Estepona: Situación urbanística y acción ecologista

La situación creada a raíz de la puesta en marcha de la “Operación Astapa” en Estepona (Málaga) era de esperar, especialmente después de la “Operación Malaya” llevada a cabo en Marbella. De hecho siempre fue esperada por el movimiento ecologista local, por lo que llevábamos años esperando a que se produjera. La situación urbanística en Estepona, relacionada con tramas corruptas, no es una situación creada “de novo”, sino la consecuencia de una malformación de décadas en la gestión municipal y en el tratamiento del territorio. Y no ha sido ignorada por los distintos gobiernos territoriales ni por los jerarcas de los partidos políticos, ni aún por la sociedad local. No es un problema local, sino que está extendido por toda la costa mediterránea y aún de muchos municipios del interior del país. Sencillamente, se ha dejado estar hasta que la situación ha sido completamente insostenible hasta para los propios estamentos que lo han consentido y hasta potenciado. Por tanto, es una responsabilidad compartida por todos, cada uno con el porcentaje correspondiente. Es el sistema sociopolítico y económico el que falla. Es el modelo de desarrollo, completamente insostenible y corrupto per se. El caso de Estepona es solamente el triste botón de muestra de un país que se ha transformado en una caricatura bochornosa.

Informe Estepona: Situación urbanística y acción ecologista

En Estepona, partimos de un pueblecito costero, cuya economía era básicamente agrícola, ganadera y pesquera, hasta mediada la década de los 70, hace unos 40 años, con pequeñas fuentes económicas complementarias asociadas al turismo y un incipiente sector de la construcción. La fisonomía del pueblo, salvo alguna actuación poco respetuosa en el extrarradio y los primeros barrios formados por bloques de pisos, era la típica de un municipio rural y marítimo andaluz, con calles estrechas, empinadas, jalonadas de casas blancas de no más de dos alturas.

Pero el modelo especulativo ya había arrancado a principios de los 60. A partir de ese momento, asistimos a la aprobación, durante toda la década de los 60, de los proyectos de construcción del Hotel Atalaya Park, pionero en la zona (1963); la urbanización Saladillo (1965); la Residencia Internacional de las Cajas de Ahorro denominada ISDABE (1966); el Golf Atalaya Park (1966); el Hotel Playa del Sol (1967), la urbanización El Paraíso (1968) y una relación de hoteles y urbanizaciones que paulatinamente van ocupando todos los rincones del litoral esteponero, desplazándose el fenómeno de Este a Oeste progresiva y continuamente.

Con la segunda oleada del boom turístico, a finales de la década de los 70 y principios de los 80, se inició lentamente y se aceleró descarada y vertiginosamente la expansión urbanística de Estepona ya con conceptos que nada tienen que ver con la tipología tradicional y violando el dominio público marítimo-terrestre en las zonas costeras limítrofes del término municipal. Aparecen urbanizaciones tan agresivas como Forest Hill, en una de las fincas con mayor valor ecológico del territorio esteponero: Las Abejeras.


 1985-1999

En 1985 surge el Grupo Naturalista Sierra Bermeja (GRUNSBER), primer grupo ecologista local, coincidiendo con el final de un periodo de creciente expansión urbanística, desordenada pero lenta, pero no como contestación directa a este problema. El municipio se regía por Normas Subsidiarias aún. En los primeros años 90 hay una crisis en la construcción y en 1994 se aprueba el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). GRUNSBER presenta alegaciones centradas principalmente en el exceso de viarios y de zonas urbanizables, especialmente en el litoral y en la zona de “Las Abejeras”, hoy controlada por la promotora AIFOS, y la falta de protección de zonas de alto valor ecológico. En ese PGOU se presentó su actuación estrella de carácter social el “Parque Central”, que sería el pulmón verde de Estepona y dotado de infraestructuras públicas: parque, nuevo ayuntamiento, teatro… y viviendas sociales. Los terrenos están mayoritariamente ocupados hoy por grandes bloques de pisos de renta libre.

Gobierna en Estepona desde 1991 Miguel Castro (PSOE), antes lo habían hecho Sánchez Bracho (CDS, 1986–1991), el mismo Castro (1983-1986) y Antonio Murcia (PTA, 1979-1983). Con Castro de alcalde es teniente-alcalde el concejal de cultura, José Flores Simón, actual jefe del gabinete de alcaldía de Antonio Barrientos.

Entre 1990 y 1994 GRUNSBER denuncia en prensa y ante distintas administraciones públicas problemas derivados del crecimiento urbanístico desordenado como el gran problema de los residuos, el laberinto de tendidos eléctricos en zona rural y el incipiente problema de las recién aparecidas canteras al oeste de Estepona y aún en el municipio de Casares. También se denuncian construcciones que vulneran la ley de costas, como el Edificio Jacaranda en el límite oriental de la playa de La Rada. Además, el grupo naturalista se une al Grupo de Trabajo Valle del Genal (1992) como respuesta al proyectos de embalsar el agua del río Genal, al otro lado de Sierra Bermeja. Las motivaciones aludidas en ese proyecto incluyen el abastecimiento al crecimiento urbanístico desmesurado en la Costa del Sol Occidental. Actualmente, los proyectos urbanísticos de esta comarca siguen contando con el escaso caudal del río Genal como solución al abastecimiento de agua. GRUNSBER trae a Estepona el concepto de la “Nueva Cultura del Agua” acuñado en la Universidad de Zaragoza y manejado como base de la lucha contra la política hiper-desarrollista de la Costa del Sol.

En 1995 con el GIL recién llegado a la alcaldía, y recién superada la crisis de la construcción de los últimos años, se produjo un gran incendio en la zona del actual parque SELWO. Inmediatamente salió a la luz pública el proyecto de parque zoológico. GRUNSBER fue el único grupo social o político que se atrevió a decir en prensa que ubicar esa instalación en la zona quemada, además de un altísimo impacto ambiental, suponía una ilegalidad y que el fin último era dedicar esa zona, No Urbanizable, a la recalificación por suelo residencial. En la actualidad, distintas parcelas alrededor de Selwo han sido construidas y se proyecta la construcción en otras tantas. Ciertamente, el GIL marcó un antes y un después en la gestión del ordenamiento territorial de Estepona. Se crearon las empresas municipales y se eludió el control del pleno municipal. Todos los que han gobernado después del GIL continuaron con las formas del GIL, aunque revestidas de cierta apariencia de “legalidad”. El alcalde “de facto” en Estepona durante esa legislatura, y secretario general del partido GIL, fue José Ignacio Crespo de Lucas, presidente del Partido Estepona (PES), detenido en la Operación Astapa. En 2006, el gobierno de Barrientos, con Crespo compartiendo responsabilidades de gobierno anunció su intención de reclasificar 600.000 metros cuadrados de los 900.000 que hay en el recinto de ocio natural «Selwo». Su propio partido, con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (PSOE) a la cabeza, tuvo que impedir esta barbaridad.

En 1998 GRUNSBER denunció ante el Ayuntamiento de Estepona la ilegalidad de la concesión a una empresa creada “ad hoc” de la gestión de la mayor finca municipal, de los propios de Estepona, el monte público de Sierra Bermeja, protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, como Complejo Serrano. Tras ser desestimado nuestro recurso en el ámbito administrativo presentamos un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en la actualidad está en fase de conclusiones, esto es, próximo a que se dicte sentencia por parte de la Sala. GRUNSBER en su demanda pide la nulidad del acuerdo de adjudicación a favor de la sociedad Los Reales de Sierra Bermeja, S.L. por una larga lista de irregularidades, que están acreditados en los autos. La cesión, por 35 años, suponía una venta en la práctica. El canon anual de la concesión, esto es, el pago al ayuntamiento por la concesión, asciende a 7 millones de pesetas anuales, de los cuales dos tercios podrían abonarse en especie. La Delegación de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga estuvo de acuerdo. El equipo de gobierno de GIL no consiguió sacar adelante el proyecto. En 2001 la práctica totalidad del proyecto había desaparecido de la delegación municipal de medio ambiente. En 2003, el gobierno municipal del PP, gobernado por Rosa Díaz, intentó retomar el proyecto, pero la contestación social hizo que la Delegación de Medio Ambiente de Málaga se lo pensara mejor y vetara el proyecto. Rosa Díaz tomó represalias contra el vicepresidente de GRUNSBER y lo despidió ilegalmente. La señora Díaz es actualmente la única concejal del partido Estepona 2007 y ha compartido en la actual legislatura responsabilidades de gobierno con Barrientos (PSOE). En la actualidad, la empresa concesionaria de la gestión de Sierra Bermeja, Sierra Bermeja S.L., renunció al “derecho” adquirido ante el ayuntamiento, pero las dos corporaciones comandadas por Barrientos han seguido manteniendo la idea de privatizar los usos de Sierra Bermeja. Tanto durante la corporación regida por Rosa Díaz como durante las de Antonio Barrientos la Asesoria Juridica Municipal ha pretendido a toda costa la validez del acuerdo de adjudicación.

Ese mismo año 1998, GRUNSBER plantea un contencioso-administrativo contra la empresa Longside Limited que mantiene cortada la vía pecuaria de la Vereda del Camino de Igualeja a la altura del vado del río Castor (Cortijo San Francisco). El juzgado falló a favor de GRUNSBER. Ningún gobierno municipal de Estepona se ha preocupado de que se cumpla la sentencia judicial. A finales de ese año GRUNSBER decide participar en la fundación de la federación ecologista “Ecologistas en Acción” y meses más tarde se decide una escisión. El grupo comarcal de Ecologistas en Acción se denominará “Sierra Bermeja” y GRUNSBER se dedicaría a labores exclusivamente naturalistas. Ecologistas en Acción – Sierra Bermeja toma el relevo de GRUNSBER en las labores ecologistas comarcales. En este sentido, reivindica públicamente con notas de prensa la restitución del Camino de Igualeja en los años 2000 y 2003.


 1999-2008

A partir de 1999, Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja no ha dejado de llamar la atención sobre el sinsentido de la expansión urbanística completamente desordenada, a gusto de los promotores venidos de todas partes. Quien paga, manda. Si hay que cambiar la norma legal, se cambia. Así, en 2003, Estepona ya había cambiado su PGOU en más de 70 unidades de ejecución y se ha perdido toda identidad como pueblo. Los recursos naturales y culturales del municipio están prácticamente sepultados bajo innumerables urbanizaciones a lo largo de los 21 kilómetros de costa. Sólo quedan libres algunos retazos muy pequeños, como la duna de Casasola. Aparejado a la bonanza económica producida por la burbuja inmobiliaria en continuo crecimiento, la nómina municipal ha ido creciendo paralelamente. Todos los partidos que han pasado por el gobierno municipal (PSOE, PP, PA, IU, GIL, PES, Estepona 2007) han colocado a sus allegados, votantes, familiares… hasta completar una nómina que supera los 1.300 trabajadores entre el ayuntamiento y las empresas municipales que, a fin de cuentas, cobran de la misma caja (53 millones de euros anuales). A los cargos de confianza, salvo honrosas excepciones, les blindan contratos de alta dirección antes de que el concejal que los nombró abandone el cargo por cambio de gobierno. Siguen cobrando de la cosa pública. Para cobrar hay que conveniar suelo. Si no entra dinero de los convenios urbanísticos en las arcas municipales, no hay paga. El gasto por nómina municipal llega a ser el 95% del presupuesto del ayuntamiento. Hay que tragar por lo que sea. La situación se hace obviamente insostenible.

En 1999 el GIL no alcanza la mayoría absoluta y se establece un pacto de gobierno cuadripartito: PSOE-PP-PA-IU. Los cabezas de lista compartían responsabilidades, por acuerdo, en materia de urbanismo. Eran Antonio Caba (PSOE), Manuel Sánchez Bracho (PP), Rafael Montesinos (PA) y Antonio Murcia (IU). Durará poco. El alcalde es Antonio Caba, que acaba dimitiendo por problemas con la justicia y le sustituye su amigo y compañero Antonio Barrientos, candidato independiente en la lista del PSOE. Durante el gobierno de Caba, el jefe del gabinete de alcaldía es José Flores. En 2001 ha desaparecido el GIL y sus concejales se han repartido entre el grupo mixto y la integración en el PP. Se produce una moción de censura y pasa a gobernar Rosa Díaz (PP) en compañía de cuatro ex - concejales del GIL, ahora en el grupo mixto. Los tres ex–gilistas restantes, entre ellos José Ignacio Crespo y Juan Manuel Rodríguez, que van a formar el Partido Estepona (PES) antes de que acabe la legislatura, permanecen en la oposición en el grupo mixto. Como compensación al cabeza de lista del PP, Sánchez Bracho, que fue vetado como alcaldable por los ex-gilistas, se le nombra presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. En el gobierno de Díaz, el concejal delegado de urbanismo es el actual concejal y líder del PP, Ignacio Mena.

Asociado a la gran expansión urbanística, los desmanes contra el medio ambiente se multiplican. Se borran cursos fluviales. Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja denuncia en 2000 al Ayuntamiento de Estepona y la promotora Costalita, por las fuertes matarrasas en el cauce bajo del arroyo El Saladillo, junto a la urbanización Paraíso Barronal, en una zona que hoy se propone como lugar a proteger. En los últimos años se ha denunciado en foros de Internet propios y ajenos la situación dislocada de la minería a cielo abierto de áridos (canteras), de las que el propio ayuntamiento ha llegado a negar su evidente existencia en el municipio (no constan).

El mismo año 2000 el ayuntamiento firma un convenio con la empresa Sun Farm S.A., propietaria de una parcela de 2.132.625 metros cuadrados, presuntamente irregular que queda sin denunciar. Se redacta desde la delegación de urbanismo un “plan parcial así como la modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana , requisitos necesarios para que se pueda contar con una edificabilidad de 65.000 metros cuadrados y tenga los usos hotelero, residencial unifamiliar, residencial tipo pueblo mediterráneo y otros usos compatibles”. Hoy, la finca pertenece a la empresa Aifos, que tiene limitada la construcción, pero sigue vendiendo viviendas sobre plano. Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja lo ha denunciado (2008) en los medios directamente al actual concejal de urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), y en su página web. También se denuncian otros proyectos preparados para zonas forestales de alto valor ambiental (Pinar de Nicola), que nunca llegaron a prosperar. Anteriormente, a finales de 2006, Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja había denunciado lamentable estado en que se encontraban las 8 Zonas de Interés Comunitario de la Unión Europea (en adelante ZEC), antiguos Lugares de Interés Comunitario (LIC), del municipio. Y entre los peligros que acechan a las ZEC tienen especial importancia la agresión a los ZEC fluviales, 5 en el municipio, por motivos de la expansión urbanística y la “defensa de riberas” con escollera de cantera. Las promociones Sierra Dorada (Aifos) y Pinar de Nicola (La Perla Living) afectaban directamente a la ZEC del río Castor. En febrero de 2007 Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja promueve la firma de un “Manifiesto por los ríos de Sierra Bermeja” y lo publicita a través de su espacio web.

En 2003 vuelven a celebrarse elecciones. Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja manda un documento con sus propuestas a todos los grupos que concurren al plebiscito: PSOE, PP, PES, IU-LV-CA y PA. Tras el evento, un extraño pacto de gobierno lleva a Barrientos, nuevo alcalde, a gobernar en coalición con José Ignacio Crespo (PES) y Antonio Murcia (IU). El jefe del gabinete de alcaldía vuelve a ser, hasta su encarcelamiento por implicaciones en el caso Astapa, José Flores Simón. Tras 100 días de gobierno, se le envía una carta al alcalde. Era previsible la callada por respuesta. En dicha carta, en el primer punto se le dice:

1º. ORDENACIÓN URBANÍSTICA. Próximos a la revisión del PGOU no podemos dejar de llamar la atención sobre el principal problema ambiental del municipio de Estepona: la política urbanística, pasada, presente y, seguramente, futura. El caos urbanístico es claro y manifiesto. El Ayuntamiento de Estepona es esclavo gustoso de promotoras urbanísticas, que campean a sus anchas sin limitación efectiva de ningún tipo, y especuladores, ya que los convenios urbanísticos y las licencias de obra suponen la única solución que nuestros representantes políticos son capaces de ver para afrontar una nómina de trabajadores disparatada y el clientelismo político, además de otros intereses menos claros. Todos los partidos políticos en Estepona están vinculados, a través de sus representantes o altos cargos, a negocios urbanísticos privados o públicos. Muchos recursos naturales y económicos de este municipio están siendo definitivamente sepultados por una urbanización carente de planificación efectiva –más de medio centenar de modificaciones del PGOU y una falta total de policía en construcciones ilegales-, incontrolada, insostenible y falta de toda previsión. Tanto el sistema agrícola como los dominios públicos: riberas, vías pecuarias y caminos tradicionales y litoral corren riesgo inminente de desaparición irreversible. ¿Cómo piensa el equipo de gobierno afrontar la situación que se nos plantea?

En lugar de atender a nuestros requerimientos, se presenta un ambicioso PGOU en 2005, que preveía 82.000 viviendas. Luego fue rebajado en 25.000, para atenerse a las nuevas normas andaluzas. De todas formas son casi 50.000 viviendas para 15 años. A finales de 2005 el gobierno de Barrientos, incluso, intentó sortear las restricciones que impondría la modificación de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) tratando de aprobar, dos días antes de su entrada en vigor, 8 convenios urbanísticos que le hubieran reportado 24 millones de euros al ayuntamiento, en un total de 13 asuntos urbanísticos llevados a pleno. Afortunadamente, no le funcionó la treta y no prosperó el intento. Se llegó a hablar de un millón de metros cuadrados de suelo a recalificar como urbanizable. Su propio partido le paró los pies para no caer en la incoherencia de hacer una ley y vulnerarla sin que siquiera darle tiempo a entrar en vigor.

Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja pidió en 2.005, en escrito oficial al entonces concejal de medio ambiente, Juan Manuel Rodríguez (PES), información sobre el estado administrativo de las canteras de Estepona. No hubo contestación. Años antes, durante la corporación anterior (2001-2003), se había comunicado verbalmente al servicio de medio ambiente del ayuntamiento de Estepona y al jefe de la patrulla comarcal del SEPRONA, de la Guardia Civil, la situación presuntamente irregular del sector minero en la comarca. No se observaron reacciones. Las canteras suponen una actividad extractiva, minera, básica para el crecimiento urbanístico y crecen al ritmo que la demanda urbanística impone. Las canteras en Estepona han sido hasta ahora un tema tabú y su control lo ha ejercido en el municipio, entre 1995 y 1999 y con Jesús Gil Marín en la alcaldía, Juan Manuel Rodríguez Ortega (GIL), como concejal de medio ambiente, y su correligionario Santiago R. Plan, director de área de medio ambiente en época GIL; después el actual alcalde accidental, Rafael Montesinos (PA), entre 1999-2001; luego el ex–concejal del PP Miguel Ángel López (2001-2003); otra vez Juan Manuel Rodríguez (2003-2007), ahora con el PES y, desde entonces, la concejal Lina Rivas (PA). En 2.003 algunas de las canteras de Estepona "no existían" para el ayuntamiento aunque llevaran años funcionando. En este sentido, en el mismo escrito de 2003 enviado al alcalde, se dice en su punto segundo:

2º. CANTERAS Y OTRAS EXPLOTACIONES MINERAS. La proliferación y desorganización de las explotaciones de áridos resulta cada día más asfixiante. Las empresas del sector (canteras, graveras, cementeras, escombreras, plantas asfálticas…) son en su gran mayoría ilegales, ya que carecen de la documentación requerida por la ley, especialmente de licencia de apertura del ayuntamiento y estudio de impacto ambiental. Valiosísimas zonas del municipio están siendo destruidas por instalaciones ilegales. ¿Qué piensa hacer esta corporación al respecto?

Juan Manuel Rodríguez es familiar de segundo orden de los dueños de la principal empresa minera local Ortega Vela S.A. –ORVESA-. En los últimos años, la empresa minera Carmín Floria, S.L., con canteras presuntamente ilegales en Estepona, ha colaborado con la delegación de fiestas del ayuntamiento de Estepona con sus vehículos todoterreno publicitados con el logotipo y el nombre de la empresa arrastrando las carrozas en las distintas cabalgatas de las fiestas esteponeras (fue publicado en 2006 en un foro de internet). Nadie ha podido aún saber oficialmente el estado de legalidad de las canteras en Estepona hasta hoy. Nadie se ha expresado públicamente ni se ha visto que se intente poner orden en el sector, salvo muy raras excepciones de última hora, en 2008, desde la delegación de urbanismo de Estepona, dirigida por Rafael Duarte (PSOE).

En 2006 está en construcción un edificio en una parcela “hotelera” que vulnera la ley de costas. Lo edifica la empresa PRASA entre la avenida costera y el mar, se eleva por encima de lo que la licencia municipal le permitía. La federación malagueña de Ecologistas en Acción, a propuesta del grupo comarcal de Estepona selecciona este lugar para izar la bandera negra de ese año. En 2007, tras las presiones sociales y políticas, y ante las perspectivas electorales, el candidato a la alcaldía Barrientos se compromete a derribar el edificio ilegal. El Consistorio entregará a la empresa unos 15.000 metros cuadrados más de techo en Arroyo Antón, ubicado en la zona del río Velerín, en primera línea de playa, zona en la que Prasa ya cuenta en propiedad con unos terrenos que contarían con unos 10.000 metros cuadrados de techo, con lo que el volumen total podría acercarse a los 25.000 metros cuadrados de techo. Pero lo curioso del caso es que en esta ocasión y con el traslado de volumen de construcción a los terrenos de Arroyo Antón, la constructora pasa a disponer de suelo residencial y no hotelero como el que se contemplaba en la licencia del edificio a derribar. Aparte, la empresa también recibirá en la parcela en la que actualmente se ubica el edificio a derribar entre seis mil y siete mil metros de techo. Todo esto lo publica el propio periódico local “El Periódico de Estepona”. Actualmente el presidente de PRASA está acusado en la Operación Astapa.

En la primavera de 2006, la federación malagueña de Ecologistas en Acción presentó alegaciones a un Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental que quería ser el instrumento de la Junta de Andalucía para poner orden en la expansión urbanística de la zona. No se quería acabar con el documento, sino mejorarlo para que fuera un mejor instrumento que asegurara la consecución de los objetivos que decía tener sobre el papel y con los que estábamos, en general, de acuerdo. El alcalde Barrientos presentó un recurso contra el POT ante los tribunales alegando que dicho planeamiento lesionaba gravemente los intereses de Estepona. Fue uno de los tres alcaldes del PSOE que recurrieron el documento: los de Estepona, Mijas y Ojén. Barrientos entendía que el plan "comprimía" el desarrollo de Estepona porque reservaba un área al sur del vial de conexión con la AP-7, donde el alcalde tenía prevista la expansión urbana de la ciudad, y tampoco permitía pasar a urbanizable algunos núcleos diseminados. Además de los tres alcaldes socialistas, también votó en contra del POT el primer edil de Casares, Juan Sánchez, de IU. Casi más sorprendente que el voto en contra de los tres alcaldes socialistas fue la abstención del representante de la Diputación de Málaga, Francisco Fernández España, número 2 del PSOE en la provincia, justificando su actitud como representante de la Diputación para que ésta mantuviera la neutralidad en un asunto en el que no había acuerdo entre los municipios. También se abstuvo el alcalde de Istán (IU). Afortunadamente, la Junta de Andalucía no atendió a los requerimientos de estos alcaldes y entendió, según la prensa, que todas las impugnaciones obedecían a “intereses particulares" frente al interés general de reservar espacios verdes y libres.

Al final de esa legislatura, en 2006, el concejal de medio ambiente del ayuntamiento de Estepona, Juan Manuel Rodríguez Ortega (PES) y el delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente, Ignacio Trillo Huertas, pretenden hacer una especie de canje que hubiese sentado un peligrosísimo precedente en el territorio nacional: todas las vías pecuarias al sur de la autopista AP-7 por una faja de terreno en monte de propios, de características forestales para “crear un corredor ecológico” que obviamente no hace falta crear, pues es una solemne estupidez crear un corredor verde en el seno de una finca forestal. La diferencia principal entre estos dos bienes públicos es que las vías pecuarias, gestionadas por la Junta de Andalucía, no pueden ser enajenadas, vendidas, cedidas, etc. por el ayuntamiento de Estepona, pero las vías pecuarias cedidas al ayuntamiento a cambio de terreno municipal sí pueden ser puestas a la venta por el ayuntamiento, puesto que sería un terreno municipal, administrado por el propio ayuntamiento. Ya habría una barrera legal menos a la expansión urbanística. Numerosos colectivos reaccionan firmando un manifiesto “Por las vías pecuarias de Estepona”, impulsado por Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja y publicado en todas las webs de los participantes (ecologistas, ciclistas, grupo político Convocatoria, plataforma socio-cultural Rosas Rojas…).

Tras las elecciones de 2007, vuelve a gobernar Barrientos. Esta vez en pacto con PA, IU y, por fin, Estepona 2007. Todos los líderes de estos partidos habían pasado antes por responsabilidades de gobierno en distintas o las mismas legislaturas, en éstos u otros partidos. Igual ocurre con la oposición, formada ahora por el PP y el PES.

En el último decenio, la crisis social que atravesamos afectó al movimiento ecologista local. De modo que ha habido grandes proyectos a los que no ha habido capacidad de contestar directamente. Tales son los casos de Valle Romano o La Resinera y muchas otras promociones de menor rango, que sobrepasaron ampliamente la capacidad de respuesta inmediata de Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja. El caso de La Resinera es especialmente grave. El equipo de Barrientos tenía previsto anunciar en estos días la firma de otro polémico convenio con representantes de la Casa Real Saudí para construir 4.000 casas en el municipio, concretamente en la zona El Paraíso, próxima a los límites de La Resinera. El diario sur publicó noticias sobre el asunto en marzo de 2008. La Resinera es una valiosísima y gigantesca finca forestal (65 millones de metros cuadrados) que el Gobierno libio posee, a través del Lybian Arab Foreign Bank, en los términos de Estepona, Benahavís, Júzcar y Pujerra, en el valle de Guadalmansa, en el mismo corazón de Sierra Bermeja. El POT de la Costa del Sol Occidental que Barrientos rechazó, redujo las pretensiones del gobierno libio en un 80% la edificabilidad (de las más de 2500 viviendas pretendidas, se limitó a no más de 500) en una parcela de cinco millones de metros, parte de la finca de cerca de 7.000 hectáreas. Por su parte, Valle Romano es la mayor urbanización con campo de golf de Estepona, ubicada en el valle bajo de Guadalobón, y representa “el proyecto urbanístico más importante de la Costa del Sol” (150 hectáreas), según la propia compañía, controlada en su totalidad por la entidad de ahorro guipuzcoana Kutxa. El proyecto está valorado según, la prensa, en unos 100 millones de euros.

Alarmados por el avance asolador de la urbanización, Ecologistas en Acción, desde sus grupos Sierra Bermeja y Grupo de Trabajo Valle del Genal, decide impulsar un proyecto de defensa de Sierra Bermeja. Su protección efectiva supondría un freno a todas las grandes agresiones provenidas del crecimiento urbanístico alocado. En Estepona los peligros vienen desde las grandes urbanizaciones comentadas y el viejo proyecto de sustraer el cauce del río Genal para abastecer la costa, esta vez disfrazado de trasvase al río Padrón, Zona de Especial Conservación de la Unión Europea. Desde 2005, conscientes del valor ambiental de Sierra Bermeja, elevadísimo a nivel mundial, y alejados de complejos, los ecologistas decidimos impulsar sin reservas la idea de hacer de Sierra Bermeja un parque nacional. Lo publicitamos en foros públicos y privados, ganando simpatizantes en cada lugar donde presentamos la idea. A finales de 2007, se presenta el proyecto a la sociedad en una jornada que da nombre a la campaña de protección: Sierra Bermeja, Parque Nacional. En esta jornada se forma la Plataforma Sierra Bermeja, Parque Nacional, formada por entidades sociales y políticas y con el respaldo de profesores de 5 universidades distintas de todo el país. Inmediatamente se registra la solicitud de protección de Sierra Bermeja como parque nacional, fundamentada con toda una batería de documentos técnicos, en la Subdelegación del gobierno de Málaga. A día de hoy, tanto el área de medio ambiente de la Diputación Provincial de Málaga como la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han mostrado su interés por el proyecto.

Por fin, el 30 de mayo de 2008, Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja se adhirió a la plataforma andaluza Nueva Cultura del Territorio, que une las iniciativas sociales que luchan contra los desmanes urbanísticos en nuestra comunidad autónoma y más concretamente en las provincias de Málaga y Granada. Esperamos que la solidaridad entre colectivos sociales de distintas zonas de Andalucía haga la fuerza suficiente para reconducir las políticas de desarrollo de nuestros municipios.

Aunque se llamó la atención sobre el problema a mediados de los 90, no se ha respondido adecuadamente a un problema tan complejo y tan actual como el de los diseminados en terreno rural, muchos de ellos completamente ilegales, donde se han construido hermosos palacios que nada tienen que ver con el mundo rural. En este asunto, el interés común de los pequeños propietarios les ha hecho tratar a todas estas propiedades por igual, denominándolas “campitos” y atribuyéndoles a todas un uso rural con agricultura de recreo, cuando en una buena cantidad de casos esas construcciones distan mucho de ser rurales y no contribuyen al mantenimiento del entorno rural agrícola, hecho que sí ocurre con otros muchos casos a los que habría que tratar de forma completamente distinta. Aún así, el crecimiento de las parcelaciones sin control municipal efectivo alguno ha multiplicado los problemas ambientales con un laberinto de cableado eléctrico y telefónico y pequeños vertederos clandestinos que fueron mapeados y denunciados en 1992 por parte de GRUNSBER. El efecto barrera creado por centenares de kilómetros de vallados demenciales de las fincas, obligatorios según el propio PGOU ha hecho del campo un auténtico laberinto donde es no es fácil orientarse.


 Banderas Negras

Pero, sin duda, ha sido la campaña de Banderas Negras de Ecologistas en Acción la principal plataforma de denuncia de la situación urbanística litoral en Estepona. Desde 2004, cada año, Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja ha denunciado sistemáticamente la situación de desastre urbanístico. Concretamente en estos puntos:

1. Playa de Baños o Casasola. Punto Negro 2004 Arroyo destruido y ensolado con piedra de cantera en Hotel Marriot’s. Punto Negro 2008 La red de saneamiento integral va por la zona intermareal, de modo que llega incluso a ser cubierta por el mar y atacada por el oleaje. Además se han detectado diversos puntos de vertidos de aguas negras, afluentes de jardinería y tuberías de drenaje directamente a la playa o a los arroyos, como al Arroyo de Casasola o de Baños. En la Punta de Baños, las construcciones llegan al mar y están defendidas por escollera. Esta zona va a ser propuesta como Reserva Integral Marítimo-Terrestre en las próximas semanas.

2. Playa del Saladillo (Arroyo de Taraje). Punto Negro 2004 Arroyo totalmente destruido por la Confederación Hidrográfica del Sur. No han dejado vegetación alguna o vida.

3. Guadalmansa. Bandera. Negra 2007 Proyecto de urbanización de la llanura de inundación del río Guadalmansa (Zona de Espacial Conservación – ZEC - de la Red Natura 2000). Se pretende hacer un puerto interior en esta zona de alto interés ecológico.

4. Playa del Padrón. Bandera Negra 2006 por la construcción de un centro comercial, ampliación en construcción del hotel Kenpinski, que pretende ocupar en un futuro próximo zona de dominio público y pondrá en peligro por ocupación el LIC del río Padron. Bandera Negra 2008 por vertido de aguas fecales en varios puntos de su desembocadura.

5. Playa de Punta la Plata. Bandera Negra 2006, por la construcción ilegal incumpliendo la ley de costa a menos de 20 metros con la destrucción de un yacimiento paleontológico. Además, existe un proyecto de regeneración de playa que afectaría letalmente a la población de posidonia más occidental del Mar Mediterráneo (LIC de los fondos marinos de Estepona). Punto Negro 2007 Eliminación de un eucaliptal, para construcción, que retenía el suelo y un yacimiento paleontológico en una zona que obtuvo una bandera negra en 2006 por urbanizar sobre este yacimiento. Punto Negro 2008 Una de las zonas más biodiversas del litoral esteponero. Son tradicionales los vertidos de aguas negras por emisarios submarinos y de afluentes por las construcciones colindantes, incluido el centro comercial Carrefour. El saneamiento integral está en la zona intermareal, donde es batido por los temporales invernales.

6. Playa de la Rada. No es designada por escrito como bandera negra en 2006, pero el caso es tan flagrante que se elige el edificio de Prasa, en construcción en la zona oeste de esta playa, como símbolo en la provincia de Málaga del desastre urbanístico en el litoral y se iza allí la bandera negra por primera vez en Esetpona, un municipio que viene siendo el que más banderas negras y puntos negros acumula en toda la provincia. Es la bandera negra provincial de 2006. En esta playa, la más populosa del término municipal, pues está delante del centro urbano de la ciudad, está plagada de impactos, especialmente debidos al vertido continuo de aguas negras al arroyo de Calancha. Está dotada de banderas azules y Q de calidad, galardones sin validez ambiental, desde hace varios años y también de banderas negras (punto negro 2007 y bandera negra 2008). El hecho de tener justo delante la única Zona de Especial Conservación (ZEC, antiguo Lugar de Interés Comunitario –LIC-) exclusivamente marina de la Unión Europea (Red Natura 2000) en la comunidad andaluza hace que esta playa tenga más valor y que las agresiones sean más perjudiciales contra el medio ambiente.

7. Puerto de Estepona. Bandera Negra 2006 por el proyecto de ampliación del puerto deportivo, siendo el culpable de la erosión del litoral esteponero a Oeste de dicho puerto, que podría afectar al LIC de los fondos marinos de Estepona. Bandera Negra 2007 y 2008.

8. Playa del Cristo. Punto Negro 2006 Por una nueva promoción en la línea de las anteriores en uno de los pocos acantilados del municipio, con lo que todo él quedará sepultado bajo los ladrillos. Un hotel (H10) pegado a la playa con una gran escollera sobre la playa y un punto de vertido de aguas negras en el chiringuito Bartolo.

9. Arroyo Hornacinos de Poniente. Punto Negro 2008 Se construye una urbanización sin respetar el dominio público marítimo-terrestre.

10. Playa Guadalobón: Bandera Negra 2004. Escollerado, puntos de vertidos de aguas fecales y de jardines, dos nuevos hoteles NH10 y Elba con escolleras gigantescas a pie de playa, uno de ellos con eliminación de acceso a la playa. Bandera Negra 2007 Una nueva urbanización al pie de la playa, a escasos metros del nivel de la pleamar, en uno de los últimos tramos de costa acantilada de Estepona.

11. Urbanización Playa Azul (Guadalobón). Punto Negro 2006 Una escollera a nivel del mar no deja ni pasar con marea baja (casa “Blanca Azul”). Punto de vertido de aguas negras con una tubería de hormigón de más de 1 metro de diámetro. Toda la zona de poniente está a menos de 8 m. de la línea de pleamar. Muchos carteles de zona privada en dominio público marítimo-terrestre.

12. Hotel Elba Spa (Guadalobón). Punto Negro 2006 Una gigantesca escollera a pie de playa (menos de 10 m. a la línea de pleamar). Tubos de unos 60 cm. de diámetro de drenaje de jardines con residuos de abonos químicos y fitosanitarios.

13. Playa de Arroyo Enmedio. Bandera Negra 2006 Por la nueva urbanización en construcción en primera línea de playa al borde e Arroyo Enmedio (menos de 20 m). Una escollera a menos de 20 m de la línea de pleamar hasta a menos de 6 m de la pleamar en la zona más occidental de esta playa. Bandera Negra 2007 Nuevas urbanizaciones están acabando con las desembocaduras de los arroyos Vaquero y Enmedio. Además, estos arroyos llevan muchas partículas en suspensión procedente de canteras ilegales situadas en los márgenes de estos arroyos unos pocos kilómetros río arriba. Punto Negro 2008 Vertidos de áridos de canteras, con la consiguiente alteración de los sedimentos aportados al mar. Se han presentado alegaciones a nuevos proyectos de canteras en la zona.

14. Torre de Arroyo Vaquero – Roquero de Arroyo de La Galera (Estepona). Punto Negro 2006 Una inmensa escollera al borde del mar defiende los chalets en primera línea de playa entre los roquedos que limitan esta cala. Rompe la línea de playa.

15. Playa de la Galera – Urb. Buenas Noches- Piedra de La Paloma. Bandera Negra 2004 Agresión bestial al litoral, con un escollerado que se come la playa y sobre el que va un paseo marítimo. El arroyo de la Galera ha sido destrozado, perdiéndose las poblaciones naturales que vivían alrededor de la desaparecida laguna de la desembocadura. Varios puntos con vertidos de fecales y aguas de filtrado de jardines directamente a la playa. Punto Negro 2006 Varios tramos de escollera. El último tramo de escollera, de no menos de 400 m de longitud. Punto Negro 2008 1.000 m de playa. Una escollera de 800 m. de largo por 10-12 m de ancho, que parece proteger la tubería de la red de saneamiento integral que ya una vez destruyó un temporal, ha eliminado completamente la playa en algunos puntos (Estepona). La obra la realizó el Ministerio de Medio Ambiente y ha reducido a la mitad (30 m) la anchura máxima de la playa en el término municipal de Casares.


 Conclusión

El tramo de costa comprendido en el municipio de Estepona se encuentra en franco estado de deterioro, quedando sólo unos pocos hitos libres de masificación urbana. En ningún momento se ha solucionado ninguno de los problemas que llevó a otorgar banderas negras entre los años 2004-2008. Así, podemos asegurar que el 90% del litoral oriental de Estepona está ocupado por urbanizaciones que llegan hasta a asentarse en dominio público marítimo-terrestre e incluso por debajo del nivel de pleamar en algunos casos. Sólo resisten en este tramo las zonas de dunas de Casasola, Punta del Saladillo y la desembocadura de Guadalmansa. Conscientes del valor relíctico de estas zonas, desde Ecologistas en Acción se propone en 2006 la protección del tramo litoral El Saladillo-Matas Verdes, 3 Km de litoral marítimo-terrestre entre las desembocaduras de los ríos Gualdalmansa y Guadalmina, en el límite oriental del municipio. A través del Grupo de Trabajo Valle del Genal, Ecologistas en Acción presenta un proyecto ante la Fundación La Caixa, que es subvencionado por ésta con 40.000 euros y en el que van a colaborar el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y la delegación municipal de cultura del ayuntamiento de Estepona. La pretensión es publicar un libro que ponga de manifiesto el valor del espacio y proponer su protección. Se inicia en 2007 y se está concluyendo en estos días.

En el tramo occidental de Estepona, los escasos hitos que quedaban libres de urbanización se puede considerar que ya no lo están, pues nuevas urbanizaciones los han ocupado. La situación en Estepona, es dantesca. El gobierno municipal ha sido el principal responsable de la degradación litoral, pues no atiende a las necesidades de saneamiento, lanza y permite iniciativas que degradan el litoral... Sólo se detienen las barbaridades si algún ciudadano o colectivo denuncia y el asunto va más allá de las fronteras malagueñas en prensa autonómica, estatal... Si la noticia no sale de la comarca, no se le hace ni caso.

Con todo, podemos considerar que la responsabilidad está muy repartida, aunque los delitos los hayan cometido personas concretas. No se puede considerar que el gobierno intervenido en junio de 2008 sea culpable único de la situación a la que se ha llegado, pues todos los partidos de la oposición han participado de esta política urbanística o han mirado para otra parte ante las ilegalidades cuando no han participado de las gestiones. Lo lógico es pedir responsabilidades a los representantes políticos y técnicos implicados y depurar todas las responsabilidades posibles, pero sin olvidarse de la responsabilidad moral de la ciudadanía.

Medioambientalmente se han hecho daños realmente irreparables. Sólo queda desear y vigilar que los próximos administradores municipales tengan una visión y una práctica política de acuerdo con el desarrollo sostenible y el cuidado de los recursos ecoculturales de los que somos depositarios. Es necesario y urgente devolver al municipio la proporción posible del estado natural previo a la apisonadora urbanística.




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