniendo en cuenta la necesaria restitución de la materia orgánica en suelos.
Los objetivos de reducción de emisiones se deberán alcanzar mediante la combinación de un cambio de modelo energético, un incremento de eficiencia y la reducción de consumo ambicioso, real y efectivo. Alcanzando así un consumo de energía máximo de 1 tep por habitante en 2050.
Se potenciará una nueva cultura de la energía que sitúe a la misma dentro de los recursos de primera necesidad y sitúe el control ciudadano en el centro de la gestión energética.

INDUSTRIA

No podemos seguir tratando irresponsablemente el medio ambiente como una fuente inagotable de materias primas y como un vertedero de infinita capacidad para nuestros residuos: ninguno de los dos supuestos responde a la realidad. Necesitamos «cerrar los ciclos», es decir, reestructurar la producción hacia procesos de producción limpia que (a) minimicen el consumo de energía y recursos naturales, especialmente los no renovables; (b) minimicen la generación de contaminantes y residuos; (c) se «encadenen» de tal modo que los residuos de un proceso productivo sean, o bien fácilmente biodegradables, o bien reutilizables como materia prima para algún otro proceso; (d) excluyan el uso de materiales tóxicos en los procesos de producción. Las estrategias de prevención de la contaminación deben tener absoluta prioridad sobre las de remediación o gestión, y no olvidar la afectación diferencial a las mujeres por razones fisiológicas y por la exposición ocupacional.

En este sentido, proponemos:

Fomento público de la producción limpia, que tenga en cuenta tanto el uso de recursos como de energía, y que actúe sobre las unidades productivas de forma integral (no sólo sobre los residuos tóxicos sino sobre todos los tipos de residuos). Reconversión ecológica de las industrias contaminantes. Obligación legal de fabricar los productos con porcentajes crecientes de materiales reutilizados y reciclados.
Ecodiseño de los productos. Fabricación de bienes y productos perdurables. Prohibición de la obsolescencia programada. Incremento de las garantías obligatorias a 5 años.
Sólo podrán comercializarse aquellos productos cuyos residuos tengan un canal de recuperación, para su reutilización o reciclaje.
Promoción de la economía de servicios (alquiler, permuta, etc)  en lugar de la economía de bienes o productos.
Promoción por parte de la administración del mercado de productos reciclados. Fiscalidad favorable a los productos y materiales reciclados (IVA nulo o reducido). Fiscalidad que grave la utilización de materiales vírgenes.
Máxima reducción o eliminación de los productos tóxicos empleados por los fabricantes. Aplicación estricta de su responsabilidad civil en caso de que sus residuos causen daños ambientales.
Responsabilidad ampliada del productor: ampliación de la responsabilidad de los fabricantes, que deberán hacerse cargo de sus productos una vez concluida su vida útil. La responsabilidad del fabricante no acaba cuando un residuo se entrega a un gestor autorizado.
Ecotasas en origen para los productos tóxicos y peligrosos (cloro, metales pesados…) que garanticen la financiación del tratamiento como residuos y discriminen el precio con relación a los productos menos contaminantes, o limpios.
Implantación de los mejores tecnologías disponibles en todos lo sectores productivos que promuevan la ecoeficiencia.
Establecimiento de objetivos de reutilización y reciclaje para los residuos industriales.

RESIDUOS

El paradigma es la lucha por el objetivo de “Residuo Cero” y la conversión de los residuos en recursos en el marco de una Economía Circular.

El Residuo Cero es un objetivo pragmático a la vez que visionario, que quiere emular los ciclos naturales y sostenibles, por los cuales cualquier resto de un organismo es un recursos para algún otro. Residuo Cero significa diseñar y manejar productos y procesos con vistas a reducir el volumen y nocividad, preservar o recuperar los recursos y evitar su eliminación. La implementación del Residuo Cero elimina la práctica de verter o emitir cualquier sustancia a los suelos, agua o aire que pueda representar una amenaza al medio. En definitiva, que los residuos se reutilicen o se reciclen y no tengan que enterrar en vertederos o incinerarse.

La política tradicional de residuos no se ha enfocado hacia la prevención, sino a gestionarlos a través de plantas de tratamiento, atribuyendo al medio ambiente una capacidad infinita para asimilar contaminantes. Para ello se ha promovido la construcción de instalaciones de tratamiento de residuos (vertederos, plantas de tratamiento mecánico-biológico, incineradoras, etc.), basadas en los conceptos de supuesta “eliminación” del residuo, dispersión o acumulación.

En este sentido, proponemos:

Ecodiseño de los productos. Fabricación de bienes y productos perdurables. Prohibición de la obsolescencia programada. Incremento de las garantías obligatorias a 5 años.
Sólo podrán comercializarse aquellos productos cuyos residuos tengan un canal de recuperación, para su reutilización o reciclaje.
La reducción del volumen y toxicidad de los residuos es una prioridad ambiental: en el caso de los Residuos Municipales ha de tener como uno de sus ejes fundamentales la aplicación de medidas que favorezcan el retorno de envases y los envases reutilizables, la prohibición de los envases y productos de un solo uso, una reducción efectiva del embalaje y el envasado, y el reciclado de los materiales que los componen; en el caso de los residuos peligrosos de origen industrial se trata de avanzar hacia una producción limpia.

En este sentido, proponemos:

Desarrollo de una política de prevención basada en la educación ambiental y la implantación de medidas económicas, legales y fiscales para minimizar la generación de los residuos; implantar la recogida selectiva en origen,  prohibición de la producción y comercialización de productos de «usar y tirar», no retornables y no reciclables, y sustituir los materiales tóxicos por otros inocuos. Implantación del “pago por generación” como una medida de responsabilidad en los consumidores.  Responsabilidad ampliada del productor: el fabricante debe ser el responsable de la gestión del residuo y asumir la totalidad de los costes de gestión de sus residuos para que no sean los municipios los que tengan que asumir estos costes.
Ampliar la aplicación de la Responsabilidad Ampliada de los Productores a otras fracciones de los residuos municipales como textiles, muebles, voluminosos, etc. para evitar que sigan formando parte de la fracción resto de residuos mezclados y no haya ninguna responsabilidad por parte de los productores en aportar financiación para su recogida y tratamiento. Gestión de algunas de esas fracciones por empresas de economía social (cooperativas, pequeñas empresas locales, sociedades laborales, fundaciones).
Es fundamental plantear la recogida diferenciada o selectiva de la materia orgánica, que sigue siendo la fracción principal de los residuos urbanos, con el objeto de producir compost de calidad para la agricultura y la regeneración de suelos. Fomento del compostaje comunitario y doméstico y de pequeñas plantas de compostaje cercanas a los puntos de generación de los biorresiduos.
Recogida “puerta a puerta” de los residuos municipales. Municipalización de los servicios de recogida de residuos y limpieza urbana. Obligación de enviar a plantas de tratamiento los residuos de la limpieza viaria para recuperar los materiales reciclables que contiene, incluyendo los envases, evitando que vayan directamente a vertedero.
Puesta en marcha de una política de envases y residuos de envases que incluya como mínimo:
◦        Establecimiento de la prioridad de prevención.

◦        Implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases, complementario a los sistema colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que favorezca la reutilización de los envases y el reciclaje de alta calidad. Eliminación del  monopolio de esos sistemas de gestión de envases (Ecoembes, Ecovidrio). Deben ser las administraciones las que elaboren y publiquen los datos de envases puestos en el mercado, envases reutilizados, envases reciclados, etc.

◦        Reducción en peso de residuos y prohibición de la utilización del PVC.

◦        Sustitución de los aditivos nocivos y peligrosos utilizados en la fabricación de los envases. (Bisfenol A, Ftalatos, metales pesados, etc)

Fomentar la reducción, la reutilización, el reciclado y recuperación, por este orden.
Establecer objetivos cuantitativos de reutilización diferenciados de los de reciclaje. La reparación y reutilización de productos y la reutilización de envases debe ser el centro de la nueva Economía Circular.
Convertir los puntos limpios en centros de reutilización y reparación.
Establecer nuevos modelos de negocio en base a la venta de servicios y no de productos para evitar el consumo de materias primas, alargar la vida de los productos e interesar a las empresas en la producción de productos más duraderos en la medida que sean responsables de su mantenimiento y el negocio no esté en vender cosas, sino en vender servicios. Debemos tener en cuenta que el acceso a las materias primas cada vez va a ser más difícil y más caro y no vamos a poder mantener el consumo actual de materiales o incrementarlo por lo que el alargamiento de la vida útil de los productos va a ser un objetivo estratégico para el futuro inmediato.
Implantación de impuestos importantes al vertido y a la incineración/coincineración por ser los métodos de gestión de residuos con mayor impacto ambiental.
Abandono de la incineración y coincineración de residuos, tanto en las instalaciones  de incineración de residuos, como en cementeras, centrales térmicas o cualquier otra.
Prohibición del vertido de residuos valorizables y disminución progresiva del uso de los vertederos hasta el vertido cero en 2030. No a la ampliación y construcción de nuevos vertederos.
AGUA

Durante décadas la política hidrológica se ha basado en la construcción de grandes infraestructuras, como embalses y trasvases, cuya finalidad era incrementar los recursos disponibles. No es posible seguir aumentando las demandas de agua, por los costes sociales y ambientales de estas infraestructuras, por el creciente deterioro de los ecosistemas hídricos y por los efectos del cambio climático que ya están reduciendo la cantidad de agua que circula por los ríos. Continuar con las mismas políticas hidráulicas nos abocará a un colapso hídrico.

Es necesario, entonces, orientar la planificación hidrológica a la conservación de los ecosistemas y la recuperación de cierto reequilibrio hídrico, lo que conlleva supeditar las demandas a estos objetivos. La calidad de las aguas también es una cuestión preocupante que debe abordarse. Es urgente tomar las medidas necesarias para acabar con los problemas de la depuración, el lindano y los contaminantes emergentes.

Si bien es cierto que ha habido avances para la mejora de la conservación de ríos, humedales y acuíferos -como la protección de más de 3.000 km de ríos bajo la figura de Reserva Natural Fluvial, los proyectos de renaturalización de ríos urbanos y la creciente remunicipalización del abastecimiento y saneamiento del agua-, consideramos que todavía existen importantes asignaturas pendientes que es necesario superar para poder llevar a cabo una gestión ambiental, social y económica sostenible del agua.

En este sentido, proponemos:

Frenar totalmente la creación de nuevos regadíos y reducir su superficie actual para alcanzar un cierto reequilibrio hídrico. Para una adecuada planificación del agua habría que aplicar en las tarifas el precio real del agua por volumen y no por superficie, incluyendo todos los costes de obtención y gestión, así como los medioambientales, tal y como se establece en la Directiva Marco de Agua.
Establecer caudales ecológicos -con criterios científicos- en todas las masas de agua y respetar los caudales establecidos sin que se rebajen durante la concertación con los grandes usuarios del agua.
Priorizar el incremento de la eficiencia en la utilización del agua, a través de la reparación y mantenimiento de las redes de distribución y el apoyo al establecimiento de técnicas de riego eficientes. Se debe garantizar, a su vez, que el agua que se ahorra se dirige a mejorar los caudales ecológicos y no a cubrir más demandas.
Paralizar y revertir la construcción de más infraestructuras como embalses y trasvases. Revisar las infraestructuras que están en desuso para planificar su demolición.
Depurar totalmente todas las aguas residuales y reutilizar las mismas para liberar recursos potables actualmente utilizados, especialmente para su uso en abastecimiento urbano, recuperación de los acuíferos y otros fines ambientales. Asimismo, controlar el adecuado mantenimiento y actualización de las depuradoras, garantizando así su adecuado funcionamiento. También, asegurar la adecuada reutilización de las aguas regeneradas e implantar en las viviendas la separación de las aguas (potables, grises, residuales).
Exigir la puesta en marcha de planes de acción en los planes hidrológicos para la eliminación de sustancias peligrosas y peligrosas prioritarias como el lindano.
Realizar completamente el deslinde del dominio público hidráulico, así como desarrollar un programa de restauración ecológico-forestal encaminado a la recuperación de la vegetación de ribera y revegetación de laderas con especies arbóreas y arbustivas autóctonas. En este sentido, se deberá impedir que se sigan construyendo edificaciones e instalaciones de todo tipo en los cauces y zonas de influencia directa de los mismos para ello se recuperará la funcionalidad de las llanuras de inundación. Asimismo, deberá establecerse un plazo temporal para la eliminación de todas las existentes.
Abandonar la construcción de encauzamientos de hormigón, que producen un grave impacto ambiental y son de muy escasa eficacia frente a riadas e inundaciones. Por contra, deberá apostarse, con carácter general, por la ampliación del dominio público hidráulico.
Incrementar los tramos de río protegidos bajo la figura de reserva natural fluvial (RNF), especialmente las tipologías poco representadas. Avanzar en el diseño y aplicación de planes de gestión de las RNF.
Evitar la sobreexplotación de las aguas subterráneas, adecuando su explotación a la capacidad de recarga de los acuíferos, estableciendo los plazos necesarios para la recuperación de los acuíferos sobreexplotados.
Garantizar la protección efectiva de todas las zonas húmedas existentes en el Estado español.
La desalación de agua de mar en ningún caso puede utilizarse para mantener o consolidar modelos de desarrollo insostenibles, debiendo relegarse para situaciones extremas, ligadas al abastecimiento de las poblaciones residentes, cuando no existan fuentes alternativas.
Incorporar el Derecho Humano al Abastecimiento y Saneamiento del agua en la legislación española y establecer mecanismos para asegurar su cumplimiento (prohibición de cortes de suministro por falta de recursos económicos, mejora de la supervisión de la gestión pública y privada del ciclo urbano del agua, etc.).
Adopción de medidas económicas y sociales para incentivar el ahorro y penalizar el derroche o mal uso del agua, incluyendo una modulación racional de los precios del agua que evite efectos regresivos sobre los sectores más desprotegidos de la población e impulse prácticas agrícolas más ecológicas y mejor adaptadas a nuestro clima.
Apoyo a los procesos de remunicipalización para avanzar hacia una gestión del abastecimiento y saneamiento pública, transparente, participativa y sostenible ambientalmente. Adherirse al Pacto por el Agua Pública y defender esta forma de gestión como la mejor forma de garantizar el acceso ciudadano a un bien esencial.
MEDIO MARINO Y LITORAL

Al hablar de los océanos debemos considerar los impactos provocados por la ferocidad de las actividades humanas que, motivados por intereses económicos, ponen en riesgo el medio marino para explotar sus recursos al límite (bien sean pesqueros, minerales, biológicos…). A esta creciente actividad hay que añadir las dificultades en cuanto a la vigilancia y control inherentes a este medio, que hace que los impactos se están sucediendo de manera acumulativa a un ritmo intolerable: la contaminación, la acidificación, el calentamiento global, la sobrepesca y la situación de hipoxia (reducción drástica del oxígeno) han alarmado a la comunidad científica, que prevé una extinción masiva de especies, la reducción de los recursos biológicos y el descenso de la calidad de las aguas costeras hasta niveles nunca considerados.

En términos generales, lo que conocemos de los océanos es mucho menor que lo que desconocemos por lo que se hace necesario poner en marcha programas de investigación colaborativos que contribuyan al conocimiento, asegurando la transferencia hacia los órganos gestores y la divulgación hacia el conjunto de la sociedad, sobre los ecosistemas marinos y las diferentes especies de flora y fauna que contienen, así como evaluar en la situación en la que se encuentran y registrar los impactos a los que se ven sometidos. Así también, urge desarrollar la legislación nacional e internacional existente para que ordene la gestión y explotación de los océanos atendiendo a criterios de prevención y responsabilidad medioambiental y promover nueva legislación en los casos en los que se vea necesario.

Los océanos son el mayor pulmón de oxígeno y, además, el mayor regulador climático en el planeta, y son a su vez, uno de los ecosistemas más influidos por el cambio climático global. Son ya numerosos y conocidos los casos de cambios en la distribución de especies, con la proliferación de algunas invasoras, y cambios en los patrones de comportamiento y migraciones de otras tantas afectadas. Otro grave impacto es el generado al utilizar los océanos como basureros de todo tipo de residuos. La creciente y famosa sopa de plástico alcanza casi la superficie de Rusia, y está compuesta mayoritariamente por microplásticos que, al ser ingeridos por los eslabones inferiores de la cadena trófica, generan una transferencia de contaminantes y tóxicos a los organismos cuyas consecuencias por bioacumulación y biomagnificación en la cadena alimentaria están aún por determinar. Simultáneamente, añadido a la degradación paulatina de la calidad ambiental del ecosistema marino, la utilización de sus recursos biológicos llega a extremos insostenibles, y la transformación del litoral presenta hoy día escenarios de enorme deterioro ambiental, social y económico en los que fuertes intereses especulativos amenazan un bien público que pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas.

En este sentido, proponemos:

Salvaguardar nuestras costas y proteger la biodiversidad marina y litoral, estableciendo un Consejo de Gestión y Defensa de la Costa, que permita al Estado y a las Comunidades Autónomas realizar una Gestión Integral de Zonas Costeras, mejorando la coordinación entre las autoridades competentes, responsables y colectivos interesados.
Realizar un inventario de zonas sensibles de la costa (zonas de laminación de avenidas, zonas inundables, zonas húmedas, ecosistemas dunares, playas vírgenes, etc.) y desarrollar legislación específica de protección, promoviendo planes de recuperación de sectores costeros degradados (zonas contaminadas, sobresaturadas urbanísticamente, etc.); todo ello, fomentando a su vez la creación de reservas marítimo-terrestres en zonas de mayor interés ambiental desarrollando por completo los Planes de Gestión de la Red Natura 2000.
Cesar la regeneración artificial de playas como única actuación que pretende parchear un problema de gestión del litoral que atiende a los intereses sesgados de un sector hotelero y turístico depredador. Realizar estudios caso por caso que permitan establecer las causas de pérdida de sedimento e intenten dar una solución a largo plazo.
Mejorar sustancialmente la calidad de las aguas litorales y el control de los vertidos de aguas residuales procedentes de las redes de saneamiento, y también de embarcaciones, poniendo fin inmediatamente a los continuos incumplimientos de las normativas europeas en la materia.
Implementar correctamente la normativa europea correspondiente a las directivas Marco del Agua, la de Estrategias Marinas y la de Planificación Espacial Marina para conservar la biodiversidad del mar y la costa, mejorar la calidad de las aguas y conseguir un buen estado ecológico de todas las masas de agua, con participación informada, coordinación e integración de todos los sectores económicos, sociales e instituciones implicadas.
Desarrollar medidas de conservación coherentes, comprensivas y bien definidas, y planes de seguimiento eficaces y dotados de financiación específica que ayuden a alcanzar los objetivos ambientales adquiridos.
Potenciar el conocimiento de la riqueza de nuestros ecosistemas litorales y marinos, sus especies más emblemáticas y las principales amenazas a las que se enfrentan, en la sociedad.
Elaborar y poner en marcha planes de recuperación, sobre la base del conocimiento científico, de las especies marinas amenazadas.
Desarrollar un reglamento de la Ley de Protección del Medio Marino, que permita articular las medidas de protección del medio y de los elementos que existen en otras leyes sectoriales (Ej. Ley de Costas, Ley de Patrimonio natural y biodiversidad, etc.).
Ampliar la red de Áreas Marinas Protegidas hasta alcanzar al menos el 15 % de la superficie marina española para el 2020, incluyendo una representación de todos los ecosistemas importantes y asegurando la protección eficaz de las praderas de fanerógamas marinas, fondos de maërl y coralígeno, así como de otros ecosistemas marinos degradados y de gran valor ecológico.
Establecer un plan de reducción y regulación de la contaminación acústica del océano que contemple un mapa de ruido submarino en las zonas de especial sensibilidad y que establezca un registro de las fuentes de contaminación acústica en estos entornos para proceder a la mitigación.
Legislar para que el sector del transporte marítimo, industria con un elevado volumen de actividad y responsable de emisiones contaminantes tanto a la atmósfera como al agua de mar, se vea obligado a tomar medidas para disminuir al máximo dichas emisiones.
Abordar el sistema viciado de banderas de conveniencia, que burlan continuamente la legislación marítima internacional y nacional.
Realizar un seguimiento y control más exigentes sobre los métodos de estudio y prospección que en la actualidad se desarrollan para la explotación de recursos minerales como los procedentes de yacimientos de hidrocarburos y tierras raras del lecho marino.
Impulsar la modificación de la Directiva sobre la explotación de hidrocarburos, en un sentido más restrictivo de cara a la protección del medio marino en general y los espacios naturales protegidos marinos en particular.
Activar una moratoria en la construcción y ampliación de puertos deportivos y comerciales, así como de otras infraestructuras altamente impactantes e infrautilizadas posteriormente.
No hay peces para tantas redes.

En particular, para asegurar la sostenibilidad de la actividad pesquera, es necesario apostar por una política pesquera que recupere el recurso y que asista a:

Fomentar el desarrollo de la pesca sostenible, orientando la explotación de los caladeros mediante el principio de la gestión de ecosistemas y aplicando correctamente la Política Pesquera Común para fomentar la recuperación de las poblaciones de peces.
Luchar eficazmente contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), aumentar el control, el seguimiento y aplicar la cláusula de condicionalidad del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), según la cual los operadores que participan en actividades ilegales tienen vetado el acceso a los subsidios de la pesca.
Poner en marcha un ambicioso programa de investigación sobre las artes de pesca para reducir su impacto negativo, avanzando hacia el uso de artes cada vez más selectivas con las especies objetivo, eliminando todas aquellas en las que las capturas accidentales, descartes e impacto sobre los fondos marinos, flora o fauna, sean consecuencia de su uso de cara a la completa implementación de la obligación de desembarco.
Impulsar, a su vez, la recopilación de datos y el conocimiento sobre el estado de los recursos pesqueros y el ecosistema marino.
Dar un acceso preferente a los métodos de pesca que sean más selectivos, con escaso impacto ambiental y poco consumo de combustible.
Promover una verdadera cogestión pesquera tanto a nivel autonómico como nacional donde con todos los actores claves del sector (pescadores, ONG, comunidad científica, administraciones y sociedad civil) participen activamente y de forma coordinada en la protección del medio marino y en la gestión pesquera.
Fomentar la transparencia en materia pesquera y la trazabilidad de los productos pesqueros, implementando normas de etiquetado consecuentes y haciendo que se cumplan de forma efectiva.
Promover la declaración de Reservas Marinas de Interés Pesquero promovidas por el consenso y la participación de todos los actores clave involucrados y a los que se dotará de personal y recursos económicos suficientes para una gestión adecuada.
Garantizar que cualquier actividad acuícola sea de bajo impacto y responsable en todo su ciclo, desde la alimentación de las especies cultivadas, hasta el tratamiento de los residuos generados.
Realizar campañas de consumo responsable que impulsen y promuevan el consumo de los productos de la pesca artesanal y de proximidad mediante campañas que destaquen la sostenibilidad de los métodos de captura más selectivos y que fomenten la visibilidad de la información mínima obligatoria en la etiqueta del pescado en los puntos de venta.
TRANSPORTE

El beneficio que para los ciudadanos y ciudadanas de las sociedades más industrializadas, en principio, supone poder movernos más lleva aparejados unos costes cada vez mayores. El actual modelo de transporte de mercancías y de personas es insostenible, y supone uno de los factores fundamentales del deterioro del medio ambiente: contaminación atmosférica y acústica, ocupación del espacio, accidentes, compartimentación del territorio, emisiones de gases invernadero… El incremento del número y la longitud de los trayectos no significa necesariamente mayor libertad ni accesibilidad. No podemos seguir incentivando el incremento de los desplazamientos de personas y mercancías a distancias cada vez más largas, ni que estos se realicen en vehículos motorizados ineficientes energéticamente, en detrimento de medios de transporte de menor impacto social y ambiental como el ferrocarril, ni debemos seguir favoreciendo al transporte individual frente al colectivo.

En este ámbito como en otros, frente a la actuación de las Administraciones que utilizan la movilidad creciente en automóvil, en trenes de alta velocidad y en aviones como pretexto para la construcción de grandes infraestructuras, es necesario actuar sobre las necesidades sociales y la mejor oferta de servicios, no únicamente sobre la oferta de infraestructuras. Las medidas aplicables se pueden resumir con el lema “menos y mejor transporte”.

En este sentido, proponemos:

Frente a la actual Política de Transportes, que prima la construcción de infraestructuras, apostamos por un modelo de transporte encaminado a reducir las necesidades de movilidad motorizada, mejorando la accesibilidad y favoreciendo los modos de transporte no motorizados (marcha a pie y bicicleta) y el transporte público colectivo y los servicios que se ofrecen. El objetivo es minimizar el impacto territorial, reducir drásticamente las emisiones de CO2 y la contaminación atmosférica y acústica.
Reducción progresiva del transporte por carretera y aéreo, mediante una moratoria a la construcción de grandes infraestructuras de transporte, seguida de “la deconstrucción” de algunas de las existentes (pasos elevados o subterráneos, “nudos de transporte”, reducción de carriles…). Supresión de las ventajas fiscales y subvenciones públicas de que gozan estos medios y la imposición a los mismos de tasas ambientales con carácter finalista, encaminadas a favorecer el cambio modal a otros medios de transporte. En definitiva, es necesaria una adecuación de los precios del transporte a sus costes reales, incluyendo los llamados costes externos.
Potenciación del transporte público ferroviario, entendido como red articuladora del territorio, tanto para personas como mercancías. Mejora de servicios, líneas y velocidad del ferrocarril convencional. Abandono de los proyectos de alta velocidad ferroviaria.
Modelos integrados e intermodales de transporte colectivo que favorezcan la combinación tren-bus o tren-bici frente al automóvil. Especial protección de los derechos de peatones y ciclistas y medidas tendentes a favorecer el uso de la bicicleta y el transporte colectivo frente al privado (carril-bus y carril-bici). Restricción de la circulación y el aparcamiento de coches en las ciudades. Reducción de las velocidades máximas permitidas y establecimiento de amplias zonas de pacificación del tráfico.
Modelos urbanísticos y de organización administrativa y territorial que minimicen la necesidad de transporte.
Poner en práctica Planes de Movilidad Sostenible ambiciosos y eficaces a escala metropolitana, urbana y sectorial, que tengan como principal objetivo la reducción de los desplazamientos y su impacto social y ambiental.
Una política fiscal que penalice a los medios más impactantes: incremento de los impuestos a los combustibles, en especial el diésel en automoción; que los billetes de los aviones paguen IVA y el queroseno impuestos similares a los de otros medios, etc.
URBANISMO

Los años de construcción desaforada han dejado un territorio salpicado de cadáveres inmobiliarios   -desarrollos urbanísticos sin finalizar o construidos pero sin habitar-, un litoral destruido y un medio rural  convertido en segunda residencia.  Nada hemos aprendido de esta situación, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los mayores problemas sociales, agravado por la lacra de los desahucios.  Fondos buitre, y las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) han encontrado un importante nicho de negocio en la compra de vivienda de alquiler. Esta dinámica, unida a la terciarización de los centros urbanos están favoreciendo procesos de encarecimiento el alquiler, al ser más rentable la transformación de viviendas en alquiler en apartamentos turísticos o edificios residenciales en hoteles. Así las personas con menos recursos deben desplazarse de los centros de las ciudades hacia las coronas externas, incluso hacia el entorno metropolitano y rural. El patrimonio cultural es otra de las víctimas de esta nueva inercia que sucumbe para ser sustituido o falsamente rehabilitado para usos comerciales, hoteleros, etc.

La turistización de los cascos urbanos y el desplazamiento de la población trabajadora hacia las coronas más externas, unida a la  suburbanización de mayor poder económico, está teniendo las siguientes consecuencias en muchos entornos metropolitanos del país, especialmente en las grandes ciudades y en el litoral.

En este sentido, proponemos:

Medidas contra la especulación del patrimonio natural y cultural permitiendo usos que no desvirtúen el suelo rural y ni las construcciones históricas. Creación de una normativa (al modo de algunos países europeos) dirigida directamente a impedir la especulación del suelo y a proteger efectivamente las costas, espacios naturales y agrícolas de la urbanización. Todo ello para permitir una nueva ordenación del territorio.
Planes de ordenación urbana que prioricen hacer ciudad o hacer pueblo para sus habitantes, sobre el diseño para la ocupación temporal. Que reduzcan la expansión de actividades y residencias por el territorio de forma “difusa” y favorezcan la concentración de usos en barrios “compactos”, donde los ciudadanos puedan acceder a los diferentes servicios a pie o en transporte colectivo. Establecimiento de la obligatoriedad para cualquier desarrollo urbanístico, polígono empresarial o grandes centros de actividad de contar previamente con infraestructuras adecuadas para los servicios de transporte colectivo.
Moratoria a los  proyectos “estrella” de desarrollo, al estilo de las operaciones urbanísticas que prometen un cambio de modelo urbano cuando perpetuán . Dar prioridad a la rehabilitación urbana sin expulsión de sus habitantes y conservando el patrimonio cultural.
Medidas tendentes a favorecer el acceso a la vivienda y la ocupación del patrimonio ya construido, como nuevos impuestos sobre viviendas vacías, estímulos fiscales al alquiler de viviendas, compra de inmuebles por las administraciones y su conversión en viviendas sociales en alquiler, etc. Fiscalidad elevada para propiedades inmobiliarias que no sean primera vivienda.
Reivindicar una vuelta a conceptos urbanísticos integrados con escasa repercusión ambiental, con zonas verdes siempre próximas o inmediatas, y casas o edificios en los que se aproveche al máximo energías como la solar y tengan un buen aislamiento térmico (arquitectura bioclimática con placas solares térmicas y fotovoltaicas, aislamiento térmico, materiales no tóxicos…).

CALIDAD DEL AIRE

Muchas evidencias indican que la exposición a la contaminación atmosférica, a los niveles que actualmente se registran en el Estado español, provoca serios efectos sobre la salud y el medio ambiente. El transporte aéreo, marítimo y terrestre es el principal responsable de las emisiones de óxidos de nitrógeno, de compuestos orgánicos volátiles y de la formación de ozono troposférico, contribuyendo en gran parte a la acumulación de otros contaminantes como las partículas en suspensión y el dióxido de azufre. También contribuyen a la contaminación del aire, en mayor o menor medida, la actividad industrial y la combustión de carbón y de otros combustibles.

En este sentido, proponemos:

Tenemos derecho a respirar un aire limpio y para ello, la prioridad debe ser prevenir la contaminación, reduciendo el tráfico y las necesidades de transporte, y racionalizando y optimizando los procesos industriales y de combustión en el marco de un nuevo modelo productivo más respetuoso con el medio.
Las estrategias para abordar la reducción de las emisiones han de partir de los criterios de ahorro y eficiencia energética, junto con el uso de energías renovables y combustibles más limpios, dado que las emisiones se deben en su gran mayoría al consumo de combustibles fósiles para producir energía térmica, eléctrica o motriz.
Asimismo, aquellas han de incorporar los criterios de prevención tanto en la introducción de nuevas tecnologías como en la revisión de las ya existentes.
Resulta también necesaria la ampliación y mejora de las redes de medición de la contaminación para evaluar correctamente la calidad del aire, así como la información permanente a los ciudadanos, especialmente cuando se den situaciones de elevada contaminación atmosférica.
También se deben poner en marcha planes ambiciosos para reducir la contaminación todo lo posible y cuanto menos, de forma urgente e inexcusable, mantenerla por debajo de los límites legales.
TURISMO

El turismo se ha convertido en una de las principales industrias del capitalismo neoliberal y, también, en una de las más rentables y devastadoras, con un ritmo de crecimiento imparable a nivel internacional. De las 7.350 millones de personas que habitamos el planeta, 1.322 millones viajaron durante 2017. Esta expansión global está generando graves conflictos y tensiones derivadas de los impactos ambientales, sociales y económicos del complejo entramado de actividades asociadas a la industria turística, controlada principalmente por grandes corporaciones transnacionales y fondos de inversión.

En este proceso de turistización global destaca el caso del estado español, que fue el segundo más visitado del planeta, con 82 millones de visitantes en 2017, por detrás de Francia, y el segundo en ingresos turísticos, 62.000 millones de euros, superado solamente por EEUU. Estas cifras de turistas, que la Organización Mundial del Turismo pretende como objetivo elevar a 100 millones, vienen a poner de relieve una expansión sin precedentes del capitalismo turístico en el estado, que trasciende al tradicional modelo de sol y playa sustentado en la construcción masiva y la especulación urbanística de determinadas zonas costeras, y comienza a colonizar nuevos espacios, nuevos territorios y a desarrollar nuevas actividades generando un auténtico monocultivo turístico en algunos lugares como los archipiélagos de Baleares y Canarias.

Pero lejos de limitarse a esos espacios tradicionales de sol y playa, el capitalismo financiero extiende la turistización intensiva a las ciudades, a los barrios, a los pueblos, a los hogares, a las zonas rurales, a los espacios naturales, a las montañas, a las costas y diversifica sus tentáculos transformándolo todo en mercancía turística: turismo urbano, turismo rural, turismo veraniego, turismo invernal, ecoturismo, turismo sexual, turismo deportivo, turismo experiencial, turismo religioso, turismo gastronómico, turismo de montaña, ciclo turismo, turismo de cruceros, turismo cultural…. Así, la orientación  de la industria es aumentar la llegada de turistas y colonizar el territorio y las persona para maximizar los beneficios a costa de generar graves impactos ambientales, sociales y económicos  que afloran a lo largo y ancho del estado: destrucción de zonas costeras y de interior, infraestructuras sobredimensionadas, encarecimiento del precio de las vivienda, aumento de la precariedad laboral y de la pobreza, violencia sexual, explotación y trata de personas, desplazamiento de la población de sus lugares de residencia, especulación, sobreexplotación de recursos hídricos, consumo desorbitado de combustibles fósiles, generación de residuos, contaminación, emisiones de gases, desagrarización, urbanización del campo, degradación de espacios naturales o banalización y destrucción del patrimonio cultural. De este modo las lógicas asociadas al negocio turístico han llevado a un proceso progresivo de turistificación total de la economía, de los territorios, de las personas y de las instituciones que es necesario frenar y revertir desde los movimientos sociales, dada la nula respuesta política.

En este sentido, proponemos:

Decrecimiento turístico. medidas que fomenten la desturistificacion de la economía y la política.
Asegurar una correcta ordenación territorial, y una disciplina urbanística que permita proteger  el  suelo rústico y garantizar que se preserven los paisajes y las actividades agrarias que los conforman y nos proporcionan alimento, fomentando, además, la creación o recuperación de corredores ambientales.
Establecer una moratoria de plazas turísticas e invertir en derribar hoteles obsoletos y recuperar espacios públicos usurpados por la industria turística de manera ilícita.
Crear una protección del suelo que impida que se pueda edificar sobre los suelos agrícolas fértiles.
Poner freno a obras y proyectos que no atiendan a necesidades reales (con especial atención a la proliferación de infraestructuras turísticas como campos de golf y muelles deportivos) y que no respondan a la perspectiva de movilidad sostenible (sobredimensionamiento de carreteras, aeropuertos, etc.).
Dotar de medios de vigilancia para las zonas naturales, terrestres y marinas, que velen por la conservación y prevengan y actúen ante los riesgos derivados del aprovechamiento turístico de la biodiversidad y riqueza natural, mermadas por la masificación de esta industria.
Prohibición del uso de aguas destinadas al consumo humano o agricultura para el riego de campos de Golf.
Reformular las medidas fiscales asegurando que nuestros territorios y nuestras vidas no se conviertan en meros productos de paraísos fiscales para las transnacionales turísticas.
Creación de un impuesto sobre las viviendas vacías y los grandes superficies comerciales e implantar una tasa de vehículos de alquiler.
Reconducir el gasto público en promoción turística hacia otros sectores económicos como el fomento de la agricultura y la ganadería ecológicas.
Hacer efectivo el principio de prevención frente a la contaminación de las actividades turísticas, reforzando la revisión de las afecciones de determinadas actividades que generan emisiones de gases y partículas como los cruceros o la aviación, o la introducción de vehículos en espacios protegidos.
Medidas para frenar el alquiler vacacional y los graves problemas sociales y el incrementando el precio de las viviendas.

AGROECOLOGÍA, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y MUNDO RURAL

La progresiva industrialización de la cadena agroalimentaria y la Política Agraria Común (PAC) han favorecido el incremento de la productividad forestal, agrícola y ganadera, provocando grandes impactos ambientales (pérdida de la fertilidad del suelo, contaminación de agua, aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, o pérdida de biodiversidad), debido, entre otros, a los cambios en los usos del suelo, el monocultivo, el uso masivo de agroquímicos, el aumento indiscriminado del regadío, o la sustitución de recursos locales por insumos importados, en particular para la ganadería industrial. Paralelamente, se ha reducido notablemente o abandonado la agricultura y la ganadería en agro-ecosistemas de alto valor natural (ejemplo: zonas de montaña, dehesas, estepas), contribuyendo a los problemas ambientales citados y a otros, en particular, el cambio del paisaje cultural, la pérdida de biodiversidad y el aumento del riesgo y virulencia de los incendios forestales. Todo ello para mercantilizar la alimentación y sostener la urbanización de las poblaciones, generando alimentos de baja calidad e insostenibles, a menudo tóxicos, y dietas poco saludables.

Está evolución hacia la intensificación e industrialización de la agricultura en zonas favorables y abandono en zonas desfavorables, ha inducido la pérdida de población agraria, el envejecimiento y el desempleo en el mundo rural, y especialmente la expulsión de la mujer hacia la economía informal, la sobrecarga en el trabajo de cuidados, y el éxodo a las ciudades. Paralelamente, la producción y el consumo de alimentos se han distanciado significativamente, generando problemas de excedentes, despilfarro alimentario y pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema alimentario.

La PAC ha profundizado en estos procesos, a pesar de que su financiación (en particular del primer pilar) ha supuesto el capítulo más importante del presupuesto de la UE durante muchos años. Como consecuencia, los recursos reales disponibles para potenciar un sector agroalimentario social y ecológicamente sostenible y generar empleo en el medio rural han sido muy limitados, contribuyendo, por ejemplo, a invisibilizar el trabajo femenino, menos relacionado con la ganadería y la agricultura que con el cuidado de la familia, la transformación artesana de los productos o la gestión económica de las explotaciones.

En este sentido, proponemos:

Que la agricultura y la alimentación salgan de la OMC, y que su tratamiento sea debatido en el marco de la FAO, favoreciendo los marcos locales, la agricultura familiar y las comunidades campesinas.
Que se detengan los procesos globales de concentración de grandes empresas de suministro de semillas, fertilizantes y maquinaria agrícola, por los riesgos que suponen para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del sistema agroalimentario. Que se paralicen las subvenciones directas o indirectas (vía PAC u otros fondos) a empresas o productos que promueven un modelo agroalimentario insostenible.
Que se elabore un convenio internacional por la gobernanza, sostenibilidad y soberanía alimentaria como marco político orientador en el tratamiento de la agricultura y la alimentación a nivel global.
Que los gobiernos mantengan su derecho a proteger y promover sus sistemas locales de producción agropecuaria, apoyados sobre un modelo de producción agroecológica, sostenible, diversificada, destinada en primer lugar a abastecer los mercados interiores, y solidaria con el resto de los pueblos.
Que ningún producto agrario pueda ser comercializado a un precio inferior a sus costes reales de producción, incluyendo la remuneración justa de los trabajadores y trabajadoras, y el coste de externalidades sociales y ambientales que supone su producción.
Que las políticas agrarias en todo el mundo prioricen la producción y regulación de los mercados locales y/o regionales. Asimismo, deben tener como objetivos prioritarios el mantenimiento del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y el empleo en el mundo rural. Las políticas agrarias financiadas con recursos públicos deben velar por la provisión de bienes públicos.
En este contexto, la integración de las políticas agrarias y alimentarias, medioambientales y de desarrollo rural se perfila como una de las estrategias más importantes para la revertir los procesos antes señalados, contribuyendo a una agricultura y alimentación más sostenibles. Así como políticas económicas y territoriales que rearticulen el territorio desde la perspectiva de sistemas alimentarios de Ciudad-Región, reequilibrando las relaciones y flujos campo-ciudad desde una perspectiva de sostenibilidad local, y sentando las bases para la reruralización del sistema territorial. Para ello, proponemos las siguientes medidas concretas:

Producción agroecológica de alimentos y servicios

Promoción de los principios de la agroecología 1 en la producción agrícola, ganadera y forestal, por ejemplo, a través de:
◦        Plan de recuperación y mejora de los suelos (rotaciones, fertilidad, captura de carbono, etc.).

◦        Plan de reducción del uso de agroquímicos.

◦        Promoción de sistemas mixtos agrícola-ganaderos.

◦        Promoción de la biodiversidad agraria.

◦        Gestión forestal integrada y protección de masas forestales valiosas por su interés biológico.

◦        Política específica para la ganadería extensiva.

Valoración de servicios ambientales y externalidades negativas.
Fijación de objetivo de Superficie Agraria Útil destinada a agricultura ganadería ecológicas de un 50 % para 2030.
Política específica para el impulso y la mejora de los cultivos de secano y la recuperación y puesta en valor de las vegas y regadíos históricos. Retirada de todos los planes de apoyo al regadío en cultivos tradicionales de secano, especialmente viña y olivo.
Plan de reorientación de los cultivos de regadío orientados a alimentación animal (maíz, cereales, alfalfa), de cara a recuperar producciones locales tradicionales de regadío para consumo humano directo.
Distribución y consumo

Promoción de sistemas alimentarios locales o de proximidad, y de consumo de productos ecológicos.
Plan de reducción de despilfarro alimentario.
Calidad de alimentos definida según el tipo de sistema de producción; etiquetado por huella ecológica y por condiciones laborales de producción.
Plan de reducción en la producción y el consumo de carne industrial intensiva, especialmente en monogástricos (pollo y cerdo).
Impulso de un programa estatal de compra pública alimentaria sostenible para equipamientos públicos asistenciales, educativos y de todo tipo, que incluyan las producciones locales, ecológicas y de la ganadería extensiva.
Desarrollo rural

Facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria ecológica (bancos públicos de tierras, financiación, formación).
Mejora de los servicios públicos en el medio rural.
Dar visibilidad al trabajo de la mujer y su papel en el medio rural, y fomento del empleo femenino en el medio rural.
Promoción de la agricultura urbana.
Nuevos modelos de gestión compartida y gobernanza (stewardship) sostenible sobre el territorio.
Impulso de figuras administrativas que articulan campo y ciudad para la reordenación de los sistemas alimentarios locales en torno a los conceptos de bioregión y Sistemas Alimentarios de Ciudad Región.
Adaptación al cambio climático

Plan nacional de adaptación al cambio climático y de reducción de la dependencia de la agricultura de los combustibles fósiles.
Revisión del regadío, planificación de nuevos cultivos adaptados al cambio climático.
Prácticas agrícolas que mitiguen el cambio climático como por ejemplo la mejora de la fertilidad de suelos como sumidero de carbono.
Investigación y desarrollo

Investigación en agroecología y en sistemas alternativos de producción/ consumo.
Investigación sobre la dinámica de restauración de ecosistemas forestales mediterráneos, especialmente en territorios de suelo muy degradado.
Retirada inmediata de los fondos públicos de investigación en Organismos Modificados Genéticamente de uso no confinado.
Investigación en gases de efecto invernadero asociados a ganadería, agricultura y silvicultura.

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y PATENTES DE SOBRE LA VIDA

La inserción de genes en una planta puede provocar efectos imprevistos no deseados, debido a la imprecisión de las técnicas actuales y a que los genes no funcionan de forma aislada, sino que forman parte de un complejo sistema puesto a punto a lo largo de millones de años de evolución, un sistema que apenas hemos comenzado a comprender. Esta incertidumbre puede suponer un riesgo tanto para la salud de personas que consuman organismos modificados genéticamente como para el medio ambiente, por los posibles cambios imprevistos en la relación entre este organismo y los que le rodean.

Incluso aunque consiguiéramos desarrollar técnicas de modificación genética que realizasen cambios precisos en organismos superiores (lo cual no parece ser el caso ni siquiera con la novedosa CRISPR) lo que habríamos conseguido es poder modificar un sistema que seguimos sin conocer por completo. Puede que para conocer con el suficiente detalle el funcionamiento de la célula, los organismos y los ecosistemas necesitemos décadas de investigación básica bien financiada, prudente, humilde y honesta.

Pese a la propaganda interesada de las empresas multinacionales del sector, la comercialización de alimentos manipulados genéticamente comporta numerosos problemas de seguridad no resueltos. El análisis de riesgos requerido por la Unión Europea, uno de los más estrictos del mundo, no estudia los posibles riesgos a largo plazo, no controla los efectos posteriores a la comercialización y depende completamente de la buena voluntad de las empresas interesadas – incluidas empresas que ya han cometido fraudes científicos previamente. La falta de estudios a largo plazo y las limitaciones de algunos de los ensayos utilizados actualmente ha sido señalada por organismos científicos como la AAAS.

La obtención de patentes, inaceptable en cualquier caso, resulta más sencilla al tratar con organismos modificados genéticamente, siendo más fácil para las empresas obtener los derechos de patente y ejercerlos sobre un rango más amplio de variedades. Esto resulta especialmente preocupante dada la creciente concentración empresarial en el sector agrícola en general y en el semillero en particular.

Las dos características principales presentes en los cultivos transgénicos comercializados son la tolerancia a herbicidas y la producción de toxinas insecticidas. En el año 2015 más del 99 % de los transgénicos cultivados presentaban uno de estos rasgos o los dos, y se destinaban fundamentalmente a la producción industrial de piensos o biocombustibles.

Cultivos con otras funciones, como el arroz dorado, presente en el imaginario popular gracias a una ardua labor de relaciones públicas, han supuesto un sonado fracaso agronómico pese a las altísimas inversiones de capital y tiempo. Los organismos transgénicos no han aportado ventajas superiores a las de la mejora convencional a la hora de obtener mayores producciones, tolerancia a las condiciones climáticas o calidad nutricional, faltando a las promesas repetidas una y otra vez durante estas décadas.

En este sentido, proponemos:

Prohibición de la comercialización de alimentos modificados genéticamente.
Prohibición de la concesión de derechos de propiedad intelectual (patentes) sobre organismos vivos y material genético.
Prohibición a la liberación en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.
Priorización de la investigación básica en genética molecular frente a la investigación aplicada a obtener productos comercializables, manteniendo en ambos casos un control estricto sobre los posibles conflictos de intereses.

EQUIDAD Y POBREZA

Las sociedades humanas han alcanzado una desigualdad inusitada. Solo el 1 % de la población atesora la mitad de la riqueza mundial, mientras que la desnutrición y el hambre siguen siendo realidades. Es necesario por lo tanto alcanzar una equidad en el acaparamiento de recursos y materiales, siempre teniendo en cuenta los límites de los ecosistemas. Entendemos que toda política que se desarrolle en el planeta, a cualquier escala, tiene que verificar los impactos sobre las desigualdades sociales, atendiendo a los sesgos por sexo, color de piel, clase social, lugar de nacimiento, etc., y estar orientada a su corrección. La sociedad debe asegurar que todas las personas cubran sus necesidades, según el marco de las necesidades humanas 2.

En este sentido, proponemos:

Promover un salario máximo y los impuestos directos progresivos para que la fiscalidad tenga una finalidad redistributiva.
Garantizar el derecho a la vivienda, promoviendo la vivienda pública, el derecho de uso y el alquiler social, regulando además el precio del suelo y del alquiler para evitar la especulación inmobiliaria.
Garantizar el derecho a la energía y combatir la pobreza energética,estableciendo un mínimo de energía para toda la población en condiciones de dignidad.
Garantizar el derecho a la alimentación mediante la propuesta de la soberanía alimentaria.
Garantizar una Renta Básica Universal que permita cubrir todas las necesidades.
Garantizar el acceso a la cultura para todas las personas, promoviendo la cultura común, colaborativa o colectiva, libre de patentes y de la lógica de la propiedad privada.
Garantizar la existencia de servicios públicos de calidad y accesible. Ello implica una educación pública de calidad que atienda las necesidades de las personas con menos recursos, sanidad universal para todas las personas, transporte público accesible con medidas como el abono social.
Asegurar la cobertura de los cuidados de toda la población y de los recursos necesarios para cubrir la dependencia de estos cuidados.
Promover procesos participativos reales para que todas las personas tengan la capacidad de decidir en los procesos democráticos.
ECOFEMINISMO

La práctica del ecologismo social necesita del análisis y las propuestas feministas, muy especialmente de aquellas que denuncian una cultura que invisibiliza, violenta y se apropia de los cuerpos y los tiempos de las mujeres, del mismo modo que lo hace sobre los bienes naturales.

El ecofeminismo se apoya en la sinergia de los movimientos feminista y ecologista y se enfrenta a la cultura y las prácticas que niegan la interdependencia y la ecodependencia de todos los seres humanos.

En este sentido, proponemos:

Denunciar las violencias sobre las mujeres, las personas con identidades y orientaciones sexuales diversas, y las violencias sobre la tierra. Hacer visibles los vínculos entre heteropatriarcado y capitalismo.
Visibilizar los trabajos de cuidado de la vida humana (crianza, atención a personas vulnerables, enfermas o mayores, mantenimiento de redes comunitarias, atención a necesidades básicas como alimentación, higiene, consuelo…).
Denunciar la división sexual del trabajo que desprecia los trabajos de reproducción social y mantenimiento de las vidas humanas. Desmontar la cultura que atribuye una determinación natural de las mujeres hacia esos trabajos y responsabilizar de ellos a todas las personas.
Dar a conocer y apoyar las experiencias de mujeres organizadas que lideran luchas por los derechos de la tierra y de sus comunidades, ya sean luchas desde la agroecología, la participación vecinal, resistencias al extractivismo, defensa de la diversidad, reivindicaciones por otros modelos de salud, de gestión comunitaria, etc.
Ayudar a construir una nueva cultura que coloque en el centro la vida, lo que significa analizar cualquier práctica con este criterio.
Hacer red con los movimientos feministas cercanos para aprender y fortalecernos mutuamente.
Analizar y transformar nuestras prácticas asociativas con criterios ecofeministas.
Crear herramientas que permitan analizar el patriarcado y sus violencias y que ayuden a detectar dinámicas machistas en distintos ámbitos, con especial atención a los propios movimientos sociales.

TRABAJO Y EMPLEO

Vemos clave la distinción entre trabajo y empleo (el trabajo remunerado). El empleo deja fuera muchos trabajos que son básicos para la reproducción de la vida, y que hoy en día son realizados mayoritariamente por las mujeres de forma invisibilizada y, por tanto, precarizada, al ser naturalizados y no reconocidos como trabajo.

Pese a las apariencias, el conflicto entre medio ambiente y empleo es superficial, derivado del conflicto capitalista de aumentar la productividad y la generación de beneficios. Producir ecológicamente requiere no buscar siempre los incrementos de productividad del trabajo a costa de una baja productividad de la energía y las materias primas y una alta intensidad de capital. Tras la ecologización estructural de la economía, el trabajo socialmente necesario tendería a aumentar, pues la producción sería menos intensiva en cuanto al consumo de energía y materiales, y más intensiva en trabajo, aunque por otro lado el descenso del consumo implicará menos necesidad de trabajo productivo. Si tenemos en cuenta el trabajo reproductivo requerido para atender necesidades sociales (hoy mayoritariamente abandonadas por los hombres), así como proteger y restaurar adecuadamente la naturaleza, parece que la reconstrucción ecológica de las sociedades industriales sería francamente beneficiosa en términos de empleo.

En este sentido, proponemos:

Reparto equitativo entre hombres y mujeres de los trabajos y empleos que contribuyen a la sostenibilidad y la reproducción de la vida.
Reconocimiento de estas tareas de cuidado de la vida humana como trabajo de pleno derecho e implantación de políticas que reviertan su precarización y las dinámicas de opresión que surgen de su racialización a lo largo de las cadenas transnacionales de cuidados.
Jornadas laborales que permitan la conciliación con el autocuidado y el cuidado de otras personas.
Desarrollo de las actividades públicas de gestión ambiental y de protección de la naturaleza, fuentes de nuevos empleos.
Fomento y homologación de las nuevas profesiones medioambientales.
Impulsar un movimiento de transición justa para la reconversión ecológica de la industria que garantice el empleo, las actividades de formación y el desarrollo de las economías de las áreas afectadas.
Promoción de las formas comunitarias de trabajo y de todas las que apunten a la superación del trabajo asalariado.
Practicar políticas encaminadas a disminuir la precariedad laboral en lugar de aumentarla.

GLOBALIZACIÓN

La globalización económica y financiera ha conocido su mayor desarrollo a partir de las dos últimas décadas del siglo XX y se ha conformado siguiendo los principios neoliberales que han regido desde entonces la economía capitalista. Este proceso,  impulsado por las instituciones económicas y financieras internacionales (FMI, BM, OMC) y por distintos bloques económicos regionales (TLCAN, UE) se ha caracterizado por la imposición de políticas económicas cuyo fin es la maximización del beneficio de los grandes agentes capitalistas (empresas multinacionales y entidades financieras) y ha supuesto gravísimas consecuencias económicas, sociales y ambientales para los distintos pueblos y territorios del planeta. Estas políticas económicas se han acompañado de medidas de control social, y de la promoción de unos valores culturales homogéneos.

La globalización capitalista ha acelerado vertiginosamente el ritmo de explotación de los recursos naturales favoreciendo la destrucción de los ecosistemas y la degradación ambiental. Además, es incompatible con el respeto a los derechos humanos, la equidad social y la justicia distributiva, ya que se sostiene sobre la explotación de los recursos naturales y la mano de obra de los países empobrecidos, las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de la mayor parte de la población mundial y la acumulación de una deuda ecológica irreparable. Resulta especialmente flagrante el impacto en las poblaciones de las periferias globales y en las mujeres, víctimas de la relación entre el sistema capitalista y la estructura patriarcal que lo sostiene.

En este sentido, proponemos:

Sustituir los valores actuales de la competitividad y el beneficio por la cooperación entre los países y entre las personas.
Abolir la deuda externa de los países periféricos y reconocer  la deuda ecológica que los países del Norte tenemos contraída con los del Sur global.
Orientar las políticas económicas hacia la erradicación de la pobreza y las desigualdades, priorizando la atención de las necesidades de la población, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
Disolver las instituciones financieras internacionales y replantear totalmente la regulación monetaria y financiera internacional.
Garantizar que los bienes colectivos no puedan ser administrados por manos privadas que sólo buscan el beneficio a corto plazo. Lo que se precisa no es el abandono o la sustitución del Estado por el Mercado, sino una democratización de la sociedad.
Impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento y sanciones efectivas para las violaciones cometidas.
Impulsar la universalización de los derechos económicos, sociales y culturales para hacer frente al actual proceso de globalización de capitales y mercados. Es necesario actuar contra el racismo, la exclusión, discriminación, explotación y desigualdad. En este sentido, los países del Norte debemos asumir la responsabilidad de los flujos migratorios asociados a la crisis ecológica y el cambio climático y por ende, reconocer el derecho humano de toda persona a migrar y pedir asilo. Se hace necesario impulsar vías legales y seguras para las personas en tránsito y políticas de acogidas dignas y efectivas.
Prohibir cualquier política económica que tenga repercusiones negativas sobre otros países, y que ponga en peligro la vida de las personas o impida la satisfacción de sus necesidades básicas.
Unión Europea

En la Unión Europea, la creciente preponderancia de los intereses financieros y las recomendaciones de los organismos económicos supranacionales, condicionan las políticas de los diferentes estados miembros. Estos actores, no electos y por tanto no sujetos a la voluntad popular, imponen la misma política económica neoliberal  que se ha aplicado en otras regiones del mundo, basada en la desregulación, flexibilización y precarización de los mercados laborales, la privatización del sector público, los recortes de los gastos sociales, la orientación del gasto público hacia la construcción de infraestructuras, las reformas fiscales que favorecen a las rentas del capital y gravan las rentas del trabajo, la privatización de los sistemas públicos de pensiones, la desregulación ambiental etc. Además, estas políticas,  que implican el desmantelamiento de gran parte de las conquistas laborales, sociales y ambientales conseguidas a lo largo de este siglo, se profundizan y se blindan a través de la firma de tratados internacionales  de comercio e inversión. A través de estos se pretende eliminar cualquier obstáculo político o regulatorio al comercio y la inversión y reforzar el poder de las corporaciones frente al de las estructuras políticas y judiciales tradicionales, debilitando aún más el control democrático de los mercados.

En este sentido, proponemos:

Cambiar las formas de producción y consumo propugnadas desde la UE que suponen el incremento continuo del uso de recursos, el consumo energético y la producción de residuos, y poner en marcha una transición justa hacia sociedades sostenibles con un menor consumo y un uso eficiente de la energía y los materiales.
Abstenerse de negociar nuevos tratados de comercio e inversión y de participar en mecanismos de arbitraje comercial internacional o cualquier otro instrumento que suponga el debilitamiento de la democracia frente al poder económico y corporativo.
Abstenerse de utilizar fondos públicos disfrazados de ayuda al desarrollo para fomentar las exportaciones de empresas europeas o españolas a países del Sur Global aumentando así su deuda externa, y de impulsar desde las instituciones la actividades de empresas transnacionales europeas o españolas.
Retirar el apoyo público e institucional por parte de cualquier Administración pública española a proyectos de infraestructura que supongan graves afecciones ambientales y/o violen los derechos humanos de las poblaciones de otros países.
Establecer, en los ámbitos que proceda, reparaciones y responsabilidades por la generación de deudas ecológicas, sociales, históricas y políticas. Creación de un fondo de compensación por los daños producidos a causa de la deuda ecológica adquirida por el Gobierno español, sus instituciones públicas y las empresas privadas.

PAZ Y SOLIDARIDAD

En una economía mundializada en la que la dominación violenta de unos grupos sociales sobre otros cada vez es una constante, dentro de un planeta hiperconectado por las telecomunicaciones y las redes de transporte, y con una tecnociencia generadora de impactos sociales y ambientales cada vez más importantes, los efectos de nuestras acciones llegan cada vez más lejos en el espacio y en el tiempo. A esta mayor interdependencia debería corresponder una renovada cultura de la paz y la solidaridad, a la altura de los retos de nuestro tiempo. Por ejemplo, planteando en serio el transarme y la conversión de la industria de armamentos; o evaluando cuidadosamente las repercusiones de los intercambios comerciales y la actividad de las empresas transnacionales en el mundo.

En este sentido, proponemos:

Rechazar de cualquier intervención armada encaminada a la dominación de unos grupos humanos por otros. Los conflictos deben ser regulados siempre de forma pacífica.
Eliminar el armamento nuclear.
Cerrar las bases militares y renaturalizar los campos de entrenamiento.
Asegurar el control gubernamental y parlamentario directo sobre la producción de armas y fomentar políticas de reconversión civil acelerada de la industria militar.
Ejecutar políticas efectivas para una prohibición del comercio armamentístico, así como la reducción radical del gasto público militar. No apoyar políticas que fomenten la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.
Asegurar que los parlamentos tengan capacidad decisiva respecto a todo tipo de cuestiones relevantes relacionadas con la implicación de los estados en conflictos armados internos o externos.
Asegurar que en ningún caso los créditos de ayuda al desarrollo vayan destinados a la compra de material susceptible de uso militar y garantizar el control público sobre la totalidad del comercio de armamentos. Todo ello con el objetivo de conseguir la paulatina desaparición del comercio internacional de armas.
Promover la desmilitarización de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado como la Guardia Civil y el desarme parcial de policías urbanos, autonómicos y estatales, según planes racionales de necesidades en cada territorio y ciudad.
Implementar de amplios programas educativos y culturales que fomenten los valores de la no violencia y la Cultura de Paz.
Reestructurar de las directrices de política exterior en orden a la desmilitarización de las relaciones internacionales: salida de la OTAN, revisión de acuerdos de Defensa con países con políticas claramente belicistas, etc.

EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

La educación es la base de la transformación individual y colectiva. Por ello, para crear un nuevo paradigma que cambie y reconcilie las relaciones de la humanidad con su entorno, es esencial que trabajemos desde la educación, en su sentido más amplio. Con el trabajo de nuestros grupos, en las escuelas, en los barrios, en las aldeas y en las ciudades, en el bar y en el campo… podemos educar, y de hecho, estamos educando a cada instante.

La educación para la sostenibilidad es un instrumento imprescindible para entender el mundo y comprender la situación de crisis que vivimos y la necesidad urgente de un cambio del modelo de desarrollo y de hábitos de consumo y movilidad. Todo ello como un paso hacia una mayor implicación en los problemas diarios de nuestro entorno más cercano y la comprensión de las consecuencias que nuestras acciones y hábitos de consumo y movilidad tienen en otros lugares del planeta. De esta manera, la educación contribuye a fomentar la necesaria participación de las personas en la gestión del entorno.

Es más, una aproximación educativa en todos los ámbitos es necesaria para imaginar y generar nuevos escenarios donde vivir y soñar colectivamente, contribuyendo así a la creación de espacios alternativos de vida.

Nuestro sistema educativo vive mayoritariamente de espaldas al medio. El currículo actual en los diferentes niveles se ha quedado obsoleto, resulta con frecuencia inabarcable y falto de esencia y significado vital, haciéndose muy necesaria una actualización que lo vincule a la realidad socioambiental que vivimos, en aras de nuestra supervivencia como especie.

Por ello, es necesaria una transformación de la jerárquica estructura escolar que genera un sistema de relaciones humanas opresivo y poco participativo.

Nuestro concepto de la democracia supone considerar los intereses de colectivos que no tiene posibilidad de expresarse, como son los ciudadanos y ciudadanas de países lejanos o las generaciones futuras. La sostenibilidad ecológica y social exige el respeto de todo lo viviente.

En este sentido, proponemos:

Desarrollar una visión crítica que revise las categorías insostenibles en las que se apoya el modelo de desarrollo y deslegitimar los conocimientos que sustentan la destrucción social y ambiental.
Promover la participación y el protagonismo responsable a nivel asociativo, comunitario y político, tanto de mujeres como de hombres, en todos los ámbitos de trabajo de nuestra asociación.
Poner la sostenibilidad de la vida como eje organizador del currículo escolar en las diferentes materias y ámbitos.
Crear una entorno educativo respetuoso, democrático y vinculado a la comunidad, atento a las necesidades de todas, que genere relaciones sanas que potencien las aportaciones y los valores de todas las personas.
Apoyar los movimientos educativos renovadores que proponen la formación de personas críticas y solidarias, comprometidas con su entorno.
Propiciar el papel educativo que cumplen las organizaciones sociales, comunidad de vecinos, instituciones locales… cambiando el concepto de educar y abriendo así la educación a toda la comunidad, a toda la tribu.
Fomentar la coherencia entre las propuestas de la sostenibilidad y el proceso educativo, incluyendo los valores de una democracia profunda y respetuosa con todas las personas.
Generar nuevos escenarios posibles de vida que pueden ser experimentados a pequeña escala en diferentes ámbitos o espacios educativos (barrio, asociación, huerto, tribu, comunidad, escuela, instituto, universidad…).
Dar visibilidad al necesario papel que ya cumplen las mujeres en la sostenibilidad.
Incorporar la reflexión sobre la sostenibilidad en todos los ámbitos educativos, tanto de la educación formal como la no formal.
Organizar, apoyar y participar en intervenciones que contribuyan a sensibilizar y transformar la realidad ambiental en el territorio próximo e incidan en marcos globales.

CONSUMO

Vivimos inmersos en una sociedad que sitúa el hecho de consumir en la cima de su escala de valores, en la que cualquier ser vivo, objeto, idea, o sentimiento es susceptible de ser comercializado; que manipula las conciencias y las conductas, imponiendo falsas necesidades y un ritmo de vida acelerado y estilos de vida insostenibles. Una sociedad de este tipo es fruto del sistema globalizador de mercados y pensamientos únicos que tratan de imponernos. Un modelo donde se va perdiendo la identidad, el bienestar, la participación directa en la vida pública, la capacidad de control sobre nuestro destino y el de nuestra sociedad, para convertirnos en consumidores obedientes devotos del todopoderoso y voluble dios Mercado y a las multinacionales.

Las consecuencias sociales y ambientales del consumismo son terribles, ya que éste es pieza clave del sistema socioeconómico imperante, basado en crecientes desigualdades sociales, en la sobreexplotación de la naturaleza y en la generación de residuos. Un sistema que prioriza lo privado frente a lo público, el individuo contra lo colectivo, la propiedad ante lo compartido, el culto a lo inmediato frente al futuro y la viabilidad de la especie humana sobre la Tierra.

Pretendemos influir en la inercia que se nos impone desde el sistema, modificando el sentido de esa corriente de forma que las personas seamos plenamente conscientes y responsables de los efectos de nuestros actos de consumo; luchando por formas de vida consecuentes, integradas y respetuosas con el medio ambiente y con el resto de nuestros congéneres.

En este sentido, proponemos:

Desenmascarar el mito del consumo, informar de los efectos adversos del consumismo sobre la naturaleza y sobre las personas, y fomentar un consumo transformador en el que tomemos conciencia del poder de cambiar las cosas que tenemos como personas consumidoras.
Denunciar los métodos publicitarios de las grandes compañías transnacionales y cualquier forma de publicidad sexista, violenta, engañosa, vejatoria o manipuladora y promover sistemas transversales para una educación en valores y analítica frente a la publicidad, el marketing y los medios de comunicación. Para romper el monólogo de la publicidad de masas nada mejor que el cambio de mirada  que aporta la contrapublicidad.
Promover modelos de organización caracterizados por el sentido crítico, el apoyo mutuo y la autogestión (redes locales de intercambio, préstamo y reparación, grupos autogestionados de consumo, cooperativas, asociacionismo, etc.).
Combatir la cultura de usar y tirar, la obsolescencia tecnológica e inducida y la acumulación, fomentadas por las grandes empresas que engrosas sus cuotas de beneficios a espaldas de los retos ecosociales a los que nos enfrentamos.
Incitar la utilización de comercios de barrio y mercados tradicionales, así como crear oposición a la gran superficie,  un modelo de distribución y comercialización basado en la deslocalización de la producción, la explotación laboral, el transporte a larga distancia, el sobre-embalaje, la generación de residuos, el despilfarro energético, el uso indiscriminado del automóvil y la privatización creciente de espacios públicos.
Difundir una alimentación basada en productos agroecológicos autóctonos y de temporada, cultivados y distribuidos de manera que promuevan un modelo de producción de alimentos respetuosa con la naturaleza y de una forma justa con la producción y el consumo. Asegurar la pervivencia de la diversidad biológica y cultural en cada territorio.
Denunciar las dietas típicas de los países enriquecidos, muy ricas en proteína animal, especialmente carne, con graves repercusiones sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la violación de los derechos de los animales y la sobrexplotación de los caladeros de pesca. Dicha dieta es incompatible con un mundo donde millones de humanos están subalimentados o mueren de hambre. Poner freno al enorme desperdicio de alimentos en buen estado que impone el agronegocio globalizado y que desecha alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Recuperar la verdadera dieta mediterránea.
Defender, frente al consumo desaforado de una minoría, la justicia social y el derecho de todas las personas a una vida digna, descubriendo las falsas necesidades que la sociedad de consumo nos crea, demandando estrategias de redistribución de la riqueza y el acceso a servicios públicos de calidad para todas las personas.
Poner de manifiesto la insatisfacción crónica e infelicidad que impone el consumismo y apostar por estilos de vida en comunidad, simples en lo material pero complejos en lo relacional. Construir una cultura del consumo informada, crítica,  ética y transformadora, conscientes de nuestra ecodependencia e interdependencia.

DERECHOS DE LOS ANIMALES

La especie humana maltrata a las demás especies animales y los utiliza de forma abusiva como si de objetos se tratara: matándolos como entretenimiento, encerrándolos por el mero placer de observarlos, sometiéndolos a experimentos dolorosos muchas veces por motivos triviales, torturándolos públicamente y de forma institucionalizada, arrancándoles la piel para vestir nuestra vanidad, etc. Por ello, el cambio positivo de actitudes hacia los animales está íntimamente ligado al respeto global hacia todos los seres vivos, y, por extensión, a todo el planeta.

El deterioro de nuestro planeta, la extinción de especies, y las actitudes violentas, tienen su origen en parte en la falta de formación y de sensibilidad hacia los animales y la naturaleza en nuestro entorno más inmediato, así como en el carácter heteropatriarcal de nuestra cultura, en la que la masculinidad hegemónica lleva asociada una gran carga de violencia ejercida tanto contra las mujeres como contra el resto de seres vivos.

Consideramos que reconocer y defender los derechos que merecemos todos los animales, entendiendo éste como el respeto a su vida, libertad y rechazo al sufrimiento, incide directamente en las mismas raíces que propician la destrucción de la naturaleza.

En este sentido, proponemos:

Prohibición de todos los espectáculos y pruebas deportivas que se basen en la utilización o muerte de animales. Las corridas de toros, las peleas de perros y gallos, la utilización de perros en pruebas cinegéticas, el uso de animales en circos y los zoológicos y delfinarios son prácticas que deben desaparecer de manera prioritaria.
Se debe reconocer a los animales la consideración de seres dotados de sensibilidad. Este hecho debe estar recogido en el Código Civil lo que permitiría la elaboración de normativa de mayor protección que prevengan el poder hacer daño a los animales y buscando su integridad y libertad. En este sentido es necesaria una Ley marco estatal de protección animal que siente las bases de un buen nivel en esta materia y que el Código penal amplié su protección a los animales silvestres.
Abandono de la captura de animales silvestres y de su cría intensiva en granjas con fines peleteros, para su tenencia como animales de compañía, y otras actividades comerciales. Los animales silvestres han de ser conservados en sus propios ecosistemas, impidiendo su captura con finalidades únicamente comerciales.
Prohibición de la experimentación con animales vivos, apostando decididamente por la utilización de métodos alternativos de experimentación médica basados en nuevas tecnologías.
Mejora de las condiciones de vida de los animales domésticos (entendiendo por domésticas a aquellas especies que han sufrido un proceso de domesticación de miles de años) y adopción de medidas preventivas para evitar su abandono. Se deben adoptar medidas encaminadas a la desaparición del comercio de estos animales, priorizando la adopción de animales recogidos en centros de acogida.
Potenciación del vegetarianismo como dieta basada en el máximo respeto a la vida de los animales, y en una importante reducción del impacto ambiental de nuestra alimentación. Las administraciones deben priorizar la realización de campañas informativas, ofrecer menús de alimentos de origen no animal en los comedores de gestión pública y el control del cumplimiento de la normativa de bienestar animal en las explotaciones ganaderas.
Inclusión en el sistema educativo del reconocimiento de los derechos que tienen los animales, así como de los principios de respeto y convivencia con los mismos.

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

El espacio que nos rodea es utilizado por el espectro radioeléctrico a través del cual se transmiten las ondas electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, etc.). Su frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, y estas ondas se propagan por el espacio, provocando una muy alta contaminación electromagnética y un fuerte impacto ambiental.

El Grupo de Trabajo BIOINITIATIVE, compuesto por científicos independientes, concluye que los riesgos son muy altos, que la exposición a los campos electromagnéticos (tanto los de frecuencias bajas generados por las líneas eléctricas o los electrodomésticos, como de la radiación de radiofrecuencia o RF) provoca graves  problemas de salud y que pueden tener importantes consecuencias para la salud pública.

El actual modelo de desarrollo de las telecomunicaciones sin cable, al tiempo que genera grandes beneficios para las empresas de telecomunicaciones, resulta insostenible y supone un importante factor del deterioro del medio ambiente por su incidencia invasiva sobre la salud de los seres vivos. Mientras, no se facilita a los usuarios de estas tecnologías información adecuada de los riesgos para la salud.

Desde 2018, se están llevando a cabo pruebas piloto para la implementación, a partir de 2020, de la tecnología 5G, que lleva aparejado el despliegue de cientos de miles de nuevas antenas, la puesta en órbita de numerosos satélites y la utilización de nuevas frecuencias.

La Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer (IARC) de la OMS declaró en 2011 que los campos electromagnéticos generados por las radiofrecuencias son potenciales cancerígenos, incluyéndose en el grupo 2-B. Actualmente el Programa Nacional de Toxicología de EE UU (NTP) y el Instituto italiano de investigación del Cáncer Ramassini han concluido que los CEM son cancerígenos, previsiblemente de grado 1, como el amianto.

En este sentido, proponemos:

Información y educación: campañas de Información para que la población conozca y pueda reducir los riesgos potenciales de la exposición a los CEM.
Aplicación del principio de precaución y de los principios ALARA y ALATA (tan bajo como sea razonable y técnicamente alcanzable, respectivamente) en la exposición a campos electromagnéticos.
Revisión y minimización de los límites de exposición (inmisión) a los CEM, con la monitorización de su cumplimiento. Exigir transparencia, imparcialidad y pluralidad a las evaluaciones sobre sus riesgos sanitarios.
Favorecer los estudios e investigaciones independientes aumentando la financiación pública sin conflicto de intereses.
Recuperar la participación pública en la implantación y seguimiento de las estaciones base de telefonía móvil y las líneas y terminales de alta tensión, exigiendo para cada instalación la Evaluación en Impacto de Salud recogida en la Ley 33/2011, General de Salud Pública.
Reemplazar las redes inalámbricas por conexiones por cable donde sea posible y promocionar las tecnologías y técnicas de futuro biocompatible y sostenible desde el punto de vista ambiental y de la salud humana.
Reconocimiento del síndrome de electrohipersensibilidad como una enfermedad ambiental, protección de las personas EHS y creación de zonas libres de CEM: centros de enseñanza y escuelas infantiles, hospitales y centros de salud, los edificios gubernamentales, transporte público y otros.

CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS Y NANOMATERIALES

La presencia de sustancias químicas tóxicas es ubicua en nuestro planeta. Arrastradas por corrientes fluviales, marinas y atmosféricas, las sustancias químicas se desplazan a lo largo y ancho del planeta, encontrándose tóxicos en todos los ecosistemas, incluyendo zonas donde nunca ha habido actividad humana directa, como los glaciares de alta montaña, los casquetes polares o las profundidades marinas abisales. Los seres humanos, desde nuestro desarrollo en el útero materno y a lo largo de toda nuestra vida, estamos expuestos a mezclas de centenares de sustancias químicas tóxicas. Como consecuencia, estamos viendo desaparecer poblaciones de animales salvajes, cuya capacidad de reproducción se ve mermada con la contaminación. Los impactos en la salud humana son alarmantes. La exposición a sustancias tóxicas está relacionada con enfermedades y patologías cuya incidencia está creciendo en todo el mundo, incluyendo problemas reproductivos, cáncer, diabetes o problemas de neurodesarrollo, entre otros.

Los productos que usamos todos los días, en nuestro hogar y en el trabajo, los alimentos, el agua y el aire contienen sustancias tóxicas. Sin embargo, la normativa y las políticas para protegernos de estos productos químicos están muy poco desarrolladas o son inexistentes en muchos casos.

Por ello, urgen medidas para revertir esta situación y evitar o reducir la exposición a sustancias químicas tóxicas y a nanomateriales, un conjunto de sustancias muy pequeñas con una carga de toxicidad desconocida hasta la fecha, sobre todo para quienes son más sensibles a su toxicidad: los niños y niñas y las mujeres.

En este sentido, proponemos:

Prohibir la fabricación y uso de sustancias tóxicas (cancerígenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción, disruptores endocrinos EDC, persistentes, bioacumulativas, etc.), en productos y artículos de consumo y alimentos.
Prohibir la exposición laboral de trabajadoras embarazadas y lactantes y trabajadores vulnerables (jóvenes, inmigrantes, etc.) a todas las sustancias tóxicas (incluyendo EDC).
Reducir el uso de plaguicidas químicos de síntesis en al menos un 30 % hasta 2020, empezando por la prohibición de aquellos que implican mayores riesgos para la salud humana y la biodiversidad, como los plaguicidas disruptores endocrinos.
Aprobación por parte de las administraciones públicas locales, regionales y estatales de medidas para reducir la exposición de la población y el medio ambiente a tóxicos, incluyendo:
◦        Formación de profesionales sanitarios y del ámbito educativo, en particular de aquellos que trabajan con mujeres embarazadas, niñas y niños.

◦        Información ciudadana sobre medidas para reducir la exposición a tóxicos.

◦        Eliminación del uso de tóxicos en contratas y compras públicas.

◦        Apoyar la investigación sobre exposición a EDC en España y cómo prevenirla.

Estas medidas deberían formar parte de un Plan Nacional de Salud Ambiental en cumplimiento de la Estrategia Europea en materia de medio ambiente y salud (SCALE).

Apoyar y liderar, en las instituciones europeas y en el ámbito internacional, la adopción de políticas y normativas para reducir el riesgo que los contaminantes hormonales y otras sustancias tóxicas causan en la salud y el medio ambiente.
Minimizar el impacto de las TIC y derechos de desconexión.
El consumo de energía asociado al uso cotidiano de las TIC es suficientemente significativo como para intentar minimizarlo con un uso más consciente y sostenible.

Internet necesita unos 100 millones de servidores repartidos en centros de datos (los mayores reciben el nombre de granjas de servidores); unos 300 cables de fibra óptica submarinos (entre activos y en construcción, unos 900.000 kilómetros); antenas y routers para hacer llegar paquetes de información, finalmente, a nuestros múltiples dispositivos digitales.

El causante principal de la huella ambiental de Internet es la energía necesaria para hacer funcionar su infraestructura. Los centros de datos, las antenas de móvil y los dispositivos necesarios para acceder a Inter­net requieren grandes cantidades de electricidad. Si tenemos en cuenta todos los elementos que lo hacen funcionar, supone el 8 – 10 % de nuestro consumo energético. Los centros de datos representan un 1,52 %.

Pero no solo son los motivos ambientales Ecologistas en Acción garantizará derechos como la desconexión digital de persona trabajadoras y militantes como un derecho así como el derecho al olvido.



Programa ambiental de Ecologistas en Acción
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  1. Los principios científicos de la agroecología (establecidos por Altieri y Gliessman para sistemas de producción) son: Fortalecer la inmunidad del sistema (funcionamiento apropiado del sistema natural de control de plagas); Disminuir la toxicidad a través de la eliminación de agroquímicos; Optimizar la función metabólica (descomposición de la materia orgánica y ciclo de nutrientes); Balance de los sistemas regulatorios (ciclos de nutrientes, balance de agua, flujo y energía, regulación de poblaciones, etc); Aumentar la conservación y regeneración de los recursos de suelo y agua y la biodiversidad; Aumentar y sostener la productividad en el largo plazo.
  2. Max Neef, Manfred. Desarrollo a Escala Humana. Icaria, Barcelona.