Alegaciones al Convenio urbanístico de la finca El Pelayo en Cuéllar

El Ayuntamiento de Cuéllar y la empresa Aserraderos de Cuellar, S.A. quieren firmar un Convenio en el que se cede suelo rústico del municipio con especies forestales importantes. La empresa pretende anexionarse este espacio para desarrollarlo urbanísticamente y crear un nuevo polígono industrial.

Se trata de una parcela de 26 Hectáreas de pinar maduro de Pinus Pinaster, próxima al río Cega que tiene un alto valor ecológico y que el Ayuntamiento pretende convertir en suelo urbano industrial. La clasificación urbanística actual es de “suelo rústico”, no sólo por su anterior condición de monte de Utilidad Pública, sino por su propia naturaleza de monte o terreno forestal.

La clasificación y calificación del “suelo rústico protegido” tiene carácter reglado y no depende de la discrecionalidad del Ayuntamiento, ni de los propietarios, ni de la Junta de Castilla y León. La ley del suelo exige la protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo. Además exige que se impida la especulación con la atribución de usos que posibiliten el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado.

Los Tribunales se han pronunciado en multitud de ocasiones sobre el carácter reglado del suelo rústico protegido, así como de la necesaria protección de los bosques, valga por todas la sentencia de Navas del Marqués: “el suelo «no urbanizable» no puede depender del capricho de los poderes públicos”.

Según estos grupos ecologistas, el cambio de clasificación del suelo rústico protegido a urbanizable industrial no responde en absoluto al interés general, sino al interés particular de esta empresa. El Ayuntamiento puede disponer de otros suelos menos valiosos dentro de su término municipal para acometer polígonos industriales, además de que ya existen otros muchos en los alrededores (Malriega, La Serna, Contodo, Prado Vega y los de las carreteras de Cantalejo, Valladolid, Vallelado y Segovia)

Estas alegaciones demuestran que se trata de una operación especulativa, pues no justifica la necesidad de ampliación de la empresa, sino que pretende crear una oferta de suelo industrial en Cuéllar para la implantación de grandes industrias. No fue éste el argumento para la descatalogación que alegaron cuando comenzaron la actividad industrial, ya que ésta se produjo por la “necesidad de dotar de un área de suelo complementaria para que pueda ampliar su superficie industrial por circunstancias de crecimiento empresarial.” Además el cambio de uso de este suelo le supondrá a dicha empresa un importante incremento patrimonial ya que se compró a 0,272 € el metro cuadrado, mientras que con la nueva catalogación el área podría llegar a valer unos 4.680.000 € (778.686.480 pesetas). Por otro lado, el Ayuntamiento estaría asumiendo una carga económica desconocida, mientras que la empresa limita sus riesgos y sus obligaciones legales y económicas.

La plantación de pinos por la empresa para compensar las pérdidas es un sarcasmo que recuerda al compromiso adquirido por los imputados en el caso de Navas de Marqués. Es ridículo y descompensado cortar pinos de 12 metros de altura en un bosque ya formado para plantar arbolitos en cualquier lugar del municipio que tardarían entre 50 y 70 años en hacerse pinos adultos.

Estas asociaciones opinan que la destrucción de estas 26 hectáreas de bosque, además de estar reñida con la “Estrategia Española de Desarrollo Sostenible” que pretende reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en el año 2010, es un pelotazo urbanístico y una agresión contra el medio ambiente. Por todo ello, han presentado alegaciones en contra de este Convenio que califican de inaceptable.




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