Los ecologistas afirman que las Normas de Conservación del proyecto de Tindaya están pendientes de la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que atiende un recurso de la organización ecologista.

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción reitera que Tindaya es Bien de Interés Cultural, según el art. 62.2 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, por la que se establece que las manifestaciones rupestres son (BIC) “por ministerio de la ley”.

Los ecologistas confirman que la Declaración de Impacto Ecológico realizada por el Cabildo de Fuerteventura mostraba informes del servicio de patrimonio histórico en el que se indicaba que “en la montaña no se ha realizado un inventario exhaustivo de las estaciones de grabados podomorfos”, alega su portavoz Antonio Hernández.

Ben Magec-Ecologistas en Acción asegura que existen más grabados de los catalogados hasta la fecha y que podrían verse afectados debido a las vibraciones de los sondeos, hecho no evaluado hasta la actualidad, como reconoce el propio Estudio de Impacto que autoriza los sondeos, prosigue Hernández.

Los ecologistas continúan en la denuncia penal por presunta estafa de más de tres mil millones de pesetas a las arcas públicas, pendientes de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas. A esto se añade el millón y medio de euros que se van a gastar en la realización de los sondeos en la montaña majorera

Ben Magec-Ecologistas en Acción solicita un estudio exhaustivo de la montaña antes de “horadarla” y pide al ejecutivo de Adán Martín, la creación de una comisión de expertos independiente que realice el Plan de Vigilancia Ambiental y Patrimonial, puesto que” no nos fiamos de este gobierno”, indicó el ecologista.

Los ecologistas atestiguan que Adán Martín está incumpliendo el discurso del Estado de la Nacionalidad, cuando afirmó que “Hasta que no se clarifique esta compleja situación jurídica, el proyecto de la montaña de Tindaya estará sometido al compás de espera actual».

Los ecologistas continúan estudiando la vía judicial, por presuntos delitos hacia el Patrimonio Histórico.