Ecologistas en Acción de Cádiz ha decidido, coincidiendo con el día mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, conceder el execrable Premio “Atila” a:

Biorreciclaje, por ser incapaz de poner en marcha la planta de biometanización de los residuos urbanos en Miramundo (Medina Sidonia, Cádiz) ni la de compostaje, practicando un ocultismo intolerable y ampliando los frentes de vertido de las basuras sin límite. Este vertedero continúa acumulando basura urbana sin ningún tipo de tratamiento, contraviniendo toda la legislación comunitaria en materia de residuos, sin que la Consejería de Medio Ambiente haya procedido a la corrección de esta insostenible situación, que lleva arrastrándose demasiados años. El compostaje de la fracción orgánica de la basura no se realiza, con lo que la basura en bruto se vierte en nuevos frentes de depósito. Además, la planta de biometanización que debería haber tratado el gas metano para obtener energía eléctrica, nunca ha funcionado.

El 30 de abril de 2008 finalizó el último plazo de la Directiva sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) para que las instalaciones industriales obtengan su autorización ambiental integrada (AAI), un permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea. El 30 de octubre del año pasado la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz concedió de manera incomprensible la AAI al vertedero de Miramundo, sin que éste hubiera cumplido ninguno de los requisitos que exige la ley IPPC, por lo que Ecologistas en Acción presentó recurso de alzada contra la Consejería y elevó una queja ante la Unión Europea. Con fecha 7 de abril de este año, la Comisión Europea ha registrado esta denuncia y la ha asignado a la Dirección General de Medio Ambiente.

La AAI a Miramundo carece de todo fundamento, pues el vertedero acepta los residuos sin ningún tratamiento, no funciona la planta de compostaje previo ni la de biometanización, incumple toda la normativa de residuos y representa una amenaza muy seria para el futuro de las basuras en nuestra provincia. La Ley de Patrimonio Natural concedió un plazo provisional de 6 meses para que las instalaciones afectadas por la IPPC cumplieran todos los requisitos de carácter ambiental. Este plazo ha terminado en el día de hoy sin que Miramundo resuelva los requerimientos ambientales. La AAI de la Delegación Provincial concedía un plazo de 3 meses para “adaptar la gestión del vertedero a las exigencias de tratamiento previo de los residuos” y otro de 6 meses para que “Biorreciclaje acredite medidas correctoras”. Ninguno de estos compromisos ha sido satisfecho por Biorreciclaje, por lo que Ecologistas en Acción de Cádiz ha solicitado la retirada de la Autorización Ambiental Integrada a Miramundo, el inicio de las sanciones que contempla la Ley 16/2002 de IPPC y el cese inmediato de los responsables de Miramundo, A. Ramírez y A. Fernández. La Ley contempla multas de hasta 2 millones de euros “cuando de hayan incumplido las condiciones establecidas en la AAI y se haya producido un daño grave en el medio ambiente”.

Más allá de la incapacidad administrativa y la desidia empresarial, hay que lamentar que las autorizaciones ambientales otorgadas no consideran las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado por cada actividad, limitándose a trasladar los límites de emisión de la normativa vigente, dándose la situación absurda de que muchas autorizaciones permiten a sus titulares contaminar en mucho mayor grado de lo que venían haciendo en la última década. Una Ley que pretendía incorporar las mayores exigencias y garantías ambientales se está convirtiendo una vez más en un mero trámite burocrático, traicionando su objetivo de “evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto”, por tal motivo se le nomina a la empresa Biorreciclaje el Premio Atila Cádiz 2008.

Asimismo, el Premio “Caballo de Atila”, se le concede al Diputado del Congreso y portavoz de infraestructuras del Ministerio de Fomento, Salvador de la Encina, que se empecina a meter la Autovía A-7 por el Pinar del Rey, este personaje es el principal participe de la destrucción el acuífero del Pinar del Rey, el cual, tiene una capacidad de 84 Hm3 y, durante la sequía que sufrimos en el año 1995, suministró a la comarca del Campo de Gibraltar. De llevarse a cabo esta autovía se perderá, irremediablemente, esta reserva de un bien tan necesario como es el agua.

El Pinar del Rey, de 386 hectáreas, es uno de los enclaves naturales de mayor diversidad biológica del Campo de Gibraltar. Existen aquí numerosas poblaciones de especies catalogadas como vulnerables en el Catálogo de la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía, así como numerosas especies de flora amenazada.

La Autovía A-7 pasa justo por encima del arroyo de la Alhaja, una fuente con más de 200 años de historia, que recibe 1.000.000 de visitas al año. De hecho el Pinar del Rey, en los meses de primavera y otoño acoge más de 10.000 visitantes durante los fines de semana. Este área de esparcimiento sí es de verdadero “interés público”, interés que también se perderá con el funcionamiento de la autovía.

Entendemos que en una zona como el Campo de Gibraltar, no se puede consentir que se destruyan zonas forestales como esta, ya que supone un verdadero pulmón para mitigar la contaminación proveniente del polígono industrial. El Pinar del Rey es un monte de uso público y por lo tanto de todos los habitantes de la comarca.