Las asociaciones ecologistas, vecinales, de consumidores, sindicatos, plataformas ciudadanas, organizaciones sociales y de desarrollo [1], en representación de muchos ciudadanos y ciudadanas preocupados por el cambio climático, manifestamos la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son la principal causa del mayor problema ambiental al que se enfrenta la humanidad.

El cambio climático está provocado por la actividad humana y sus impactos ya son evidentes. El IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas), en su último informe señala que la temperatura media ha subido 0,74º C en los últimos 100 años. Sin embargo, el IPCC también confirma que esos impactos se pueden mitigar estabilizando los gases de efecto invernadero de modo que no se superen los 2ºC de incremento de la temperatura global respecto a la época preindustrial, usando para ello las tecnologías actualmente disponibles o aquellas que se espera sean comercializadas en las próximas décadas e incidiendo en el ahorro energético.

Se trata además de un problema que afecta y afectará de forma más severa a los países empobrecidos que en modo alguno son responsables de su génesis. Entre las consecuencias más graves está la pérdida de producción agraria que aumentaría la inseguridad alimentaria, mayores dificultades para disponer de agua y mayor vulnerabilidad a enfermedades y catástrofes climáticas como sequías o inundaciones. Hay consenso en que el cambio climático hará crecer el número de refugiados ambientales.

En España esta subida de temperatura ha sido aún mayor y ello se ha traducido en que nuestros glaciares han reducido su extensión y las olas de calor y las sequías (como la que ahora padecemos) son cada vez más frecuentes. Es también perceptible una menor disponibilidad de recursos hídricos. Todos estos factores están teniendo ya graves consecuencias para sectores importantes de la economía como el agrario y el turístico.

Nuestro país debe reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno no tiene excusas para no actuar con la contundencia que los datos reflejan, particularmente dado el aumento de las emisiones en España, muy por encima del límite marcado por el Protocolo de Kioto.

A finales de Enero, la Comisión Europea presentó el “Paquete energético europeo” constituido por diferentes documentos legislativos para reducir las emisiones Europeas. Consideramos que el objetivo de reducción establecido en este paquete es insuficiente ya que considera la reducción global del 20% de emisiones para el año 2020 para Europa de los 27, comparado con los niveles de 1990, cuando los científicos del IPCC hablan de que se necesitan reducciones en los países desarrollados de entre el 25% y el 40% para evitar impactos destructivos en los ecosistemas, la economía y las sociedades. También es este el nivel de reducción reflejado en el acuerdo alcanzado por Naciones Unidas en Bali, y es el propio objetivo de la Unión Europea.

Por ello pedimos a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que implanten objetivos, planes y medidas concretas y urgentes para luchar contra el cambio climático y al gobierno que lidere esta lucha abogando por objetivos dentro de la Unión Europea mas ambiciosos. Pedimos que el gobierno apoye objetivos de reducción dentro de la Unión Europea, al menos un 30% para el año 2020 y un 80% para el año 2050, y adicionalmente a ello destine fondos para financiar la adaptación en países empobrecidos y su desarrollo limpio, que pueden proceder de la fiscalidad sobre los combustibles fósiles y nucleares. Estos fondos deben acompañarse de transferencias de tecnología en condiciones justas y de un cambio en las reglas del comercio mundial que reduzcan las desigualdades.

Además, el reparto que se ha hecho entre los Estados miembros tiene un efecto perverso para algunos países como España que han aumentado mucho sus emisiones entre 1990 y 2005. El objetivo de reducción de emisiones para nuestro país es más ambicioso en 2012 que el propuesto para 2020. Esta inexplicable situación no incentiva medidas de eficiencia energética en sectores como la edificación y el transporte. Por ello, pedimos al gobierno que cumpla el Protocolo de Kyoto principalmente con medidas internas y se comprometa con objetivos nacionales para 2020 mucho mas ambiciosos que los establecidos en el Paquete energético, que en ningún caso deberán ser menos ambiciosos que los establecidos por el Protocolo de Kioto.

Asimismo, el objetivo del borrador de la Directiva europea relativo a energías renovables es insuficiente para España si se quiere mantener el liderazgo en el sector. No debe además olvidarse que en nuestro país existen abundantes recursos energéticos renovables, un tejido industrial potente y en claro desarrollo y un nivel científico y tecnológico puntero. Según los datos disponibles, en 2007, había en España unos 90.000 puestos de trabajo directos en energías renovables, que ascendían a casi 200.000 si también se consideran los empleos indirectos. Un empleo que además es estable y de alta cualificación. Considerando el gran potencial español, nuestro país podría asumir un objetivo superior a otros países con menores posibilidades para estos desarrollos. Pedimos que se establezca que, al menos, el 30% de la energía primaria en España proceda de fuentes renovables en 2020.

Los cambios más urgentes y necesarios deben centrarse en la planificación energética a medio y largo plazo (modificando las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos en lo que sea necesario). Deben establecerse objetivos para el ahorro de energía y la producción renovable, tales como: reducción de la demanda de energía primaria en un 20% respecto a 2005 para 2020, contribución de las renovables a la energía primaria del 30% en 2020 y del 80% en 2050, a la generación de electricidad del 50% en 2020 y del 100% en 2050, y a la climatización de edificios del 80% en 2050.

No menos importante es una reforma del mercado eléctrico que simplifique los procesos administrativos y de autorización de las energías renovables, garantice el acceso prioritario a la red para los generadores renovables (eliminando toda discriminación en las tarifas de acceso) y reparta los costes de modificación y extensión de la red entre todos los consumidores.

El transporte motorizado sigue creciendo sin apenas control, alimentado por el desmesurado crecimiento de las infraestructuras y por una política que sigue priorizando el transporte privado sobre el transporte público colectivo y, en particular, los medios más insostenibles sobre los más eficientes. El transporte es también la principal causa de la fragmentación de los ecosistemas y uno de los mayores responsables del actual caos en la ordenación del territorio y la planificación urbanística, así como el motivo más relevante de la pérdida de habitabilidad de nuestras ciudades (contaminación del aire, ruido, falta de espacio…). Además, el transporte es el origen de una auténtica epidemia, los accidentes de tráfico, con unos costes sociales, laborales y económicos intolerables. El Plan de Infraestructuras (PEIT) debe replantearse teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad ambiental y la reducción drástica de su incidencia en el cambio climático. En este sentido, es urgente avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad intermodal.

La única solución energética sostenible al problema del cambio climático, así como a los múltiples problemas ambientales causados por el actual modelo energético, se basa en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. No basta con pequeños cambios, ni con políticas que por un lado favorezcan a las energías limpias y por otro mantengan los privilegios de las energías sucias. Por lo tanto, las administraciones públicas deben dejar de apoyar directa o indirectamente a las empresas y a las fuentes de energía sucia que provocan el cambio climático.

Además de al Gobierno Central, también pedimos a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos, a los partidos políticos, y a las empresas, sobre todo a las grandes compañías energéticas, que den a la lucha contra el cambio climático la prioridad que se merece.

Algunas medidas que consideramos urgente abordar son:

  • Elaborar, impulsar y aprobar leyes Contra el Cambio climático, de Ahorro y Eficiencia energética, de Movilidad Sostenible, de Energías Renovables y de fiscalidad ecológica.
  • No autorizar la construcción de nuevas refinerías de petróleo, y aplicar una moratoria de nuevas centrales térmicas a partir de combustibles fósiles, mientras no se demuestre que todas las alternativas de energía limpia (uso eficiente de la energía, gestión de la demanda, cogeneración y renovables) están agotadas o no son suficientes.
  • Poner en marcha un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares existentes. La nuclear no es la solución al cambio climático.
  • Revisar en profundidad el PEIT, condicionando y paralizando la construcción de todas las nuevas infraestructuras viarias hasta que se realice una correcta evaluación de su impacto ambiental , teniendo especialmente en cuenta su incidencia en la red Natura 2000.
  • Poner fin a las subvenciones, directas e indirectas, a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, e internalizar todos sus costes externos sociales y ambientales, asegurando que el precio de la energía final refleje todos los costes según la fuente de energía utilizada. Contaminar tiene que salir caro.
  • Eliminar las subvenciones, directas e indirectas, a proyectos de I+D en tecnologías que no pueden ser de ninguna manera la solución al cambio climático y sin embargo suponen graves riesgos ambientales.
  • Aprobar una planificación energética de medio y largo plazo que establezca objetivos concretos, de obligado cumplimiento, para el ahorro y uso eficiente de energía y la producción renovable.
  • Reformar el mercado eléctrico eliminando las barreras a las renovables, y a la gestión de la demanda.
  • Prohibir la producción de gases de efecto invernadero como los CFCs y HCFCs que aún se sigue realizando en nuestro país, a pesar de que su uso está prohibido en Europa.
  • Dar más y mejores ayudas para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en los países empobrecidos. Crear un fondo de adaptación, que puede proceder de la fiscalidad sobre los combustibles fósiles y nucleares, que permita desarrollar actuaciones para paliar los impactos del cambio climático.
  • Facilitar la transferencia de tecnología a los países empobrecidos en condiciones justas, en pago de la deuda ecológica.
  • Contribuir al desarrollo de un modelo agroalimentario sin incidencia en el medio ambiente, que tenga en cuenta el derecho de los pueblos a una alimentación y medio ambiente sano, a decidir los alimentos que quiere consumir y cómo se tienen que producir y a definir su propia política agraria y alimentaria, con pleno acceso a la tierra, al agua y a las semillas.
  • Promocionar y apoyar a las empresas que adapten sus procesos productivos minimizando su incidencia en el cambio climático mediante cambios a tecnologías más limpias, reducción del consumo de energía y de agua, implantación de sistemas de gestión ambiental verificados, etc.
  • Exigir a las administraciones públicas (central, autonómicas y locales) medidas que en el marco de sus competencias implanten y favorezcan políticas que frenen el cambio climático.
  • Promover campañas de sensibilización ciudadana y educación ambiental para que cada uno contribuya en su ámbito de acción a la reducción de emisiones.

Los ciudadanos y ciudadanas les pedimos medidas efectivas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero y paliar esta grave amenaza. Esto requiere una profunda transformación del modelo energético.

Exigimos a las administraciones que afronten sus responsabilidades promoviendo las acciones legislativas y reglamentarias pertinentes para conseguir entre todos este objetivo.

Si se actúa ya, aún es posible combatir el mayor problema global del S.XXI.

Notas

[1] Acsur-Las Segovias/Amigos de la Tierra/ CIMAS/ Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España/ Ecologistas en Acción/ Entrepueblos/ Fundación Ipade/ Greenpeace/ Jóvenes Verdes/ MPDL/ Mountain Wilderness/ Pedalibre/ Plataforma 2015 y más/ SEO-Birdlife/ Veterinarios sin Fronteras/ WWF-Adena/CECU/ Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid/ FAPA “Giner de los Rios”/CGT/ CC.OO de Madrid/Confederación Intersindical (STEs-STAS-SF)/ UGT-Madrid/ Unión Sindical Obrera/Campaña ¿Quién Debe a Quién?/ Coordinadora Salvemos la Sierra/ Foro por Orcasitas/ Foro Social de Madrid/ Plataforma Cantera de Yeso en Seseña NO/ Plataforma Toledo Aire Limpio/ Térmicas No-Aire Limpio/ATTAC-Madrid/ COOP-57/ Cristianos de Base de Madrid/ Espacio Alternativo/ Justicia y Paz/ Liberación-Amauta