La indisciplina urbanística sigue imperando en El Puerto con total impunidad. Aquí se puede construir un edificio en suelo no urbanizable protegido, ignorar todas las órdenes de paralización, y terminarlo sin haber pagado ni una mísera multa.

En la finca Los Pinos, ubicada en el km 1,5 de la Avenida de Fuentebravía, se ha construido un enorme edificio sin licencia urbanística. Ecologistas en Acción lo denunció cuando se iniciaron las obras en el año 2003. El Ayuntamiento, como siempre, no había iniciado actuaciones de oficio de ningún tipo, a pesar de que las obras eran perfectamente visibles desde esta concurrida avenida. También, como siempre, los responsables municipales ordenaron la paralización de las obras para eludir posibles responsabilidades penales, pero nunca paralizaron nada. Más aún, a pesar del desafío del propietario –la finca está a nombre de la empresa constructora “Chiclana 2000” cuyo máximo responsable es Bartolomé Cantos-, el Ayuntamiento, gobernado entonces por IP y PSOE, incluyó esta finca como urbanizable en el nuevo PGOU, a pesar de tener unos de los bosques mejor conservados del municipio y tener un expediente de la Consejería de Medio Ambiente por haber talado ilegalmente parte el mismo. Para colmo, IP y PSOE aprobaron en Pleno un convenio urbanístico para permitir la construcción de 326 viviendas, un hotel y un centro comercial.

Este expediente es un claro ejemplo de cómo en El Puerto se pueden infringir con total impunidad las normas urbanísticas, y encima premian a los especuladores e infractores. En el expediente, al que ha tenido acceso Ecologistas en Acción, constan tres órdenes de paralización: la primera firmada, de fecha 13-6-2003, por Decreto del entonces Alcalde Hernán Díaz, y las otras dos por Decreto del entonces teniente de alcalde de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, de fecha 22-12-2004 y 20-4-2005. Pero a pesar de todo, las obras continuaron y recientemente se han terminado. Estos hechos han sido puesto en conocimiento, en reiteradas ocasiones, de la actual teniente de alcalde de Urbanismo, pero ni se han paralizado ni se ha sancionado a su responsable.

Hay que recordar que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) prescribe para este tipo de infracciones dos medidas: expedientes de restauración de disciplina urbanística, devolviendo el terreno a su estado original, es decir demoliendo y repoblando el terreno, y expediente sancionador con multas coercitivas del 10% del valor de lo ilegalmente construido hasta que se proceda a su demolición. Pues bien, no se ha impuesto ni una sola multa a este señor, ni se ha ordenado la demolición del edificio; presumiblemente están esperando a la prescripción de la infracción para así imponer la política de hecho consumados y salvarse así de la demolición. En el expediente consta un informe de la Asesoría Jurídica de Urbanismo advirtiendo que las obras son ilegales e ilegalizables, y que hay que proceder a la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad. También consta una propuesta a la Comisión de Gobierno de octubre de 2003, firmada por Juan Carlos Rodríguez y el Jefe de Servicio de Disciplina Urbanística Fernando Jiménez, dando un plazo de 20 días para la demolición del edificio y advirtiendo que, en caso contrario se impondrían las mencionadas multas coercitivas. Esta propuesta nunca fue llevada a la Comisión de Gobierno sin que se dieran explicaciones del por qué.

Ecologistas en Acción exige al Ayuntamiento que ordene la inmediata demolición de este edificio, que en caso de no acatarse la orden se proceda a demolerlo el propio Ayuntamiento con cargo al propietario, y que se proceda a la expropiación de dicha finca, a precio de suelo no urbanizable, para crear un gran parque público junto con el resto de pinares y retamares de la margen derecha de la Avenida de Fuentebravía. De no iniciarse y ejecutarse estos expedientes y la demolición del edificio, pondremos todo la documentación en manos de la fiscalía.