Exigen que se prohíba el vertido tóxico de la Mina de Las Cruces

Las organizaciones ecologistas y de conservación de la naturaleza Amigos de la Tierra, Greenpeace España, SEO/BirdLife, WWF/Adena, Ecologistas en Acción y Adecuna de Aznalcóllar exigen a la nueva Consejera Cinta Castillo que anule la autorización dada a la empresa minera Cobre Las Cruces (CLC) para verter de manera continua al Estuario del Guadalquivir 900 millones de litros anuales de aguas contaminadas con Arsénico, Mercurio, Cadmio, Cobre, Plomo y Zinc. También exigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que cumpla con su cometido de garantizar la integridad del acuífero Niebla-Posadas frente a los riesgos de la mina.

Los grupos ecologistas, ahora que se cumplen 10 años del vertido tóxico de las minas de Boliden en Aznalcóllar, hacen esta petición a la Junta y a la CHG para que demuestren que realmente han aprendido la lección de la catástrofe anunciada de 1998, en materia de prevención de contaminación de ríos y acuíferos, y para evitar riesgos contra la salud de las personas.

El vertido autorizado por la Junta procede de las aguas residuales industriales de la Planta Hidrometalúrgica situada dentro del recinto minero. El punto de vertido en La Algaba, apenas 3 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Sevilla, está situado en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Bajo Guadalquivir, espacio protegido de la Red Natura 2000 cuyas aguas finalmente se introducen en las marismas de Doñana. Durante su recorrido hasta el mar, el vertido tóxico afectará a la seguridad alimentaria de cientos de hectareas de cultivos de cítricos y arroz y a una rica zona de reserva pesquera que garantiza la acuicultura y la biodiversidad marina en la desembocadura de Sanlúcar de Barrameda.

Los ecologistas consideran por tanto una irreponsabilidad ambiental y un riesgo innecesario para la salud de las personas, permitir que CLC pueda disponer de una tubería directa al Guadalquivir para verter aguas contaminadas de por vida. Incluso una vez clausurada la mina, tras su permiso inicial de 15 años, podría seguir funcionando la planta industrial con materia prima de otras minas, y por tanto, podría seguir funcionando el vertido tóxico.

Los ecologistas consideran que la Junta tiene la obligación de aplicar contundentemente la Ley 16/2002 de control y prevención de la contaminación, exigiendo a Las Cruces que apliquen todas las mejores técnicas disponibles que permitan depurar y reutilizar el 100% de sus aguas residuales industriales hasta conseguir la situación real de VERTIDO CERO. Y más aun cuando esta empresa ha recibido 53 millones de euros de subvenciones públicas a fondo perdido y el actual precio del cobre permite estimar unos beneficios mínimos para CLC de 3.000 millones de euros.

Es evidente por tanto que dado que el vertido todavía no ha comenzado, la situación de contaminación es previsible y evitable.

Otro elemento hidrológico afectado por la mina de Las Cruces es el acuífero Niebla-Posadas, que será literalmente atravesado por la corta minera antes de llegar al filón de cobre, lo que supone un gravísimo riesgo para la integridad del mismo. Este acuífero, castigado también por las minas de Aznalcóllar, es la mayor reserva de agua de la comarca del Aljarafe y pieza clave para situaciones de emergencia en el escenario actual de cambio climático y sequía crónica. De hecho, las severas normas de protección establecidas para este acuífero en el Plan Hidrológico (PHG) se impusieron a CLC como condiciones insoslayables para poder autorizar el proyecto minero. Sin embargo, los ecologistas tienen serías y razonables dudas de que se vayan a cumplir fielmente todas esas medidas de protección. Por ello, exigen a la Confederación Hidrográfica que las haga cumplir con contundencia, y que para garantizar la integridad del acuífero, si es necesario, no dude en decretar la paralización de los trabajos mineros, tal como se establece en la autorización otorgada para el sistema de protección del acuífero.

Son demasiados los lugares comunes entre la catástrofe de las minas de Aznalcóllar de 1998 y la situación actual de la mina de Las Cruces en 2008, a saber, minería a cielo abierto de metales pesados, vertidos tóxicos, estuario del Guadalquivir, Doñana, acuífero Niebla-Posadas, Junta de Andalucía, CHG, subvenciones públicas, multinacional minera, advertencias ecologistas previas durante años, etc. Demasiadas similitudes para que otra vez, por negligencia o dejación de las funciones en materia de prevención y control de contaminación, pueda ocurrir una catástrofe similar en pleno siglo XXI.




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