Consideramos que esta sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo nº 1 es muy importante, pues sienta un precedente en relación a otras antenas en similar situación de la capital y confirma la curiosa relación entre el Ayuntamiento y las empresas de telecomunicaciones con un claro favoritismo expreso en el texto de la sentencia. El 5 de julio del 2005, la empresa demandada solicitó la licencia de obra y apertura y quince días después, el departamento técnico de Disciplina Urbanística emitió un informe con una serie de deficiencias en el proyecto. Sorprendentemente, el 13 de octubre del mismo año, Retevisión Móvil SA presentó la documentación que subsanaba parcialmente esas deficiencias sin que se hubiese efectuado requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento.

La concejalía de Urbanismo concedió el 21 de julio del 2006 la licencia de obra mayor y de apertura para la instalación de una estación de telefonía móvil en dicha calle a Retevisión Móvil, en la actualidad France Telecom España SA. En nuestra demanda denunciábamos que la antena incumplía varios artículos de la Ordenanza Municipal sobre estaciones radioeléctricas (por ejemplo es visible desde la calle, está ubicada en un entorno catalogado como sensible, donde deben minimizarse las emisiones y presentarse un estudio sobre los niveles de emisión, cosa que no hizo la operadora, etc).

La sentencia confirma que el edificio donde se encuentra la antena tiene el colegio Inmaculada del Pla a 150 metros, la plaza del Doctor Gómez Ulla con juegos infantiles a 30 metros, el parque del Museo Arqueológico con zona de juegos a 40 metros, el hospital Perpetuo Socorro a 150 metros y el Centro de Salud ubicado en el antiguo Hospital Provincial a 140 metros. Además, condena al Ayuntamiento al pago de las costas judiciales, por haber actuado con temeridad, ya que podían haber subsanado las incorrecciones en el período de alegaciones y sólo lo intentaron hacer (de forma errónea) después de que se interpusiera la demanda.

France Telecom España SA ha recurrido la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con un recurso de apelación meramente defensivo para ganar tiempo y, a pesar de ser declarada ilegal, la antena base seguirá en funcionamiento hasta que se conozca el fallo definitivo. Por desgracia, si se pidiera la ejecución de la sentencia, la operadora podría reclamar una fianza millonaria, a la que difícilmente podríamos responder desde Ecologistas en Acción.

Finalmente exigimos al Ayuntamiento de Alicante que no siga dando licencias nulas y que se revisen de oficio todas las instalaciones que estén en situación similar, que podrían alcanzar un número de varias decenas en Alicante.