Satisfacción por la demolición de la casa club de Montenmedio

Por fin se ha procedido a la ejecución de las sentencias judiciales que determinaban la ilegalidad del complejo turístico de Montenmedio y decretaban su demolición. Ha hecho falta más de una década para que se cumplan las leyes urbanísticas y se lleven a cabo las sentencias judiciales. Montenmedio es una instalación emblemática, pero no de turismo verde y modelo de desarrollo como han venido pregonando falsariamente sus promotores, los ayuntamientos de Barbate y Vejer y la propia Junta de Andalucía, sino de especulación y corrupción urbanística. Todo el complejo se ha construido de forma ilegal.

Este macrocomplejo turístico-urbanístico se perpetró en 1993, cuando la empresa IBERCOMPRA S.A, cuyo administrador único es Antonio Blázquez Marín, desmontó 60 hectáreas de bosques de acebuches y pinos para instalar un campo de golf, en terreno no urbanizable de protección especial, por su interés forestal, ecológico, histórico, cultural y paisajístico. No contento con esta actuación ilegal, Blázquez construye en 1996 el denominado “Club Social” bajo la cobertura de una licencia provisional del ayuntamiento de Barbate, licencia que sería anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Mientras los jugados sentenciaban una y otra vez la ilegalidad del complejo y decretaban su demolición, la mayoría de las administraciones públicas mostraban su apoyo y fomentaban todo tipo de iniciativas para impedir el cumplimiento de las sentencias judiciales. Habría ahora que recordar los reiterados intentos de los ayuntamientos de Vejer y Barbate para “legalizar” Montenmedio, por medio de subterfugios como el llamado “Plan Especial de Mejora del Medio Rural Montenmedio Sur”, o el Convenio Urbanístico cuyos objetivos eran crear más plazas hoteleras y construir otros tres campos de golf. La Junta no se salva de esta trama cómplice; la Consejería de Medio Ambiente (CMA) nunca ejecutó la obligación de regenerar el bosque talado para el campo de golf y llegó a autorizar la ampliación de Montenmedio con un complejo urbanístico eufemísticamente llamado “Ciudad del Caballo”. La Consejería de Turismo subvencionó y promocionó generosamente los eventos desarrollados en este complejo ilegal y la Diputación de Cádiz llegó a financiar un programa de visita escolares. Sólo la Consejería de Obras Públicas (ahora de Vivienda y Ordenación del Territorio) mantuvo una actitud firme, demandando ante los tribunales la demolición del complejo.

Pero de nada han servido todas estas maniobras, y la Justicia por fin se ha impuesto. Los Tribunales han sido contundentes, tanto el TSJA como el Tribunal Supremo han reiterado la orden de demolición. Las sentencias más relevantes son las dictadas por el Tribunal Supremo en noviembre de 2001 y por el TSJA en junio de 2002. El TSJA afirmaba con contundencia que la construcción de la casa club "era ilegal, la licencia nula e insubsanable y la consecuencia no puede ser otra que la restitución de la situación física injustamente alterada". También rechazaba la segunda licencia municipal de obra concedida con posterioridad a la construcción. "Pretender ahora que la consumación deliberada de unos hechos que nunca debieron producirse pueda imponerse al Derecho es una pretensión inoportuna, vana y contraria al mismo que en modo alguno debe tolerarse", subraya la sentencia del TSJA.

Pero las sentencias han seguido sin cumplirse, llegándose a aprobar acuerdos en los dos ayuntamientos (tanto el socialista de Vejer como el de Barbate donde se han turnado el PSOE y el PP), oponiéndose a la demolición y al cumplimiento de las sentencias judiciales, por lo que el 1 de septiembre de 2004 el TSJA dicta auto ordenando al ayuntamiento de Barbate a que en el plazo de dos meses acredite sin dilación alguna el cumplimiento de la orden de derribo. Pese a todo, el ayuntamiento de Barbate siguió eludiendo sus competencias y se negó a cumplir el derribo una y otra vez… hasta ahora.

Ya era hora de que las leyes urbanísticas y las sentencias judiciales se cumplan, pero también es hora de exigir responsabilidades políticas a aquellos partidos –PSOE y PP- que proclaman retóricamente su oposición a la especulación y la corrupción urbanística y la obligatoriedad de acatar las sentencias judiciales, pero que, cuando aparecen intereses de grandes promotores turísticos y urbanísticos, apoyan desde los Ayuntamientos, Diputación o Junta de Andalucía complejos ilegales y presionan para que no se ejecuten las sentencias que obligan a cumplir las normas urbanísticas, incluida la restitución de los terrenos a su estado original en el caso de construcciones ilegales.

Esperemos que Montenmedio sea el punto de inflexión (y de no retorno) para que las administraciones y la sociedad en general comprendan que lo importante es prevenir impactos ecológicos e infracciones legales para evitar finales traumáticos. Si no se hubiera construido Montenmedio, no habría ahora que demolerlo.

Por último, Ecologistas en Acción de Cádiz exige a la Consejería de Medio Ambiente que proceda a la clausura del campo de golf y a su repoblación para restaurar el bosque que fue destruido por IBERCOMPRA.




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