La situación de este Instituto de Enseñanza Secundaria colindante con las instalaciones portuarias de la ciudad de Cádiz, hace que desde su inicio como centro escolar tenga que soportar niveles de contaminación intolerables y que superan los límites que establece el Decreto 326/2003 Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. El nivel acústico de Evaluación en inmisión es de 75,9 decibelios acústicos y el nivel de emisión al exterior es de 77,3 dBA, valores medidos por la Delegación Provincial de Medio Ambiente y que superan en ambos casos los valores límite legales.

A pesar de que la Autoridad Portuaria prometió medidas correctoras hace un año, la contaminación acústica no ha cesado, dificultando gravemente el normal desarrollo de la actividad docente. Estamos por tanto ante un claro incumplimiento legal, con repercusiones negativas sobre la salud y serias perturbaciones en la actividad académica del centro. El artículo 11 de ese Decreto atribuye a usos docentes la catalogación como zona de alta sensibilidad acústica (“área de silencio”), con especiales protecciones contra el ruido. El mapa del ruido de la ciudad de Cádiz que la Directiva 2002/4/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental deberá subsanar esta y otras agresiones acústicas, estableciendo medidas correctoras y amortiguadoras.

La planificación acústica no ha existido a la hora de hacer coincidir instalaciones portuarias muy ruidosas con equipamientos educativos, por lo que la necesidad y obligación de poner medidas correctoras y protectoras para toda la comunidad docente son obvias.

El citado Decreto 326/2003 atribuye al ayuntamiento las competencias de vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica, obligaciones que obviamente no ha ejercido. Pero la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 7/2007 de 9 de julio otorga a la Consejería de Medio Ambiente las competencias para la vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las actuaciones sometidas a AAI y a AAU, además de la coordinación para elaborar mapas de ruido y planes de acción.

El Real Decreto 1367/2007 desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Los objetivos de calidad acústica de 65 decibelios durante el día y de 55 dBA durante la noche para áreas urbanizadas existentes, son ampliamente superados en este entorno portuario. Las medidas que prometió la Autoridad Portuaria no han sido eficaces para resolver ni siquiera minimizar el problema.

Ecologistas en Acción entiende que la elección de esa ubicación para un centro educativo fue errónea, por lo que corresponde a las autoridades resolver el problema de agresión sonora causado. La carga y descarga de contenedores, el funcionamiento de grúas, la reparación de contenedores, la circulación de camiones, la actividad de las carretillas,… generan un ruido de fondo incompatible con las tareas docentes.

Ecologistas en Acción emplaza a Autoridad Portuaria a establecer drásticas mediadas correctoras y al Ayuntamiento y Delegación Provincial de Medio Ambiente gaditanos a ejercer las obligaciones de vigilancia, control y disciplina que erradiquen el problema causado. El traslado a una nueva terminal de contenedores es la solución y no debe demorarse más. Todo lo demás son paños calientes que no resuelven el problema.

Por otro lado, hemos tenido constancia del tráfico de sustancias peligrosas que se mueven en las proximidades de este Instituto (ácido fosfórico, hidrocarburos, líquidos tóxicos e inflamables, …), lo cual viene a completar una amenaza latente para la comunidad educativa. Emplazamos a la autoridad ambiental a que garantice que todas las medidas de prevención y los planes de emergencia están activados y operativos, de forma que se pueda hacer frente a cualquier eventualidad de fuga o derrame. Sería conveniente informar a la autoridad educativa de la naturaleza y cuantía de las mercancías peligrosas que son movidas en la cercanía del centro.

Esperando la adopción de medidas prontas para poder resolver la agresión acústica y la amenaza tóxica que soporta esta instalación educativa, atentamente.