La Comisión Europea advierte sobre el aeropuerto de Ciudad Real

El Ejecutivo comunitario considera que la evaluación de impacto ambiental del proyecto realizada por las autoridades españolas "es insuficiente" e infringe la directiva (ley-marco) sobre la materia.
Por ello, la Comisión Europea remitió a España un dictamen motivado en el que se le insta a remediar la situación en el plazo de dos meses antes de recurrir al Tribunal.

En concreto, critica que "no se esbozan adecuadamente" las alternativas estudiadas por el promotor ni se ha hecho la evaluación de impacto de las instalaciones relacionadas con el proyecto, como las carreteras de acceso o el suministro de electricidad. Las normas europeas exigen que los Estados miembros realicen, antes de su autorización, una evaluación del impacto de los proyectos públicos y privados que pudieran tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente.

Además, el aeropuerto está situado junto a una zona en la que vive "una especie de ave de las estepas especialmente amenazada", área que está clasificada de protección especial por las autoridades españolas en aplicación de la directiva sobre aves silvestres de la UE.

La Comisión Europea considera que como España no ha estudiado "adecuadamente" las repercusiones del proyecto en la fauna y la flora silvestres, no se pueden tomar las medidas necesarias para prevenir o evitar el deterioro de los hábitats, con lo que infringe la directiva sobre este tema.
España ya recibió del Ejecutivo comunitario una primera advertencia por escrito para que evaluase todas las repercusiones de la construcción del aeropuerto siguiendo las normas comunitarias.

Las autoridades españolas enviaron el pasado enero una respuesta en la que indicaban una serie de estudios que se habían realizado, pero la Comisión Europea considera que esos informes no prevén las necesarias evaluaciones de impacto y que no se ha aplicado correctamente ninguna de las dos directivas.

Estas acciones del Ejecutivo comunitario se enmarca en la decisión tomada hoy de continuar o abrir procedimientos de infracción contra España en siete casos por incumplimiento de la legislación ambiental de la UE.
La Comisión Europea quiere garantizar así que "las autoridades españolas apliquen correctamente la legislación ambiental de la UE para proteger la abundante biodiversidad del país y ofrecer a sus ciudadanos un medio ambiente sano".




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