La Comisión Europea acepta la denuncia contra el vertedero de Miramundo

La Comisión Europea acepta la denuncia de Ecologistas en Acción contra la Autorización Ambiental Integrada al vertedero de Miramundo.

El 30 de abril de 2008 ha finalizado el último plazo de la Directiva sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) para que las instalaciones industriales obtengan su autorización ambiental integrada (AAI), un permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea. El 30 de octubre del año pasado la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz concedió de manera incomprensible la AAI al vertedero de Miramundo, sin que éste hubiera cumplido ninguno de los requisitos que exige la ley IPPC, por lo que Ecologistas en Acción presentó recurso de alzada contra la Consejería y elevó una queja ante la Unión Europea. Con fecha 7 de abril de este año, la Comisión Europea ha registrado esta denuncia y la ha asignado a la Dirección General de Medio Ambiente.

La intención de la Directiva europea es la de procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo la contaminación en origen a través de las Mejores Técnicas Disponibles y los valores límites de emisión. Con esta ley, las autoridades comunitarias pretenden también unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno único, la Autorización Ambiental Integrada.

La AAI a Miramundo carece de todo fundamento, pues el vertedero acepta los residuos sin ningún tratamiento, no funciona la planta de compostaje previo ni la de biometanización, incumple toda la normativa de residuos y representa una amenaza muy seria para el futuro de las basuras en nuestra provincia. La Ley de Patrimonio Natural concedió un plazo provisional de 6 meses para que las instalaciones afectadas por la IPPC cumplieran todos los requisitos de carácter ambiental. Este plazo ha terminado en el día de hoy sin que Miramundo resuelva los requerimientos ambientales. La AAI de la Delegación Provincial concedía un plazo de 3 meses para “adaptar la gestión del vertedero a las exigencias de tratamiento previo de los residuos” y otro de 6 meses para que “ Biorreciclaje acredite medidas correctoras”. Ninguno de estos compromisos ha sido satisfecho por Biorreciclaje, por lo que Ecologistas en Acción solicita la retirada de la Autorización Ambiental Integrada a Miramundo, el inicio de las sanciones que contempla la Ley 16/2002 de IPPC y el cese inmediato de los responsables de Miramundo, A. Ramírez y A. Fernández. La Ley contempla multas de hasta 2 millones de euros “cuando de hayan incumplido las condiciones establecidas en la AAI y se haya producido un daño grave en el medio ambiente”.

Más allá de la incapacidad administrativa y la desidia empresarial, hay que lamentar que las autorizaciones ambientales otorgadas no consideran las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado por cada actividad, limitándose a trasladar los límites de emisión de la normativa vigente, dándose la situación absurda de que muchas autorizaciones permiten a sus titulares contaminar en mucho mayor grado de lo que venían haciendo en la última década.
Una Ley que pretendía incorporar las mayores exigencias y garantías ambientales se está convirtiendo una vez más en un mero trámite burocrático, traicionando su objetivo de “evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la
atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto”.

Confiamos en que el buen criterio de la Comisión Europea no consienta esta inaceptable aplicación de la Ley IPPC y ésta pueda ser empleada de verdad en una mejora real de nuestro maltratado medio ambiente.




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