Como se recordará, hace dos años el Presidente de la JCCLM, José María Barreda, paralizó, tras la denuncia de los ciudadanos, el PAU y Proyecto de Urbanización de la Vega Baja promovido por el Ayuntamiento de Toledo, debido a que en la zona de actuación se localizan restos históricos y arqueológicos de enorme valor e interés, lo que ha dado lugar a la declaración de cuatro Bienes de Interés Cultural (BIC): Vega Baja en 1992, Vega Baja ampliación en 2008, Cristo de la Vega y Fábrica de Armas. Entre los elementos patrimoniales teóricamente protegidos se encuentran el circo romano y la antigua ciudad visigoda recientemente puesta a la luz en las excavaciones realizadas.
A estos antecedentes hay que sumar que dos sentencias dictadas en el último año por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Toledo a demanda de IU han declarado nulos tanto el proceso de adjudicación de las obras como el propio PAU y Proyecto de Urbanización, en este último caso, el Juzgado argumenta la inexistencia del preceptivo estudio de impacto ambiental y la carencia del preceptivo informe de la Consejería de Cultura.
A pesar de todo ello la empresa mixta Toletum Visigodo, de la que es Presidente el Alcalde de Toledo, Emiliano García-Page y Vicepresidenta la Consejera de Cultura, Turismo y Artesanía, María Soledad Herrero, ha iniciado esta semana las obras de urbanización de la Vega Baja, con una primera fase que consiste en la urbanización y mejora de la Avda. de Carlos III, Avda. de Méjico y el Pº del Cristo de la Vega, en la zona limítrofe al campus de la UCLM. Las obras se realizan con pleno conocimiento de las sentencias habidas y con la carencia de estudio de impacto ambiental. Por otro lado, se anuncia que se va a estudiar arqueológicamente la zona de afección mediante técnicas de sónar.
Pero con todo lo más grave es que la obras consisten, además de en realizar aceras, asfaltados y zonas de aparcamiento, en la introducción de colectores, lo que sin ningún genero de duda, va a afectar a los restos arqueológicos todavía no excavados. Además, el arreglo de la Avda. Carlos III supone la consolidación de los daños que esta calle y las zonas de aparcamiento aledañas están produciendo en el circo romano, ya que esta lo cruza de parte a parte.
A más abundamiento, en paralelo a la ejecución de las obras el Ayuntamiento anuncia ahora el recurso contra las sentencias, en una estrategia que ya algunos medios han planteado como forma de ganar tiempo para desarrollar las obras ilegales.
Ante tal cúmulo de desatinos, ilegalidades y falta de escrúpulos, Ecologistas en Acción y Plataforma X Toledo han presentado sendos escritos dirigidos uno al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo y otro al Juzgado de lo Penal de Toledo, con el objetivo de que se paralicen las obras que se han comenzado esta semana en la Vega Baja de Toledo.
Al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo se le pide que ejecute provisionalmente la sentencia, para evitar que los daños que produzcan las obras haga posteriormente inaplicable la misma y evitar que se produzcan perjuicios irreparables al patrimonio arqueológico de la ciudad.
Por su parte, en el Juzgado de lo Penal se ha presentado una denuncia para que se persigan los posibles delitos contra la conservación del patrimonio histórico, el medio ambiente y la ordenación del territorio y prevaricación, que se podrían estar cometiendo al ejecutar estas obras.
Ecologistas en Acción y Plataforma X Toledo exigen al Ayuntamiento y a la Consejería de Cultura que paren las obras de inmediato. A José María Barreda que explique cual es su postura ante la situación creada y si avala lo que está ocurriendo. Y por último, piden a Izquierda Unida, que fue la que interpuso los recursos que originaron las sentencias de anulación del PAU Vega Baja, que como parte interesada reclame la ejecución de esa sentencia y recabe las actuaciones necesarias para que se paralice lo que ahora se está ejecutando.
El hecho de que las administraciones y la empresa pública Toletum Visigodo se obcequen en comenzar estas obras, con alevosía, es algo que no se entiende porque las administraciones deben estar para cumplir las leyes, proteger el patrimonio y el medio ambiente y dar ejemplo a los ciudadanos.
Por último, hacer constar la reciente nota de prensa del Grupo Municipal Popular, que confirma que las obras de los viales que en este momento se ejecutan «son las mismas que el gobierno municipal anterior del Partido Popular intentó llevar a cabo en la pasada legislatura, y que no pudo finalizar por la oposición del gobierno regional», lo que demuestra la falta de credibilidad del Gobierno regional, permitiendo la continuación de las obras que supuestamente paralizó en 2006 y omitiendo el cumplimiento de sus propias leyes y declaraciones patrimoniales.
