El Consejo de Seguridad Nuclear obligado a facilitar información

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación nº 3457/2000 interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 29 de febrero de 2000. Esta sentencia obligaba al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) a facilitar a Ecologistas en Acción actas de inspección sobre al escape radiactivo en la factoría de ACERINOX de Los Barrios (Cádiz) en 1998.

El Consejo de Seguridad Nuclear había basado la denegación de esta información en que las actas de inspección de las instalaciones nucleares y radiactivas son documentos inconclusos que constituyen una mera constatación de hechos, siendo actos meramente provisionales dentro del procedimiento de inspección. El CSN ya había negado en anteriores ocasiones este tipo de actas a Ecologistas en Acción en relación con actuaciones en las centrales nucleares de Zorita (Guadalajara) y de Garoña (Burgos). Esta sentencia muestra la arbitrariedad de dichas negativas y la falta de transparencia de este organismo que debiera ser ejemplo de lo contrario. Las actas de inspección suelen tener información valiosa porque el inspector es el único responsable del contenido de tales documentos, por lo que sólo suelen contener datos objetivos, sin juicios de valor.

El Tribunal Supremo (TS), confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional, entiende, al contrario que el CSN, que las actas de inspección son, en general, aquellos documentos públicos que extienden funcionarios para constatar determinados hechos y que son el resultado de actuaciones de comprobación e investigación y tienen un especial valor probatorio. Desde ese punto de vista son documentos concluidos tanto si se utilizan como soporte de un procedimiento sancionador como si no es así.

La sentencia del TS estima que al no tratarse de un documento inconcluso el CSN no puede ampararse en la excepción, que permite el artículo 3 apartado 3 de la Ley 38/95 sobre derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, para denegar información. A este respecto recoge una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 12 de junio de 2003 que señala que hay que interpretar de modo restrictivo las causas de denegación de la información ambiental recogidas en las Directivas comunitarias (90/313/CE y la más reciente 2003/4/CE). La sentencia tiene importancia porque clarifica, a efectos del acceso a las mismas, el carácter de cualquier tipo de acta de inspección (de caza, de vertidos, urbanísticas...) y no sólo las de instalaciones nucleares o radiactivas.

Ecologistas en Acción está satisfecha con la sentencia pero destaca la constante dificultad que supone obtener de muchas administraciones públicas información de carácter medioambiental, a pesar de las mencionadas Directivas e incluso del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente firmado en 1998 por 35 países, pero aún no ratificado por España.

La organización ecologista se pregunta de qué sirve tener reconocidos todos esos derechos y los canales de reclamación jurídica si, como en este caso, la información que se solicitó en 1998 se va a obtener más de 5 años después de dicha solicitud. En muchas ocasiones la lentitud de la Justicia convierte en inútiles los mecanismos jurídicos que existen para proteger el medio ambiente y facilitar la labor de las organizaciones sociales.

Ecologistas en Acción solicitó, por ejemplo, a todas las Comunidades Autónomas hace tres meses información sobre las emisiones de las centrales térmicas. Pasado el plazo de dos meses que establece la Ley 38/95 mencionada sólo han contestado a dicha solicitud una minoría de ellas. Las vías legales para exigir esa información podrían ser la denuncia ante la Comisión Europea o la interposición de recursos contencioso administrativos. Ambos caminos son extraordinariamente lentos y no garantizan en un plazo razonable el acceso a esa información.




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