Esperamos que en esta ocasión la fiscalía no menosprecie la labor del SEPRONA y tome en consideración sus informes, por el bien del medio ambiente y la confianza del ciudadano en la justicia.

Antes era a partir de la acequia de Cástaras donde se quedaba el río seco. Hoy hemos progresado, y ya antes de esta acequia, en pleno Parque Nacional, podemos disfrutar de más de un kilómetro de río seco. Debajo de la acequia de Cástaras vuelve a secarse el río por la excesiva extracción de agua (muy por encima de la concesión autorizada) y que alguien debería explicar qué superficie riega, cuando están todos los campos abandonados. Y ya por debajo del Pueblo de Trevélez, las tomas para las acequias de Busquístar vuelven a secar el río en otros dos tramos. Todas estas desecaciones se realizan dentro de parque Natural. Lo más aberrante es que la mayoría de estas extracciones de agua no tienen permiso legal para realizarse.

Estas desecaciones suponen la muerte para miles de organismos que habitan uno de los ríos más emblemáticos de la provincia, el Trevélez. Entre la fauna afectada destaca la trucha común, que muere por miles debido a la sequedad absoluta del río, siendo ésta una especie que la Junta de Andalucía ha considerado como en peligro de extinción en su último Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía.

Este hecho es conocido tanto por la Confederación Hidrográfica del Sur como por la dirección del Parque Nacional-Natural de Sierra Nevada, ya que sucede todos los años, y de hecho ya lo venimos denunciando desde el verano de 1999, sin que al parecer aya servido para nada.

La legislación vigente -Ley de Aguas, Ley del Plan Hidrológico Nacional, Ley 4/89 sobre Conservación de la Flora y Fauna Silvestre- establece claramente la necesidad de respetar los hábitats naturales y de mantener caudales en los ríos con prioridad a cualquier uso, excepto el consumo humano.

Dado que el Código Penal establece como delito ecológico «las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales» y teniendo contemplado además que » La autoridad o funcionario público …. que con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen será castigado», es por lo que hemos pedido a la Fiscalía, una vez más, que intervenga y considere que la actitud de estos funcionarios ante los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito según el Código Penal, ya que saben perfectamente lo que está ocurriendo año tras año.

Criticamos -y por eso los denunciamos- la actitud de los responsables de velar por nuestro medio ambiente y que están convirtiendo a Sierra Nevada en una caricatura de Parque Nacional, con menos agua y vida que cualquier parque de atracciones.