Alegan contra consolidación urbanística de parcelaciones ilegales

Ecologistas en Acción ha registrado en la Gerencia de Urbanismo un documento de alegaciones a la propuesta del Plan Especial de Mejora Rural (PEMR) presentada por la Asociación de Propietarios de la parcelación ilegal “Las Siete Fincas”. La propuesta es un compendio de infraestructuras que elevarían el impacto ambiental ocasionado y revalorizaría el valor del patrimonio de los parcelistas.

El PEMR presentado por la Asociación de Propietarios de la parcelación “Las Siete Fincas” es básicamente una batería de infraestructuras de servicios y dotaciones de uso comunitario, que lejos de aliviar el impacto ambiental ocasionado por más de 500 viviendas localizadas en una zona de alto valor ambiental, empeoraría la situación. Y lo más grave, supondría un aliciente, un factor de atracción, que favorecería la ocupación y edificación ilegal de las parcelaciones intocadas, las que actualmente carecen afortunadamente de viviendas y demás infraestructuras de apoyo y su estado de conservación es elevado.

No deberíamos de obviar que el crecimiento o la consolidación urbanística y el desarrollo de infraestructuras asociadas son dos aspectos inseparables de una misma realidad. No hay desarrollo urbanístico sin el apoyo de las infraestructuras asociadas y, en no pocas ocasiones, son éstas las que favorecen la aparición de episodios especulativos en lugares que, hasta su llegada, habían quedado al margen de las apetencias de particulares de promotores y constructoras (así ha ocurrido, por ejemplo, en la parcelación Los Llanos de Arjona, en Santa María de Trassierra).

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera fundamental eliminar del futuro PEMR todas las infraestructuras y dotación de servicios propuestas por los propietarios. Es una tomadura de pelo presentar como una medida de integración ambiental o infraestructura mínima necesaria, la instalación de alumbrado viario en la red principal de caminos de la parcelación ilegal, la desafectación de las dos vías pecuarias que parcialmente han sido ocupadas y modificadas sustancialmente para la circulación motorizada, o la dotación de infraestructura de telecomunicaciones, entre otra medidas y actuaciones, recogidas en el mencionado documento.

La lectura de la documentación presentada por la Asociación de Propietarios, y aprobada inicialmente por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba no deja lugar a la duda, el objetivo de los interesados es la consolidación urbanística, la revalorización patrimonial de sus propiedades y la mejora de la calidad de servicio de los parcelistas ilegales, a costa de los intereses generales.

Hay un elemento adicional que añade una mayor trascendencia al asunto que nos ocupa. El modelo de PEMR que se valide para “Las 7 Fincas” se convertirá de manera automática en referencia para el resto de parcelaciones ilegales que están obligadas por Ley a presentar su correspondiente PEMR. Por ello, es particularmente trascendental reclamar y demandar una buena dosis de honradez política a los partidos que nos gobiernan y al partido que está en la oposición.

Ecologistas en Acción ha propuesto que partiendo de la consideración del daño irreparable e irreversible sobre el medio natural provocado por un grupo de ciudadanos con un interés común, se les exijan a estos, la cobertura económico en concepto de compensación y resarcimiento a la sociedad, para la ejecución de actuaciones de restauración ambiental que planifique el Ayuntamiento de Córdoba, así como para el desarrollo de campañas de educación e interpretación ambiental por un tiempo no inferior de 20 años y por un importe anual de 18.000 euros.




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