Ecologistas en Acción manifiesta su más rotundo rechazo a la Autorización Ambiental Integrada concedida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente al macrovertedero de Miramundo. Manifiesta asimismo serias reservas a las AAIs concedidas a las plantas de Las Calandrias (Jerez) y Los Barrios, que al menos recuperan algo de las basuras. Miramundo es un vertedero infecto que acumula ya más de 5 millones de toneladas de basuras, donde no se recicla la basura ni funcionan los digestores para aprovechar energéticamente el gas metano.

Es incomprensible y totalmente injustificado que Gemma Araujo, delegada provincial de Medio Ambiente de Cádiz, haya concedido este permiso ambiental a Biorreciclaje sin cumplir ninguno de los requisitos que exige la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), a expensas de un hipotético plazo de tres meses para “adaptar la gestión del vertedero a las exigencias de tratamiento previo de los residuos”.

Miramundo no cumple los compromisos del Plan Director de Residuos Urbanos de Andalucía, ni los de la Ley Básica de Residuos, ni de la Ley de Vertederos, y a pesar de ser un vertedero ilegal recibe esta autorización ambiental: incomprensible.

Los responsables de este estado de cosas son dos, uno por acción; Biorreciclaje, y otro por omisión, la Consejería de Medio Ambiente, que ha mirado para otro lado a pesar de conocer todas las irregularidades y deficiencias del vertedero. En particular, Ecologistas en Acción solicita el cese fulminante de los dos actores responsables de este desaguisado: Antonio Ramírez y Antonio Fernández, los máximos responsables de Biorreciclaje.

Ecologistas en Acción remitirá una queja a la Unión Europea para que recabe información del uso realizado a los 18 millones de euros de los fondos comunitarios Pomal que deberían haber sido destinados a la financiación de esta planta de compostaje y biometanización.