Autores: Luis González Reyes y Pedro Ramiro [1]. (Miembros de Ecologistas en Acción).

Revista El Ecologista nº 42. Enero 2005.

El análisis de las políticas de la Unión Europea en el ámbito del medio ambiente no puede hacerse si no es contextualizándolas en el marco de un modelo de desarrollo económico capitalista que está de acuerdo con los principios fundamentales del neoliberalismo. En este sentido, la política ambiental de la Unión no es diferente de las que viene aplicando en el resto de los sectores. El dogma fundamental consiste en subordinar todas las actuaciones -en el caso que nos ocupa, las ambientales- al mercado.

Para poder concretar las repercusiones que se derivan de la primacía de la economía sobre la protección y conservación del entorno, vamos a echar un vistazo a las políticas ambientales reales de la Unión Europea, viendo simultáneamente cómo se apuntalan y maquillan las insostenibles prácticas de la Unión en el texto del Proyecto de Tratado de una Constitución para Europa.


1. El discurso ambiental de la Unión

En los últimos tiempos, la Unión Europea ha ido desarrollando, en el terreno medioambiental, una legislación que en muchas ocasiones resulta más garantista que la de los propios estados miembros. Sin embargo, esta preocupación ambiental no obedece a un verdadero intento por acercarse a la sostenibilidad, sino más bien a que el deterioro ecológico no se puede ya ocultar por más tiempo, así como al hecho de que la población europea ha incrementado su sensibilidad acerca de los problemas ambientales.

La Unión Europea ha tratado de liderar mundialmente el avance hacia un modelo de desarrollo sostenible. Y para ello ha reelaborado la definición de este concepto: desarrollo sostenible significa, para la Unión, la perpetuación de un modelo capitalista de producción y consumo, la entronización de la economía financiera como motor de crecimiento y, a la vez, el aderezo de sus discursos y tratados con un lenguaje ecológico que se adapte a las necesidades del momento [2].

Como muestra de ello, desde el principio del articulado del Tratado de Constitución Europea se deja constancia de los valores en que se va a inspirar para alcanzar sus objetivos. Así, se hace mención dentro de los objetivos de la Unión (art. I-3.3) a que “la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”. Durante todo el articulado del Proyecto de Constitución se reitera una y otra vez que lo que se pretende es conjugar la protección ambiental con la economía de mercado. Pero están hablando de un imposible, ya que es precisamente dicha economía de mercado la responsable última de la crisis ecológica en que vivimos. Y cuando se trata de escoger entre una y otra, las políticas de la Unión, como iremos detallando, responden a esta pregunta de una manera meridianamente clara.

Además, estos valores se exportarán, ya que “en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses” y “contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo de los pueblos, el comercio libre y equitativo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, (…)” (art. I-3.4).

Toda esta retórica verde, con la que la Unión Europea intenta lavar su cara menos amable, se ve completada con más afirmaciones en la misma línea: “las exigencias de la protección del Medio Ambiente deberán integrarse en la definición y ejecución de la políticas y acciones (…) con objeto de fomentar un desarrollo sostenible” (art. III-119), y “las exigencias de la protección de los consumidores se tendrán en cuenta” (art. III-120). Pero ¿cómo lograrlo?, ¿hasta qué punto?, ¿quién lo va a llevar a cabo?… Y es que, en definitiva, su propia indefinición deja estos objetivos como un mero brindis al sol.

Como retórico resulta también el artículo II-97, según el cual “las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad”. Llama la atención, en efecto, que este artículo no prevea el derecho subjetivo de las personas a un medio ambiente sano (como reconoce el Convenio de Aarhus, firmado por la Unión Europea y por todos los Estados miembros) sino que sea un simple principio rector, es decir, que se trate de un deber de los poderes públicos que no es susceptible de ser exigido por los particulares. Así, las referencias ambientalistas del Proyecto constitucional encajan perfectamente con la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2001 elaborada por la Unión Europea, que intentaba vestir al capitalismo productivista con un disfraz verde.

En cualquier caso, hay que señalar que es difícil mantener todo este discurso sin caer en la incoherencia. Las contradicciones se ven reflejadas, por ejemplo, al fijarnos en la extensión y el detalle con el que tratan las políticas económicas. En este sentido, existe un apartado exclusivo para el mercado interior y otro para la política económica y monetaria, en los cuales se detallan claramente los criterios de convergencia (art. III-198.1), el control de la inflación (art. I-30.2) o el control del déficit (art. III-185.1), cosa que por supuesto no ocurre con ninguno de los vagos propósitos ambientalistas expresados en el Tratado. Los aspectos medioambientales aparecen en el capítulo de “Políticas de otros ámbitos específicos”.

Ante tamaña declaración de intenciones, podemos preguntarnos qué es lo que ha venido haciendo en el pasado la Unión Europea para conseguir la sostenibilidad. Para ello, quizás resulte aclaratorio ir comparando el discurso y la práctica: vamos a ilustrar el texto del articulado constitucional con las políticas sectoriales que a tal efecto se han venido desarrollando, para ver no solo que esos propósitos son inalcanzables sino que ni siquiera hay interés en lograrlos. La política realmente existente de la Unión Europea, insistimos, deja de lado su teórico respeto por el medio ambiente, puesto que choca con la preponderancia de los objetivos económicos neoliberales, los cuales son incompatibles con el avance hacia un modelo social ecológicamente sostenible.

Antes de entrar en el análisis pormenorizado por sectores, conviene dejar constancia de algunos principios fundamentales que rigen el engranaje neoliberal del proyecto europeo, y que tienen enormes repercusiones sobre el entorno.

- El dogma de fe por el cual el bienestar se sigue midiendo a través del PIB (Producto Interior Bruto) -magnitud diseñada básicamente para medir los flujos monetarios, esto es, la actividad de los mercados- constituye también una buena prueba del estrecho cauce por el que se desarrolla la tan cacareada sensibilidad ecológica de la Unión Europea, puesto que muchos hechos que atentan contra la calidad del medio ambiente hallan un reflejo positivo en la contabilidad del PIB. Por ejemplo, esto sucede si el agua del grifo deja de ser potable y hemos de comprar agua mineral embotellada, si se fabrican más automóviles o si se talan más bosques. Para el capitalismo es más rentable destruir para luego reconstruir.

- La Unión Europea se define como un mercado único de competencia libre y no falseada (art. I-3.2) y esto es radicalmente incompatible con la sostenibilidad. Porque ¿cómo puede ser sostenible el continuo transporte de mercancías a través de miles de kilómetros con la ayuda de combustibles fósiles y con el único criterio del beneficio económico?

- La preponderancia del capital financiero en este modelo económico que consolida el actual Proyecto consolida es otro rasgo que pone de manifiesto la primacía de los intereses económicos sobre los ambientales. El impulso promovido por la Unión Europea para la creación de un mercado financiero único [3] refuerza el capital especulativo, el cual tiene funestas consecuencias en el plano ambiental. No en vano, las continuas crisis que causa la especulación financiera se hallan en el origen del desmantelamiento del tejido productivo (especialmente el de pequeña escala local, mucho más integrado en el medio) y del incremento de la presión para que los países periféricos exploten al máximo sus recursos naturales con el fin de obtener divisas. Además, no hay que olvidar que el capital financiero es el que permite que un pequeño porcentaje de la población mantenga unas altísimas e insostenibles cotas de consumo.

1.1 Transporte

La Unión Europea ha sido concebida para deslocalizar y disgregar en el continente la producción, así como para establecer una distribución y un comercio a largas distancias, lo que incrementa el consumo de energía y la emisión de contaminantes. Esta deslocalización es mayoritariamente interna, pero también se está haciendo de cara al exterior, como lo atestigua el fuerte impulso de la Unión Europea a la apertura de una nueva ronda de negociaciones en el seno de la OMC, la creación de un Área de Libre Comercio en el Mediterráneo o los tratados de libre comercio con Mercosur.

En este modelo de transporte, los costes ecológicos no aparecen en la cuenta de gastos. En la actualidad, el transporte está creciendo por encima del PIB en el seno de la Unión [4] (llegando al caso extremo del aéreo que está aumentando anualmente el 7,4%). Además, la ampliación de la Unión a otros diez países va a aumentar el mercado interno, incrementando el transporte [5]. Como dato significativo, podemos señalar que el gasto total del transporte supone más del 10% del PIB de la Unión Europea [6]. Por todo ello, la Unión apuesta fuertemente por la creación de grandes infraestructuras de transporte, como autopistas [7], trenes de alta velocidad, superpuertos y aeropuertos. Y en el Proyecto de Constitución Europea, el art. III-246 expone que “la Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de las redes transeuropeas en los sectores de las infraestructuras de transportes, las telecomunicaciones y la energía. (…) En el contexto de un sistema de mercados abiertos y competitivos, la Unión favorecerá la interconexión de las redes nacionales, así como el acceso a dichas redes”. Y, por otra parte, este es uno de los pocos sectores en los que la Unión podrá aportar fondos para su realización (art. III-247).

Y estos artículos ya no son una mera retórica, porque la Unión apuesta, presionada por la ERT [8], por mayores infraestructuras de transporte. Actualmente, el objetivo prioritario de las redes de comunicación que conectan la Unión es eliminar los cuellos de botella existentes (Alpes, Pirineos, etc.) y conectar con el Este de Europa para la ampliación. Todo ello apostando por la carretera y el tren de alta velocidad, que es mucho más impactante que el tren convencional (el AVE consume casi lo mismo que un avión y tiene una importante incidencia en el territorio), como se recoge en el plan aprobado por la Comisión en diciembre de 2003.

Todo ello aumenta las emisiones de CO2, con los consiguientes efectos sobre el cambio climático [9]. Este modelo implica también la desarticulación del territorio (ya que se concibe para favorecer la comunicación sólo entre los grandes polos económicos), y la dispersión urbana. Así se empuja a la población hacia espacios altamente urbanizados (la Unión es la región más urbanizada del globo [10]), aumentando su impacto en el medio. Además, cada día se asfaltan 10 hectáreas para construir autopistas, troceándose más el territorio, con la amenaza que esto supone para la biodiversidad. Otra consecuencia importante del actual modelo de transporte es la siniestralidad, que conlleva que las muertes en accidente de tráfico sean la tercera causa de defunción entre la población.

El problema que tiene actualmente la Unión es que el transporte está alcanzando el punto de saturación [11]. En un informe de 1990 encargado por la Comisión Europea se alertaba de que “desde hace algunos años, Europa parece haber sobrepasado el punto más allá del cual cualquier incremento del tráfico es contraproducente. La suma de efectos negativos parece cancelar los incrementos de riqueza, eficiencia, confort y facilidad de transportarse que deberían resultar del crecimiento del volumen de tráfico”. Así, la Unión plantea un menor aumento del transporte por carretera (el que menos posibilidades de incremento presenta) del previsto inicialmente; se pretende que sea de sólo un 38% (frente al 50% planeado) para mercancías y un 24% (frente al 43%) para pasajeros para 2010. El ferrocarril empieza a ser barajado no como una alternativa al transporte por carretera, sino como una forma de continuar el aumento de la movilidad. Eso sí, en líneas de alta velocidad y para el transporte a largas distancias tanto de personas como de mercancías [12].

1.2 Energía

La Unión se ha convertido, a pesar de ser la responsable del 24% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero, en uno de los organismos que lideran la lucha mundial contra el cambio climático. Sin embargo, esto es más un resultado de omisiones ajenas que de méritos propios. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) señaló la conveniencia de limitar las emisiones mundiales de gases de invernadero, para 2005, en un 20% con respecto a los valores de 1990. Esto supondría que, al ser la Unión Europea uno de los principales emisores de estos gases, su reducción debería ser notablemente mayor de dicho porcentaje. Pero la Unión aprovechó la cerrazón de Estados Unidos y Japón para, en la firma del Protocolo de Kioto, disminuir sus recortes de emisiones hasta el 8%. Y también transigió posteriormente con los llamados mecanismos de flexibilidad (como, por ejemplo, el comercio de emisiones o los mecanismos de producción limpia) que hacen que los recortes de emisiones sean aun más escasos.

En cualquier caso, no hace falta volver a explicar qué hay entre el dicho y el hecho, como lo atestigua el dato de que el Estado español ha incrementado ya la producción de CO2 en un 38% entre 1990 y 2002, cuando lo permitido por la Unión Europea hasta 2010 era el 15%. En el resto de la Unión, aunque la situación es mejor, los datos no apuntan por el momento a que se vaya a cumplir el pírrico objetivo firmado en el Protocolo de Kioto [13].

Se sabe que la política económica es inflexible: el incumplimiento del Pacto de Estabilidad acarrea sanciones (aunque, en ocasiones, Francia y Alemania se lo puedan saltar). Pero el medio ambiente es un asunto distinto.

Y el problema no termina aquí, porque la Unión está poniendo en marcha un mercado de comercio de emisiones para 2005. La filosofía economicista que subyace es la de dar viabilidad a los procesos más contaminantes a costa de los menos emisores, favoreciendo sólo la disminución de gases de efecto invernadero que resulten más baratas. Además, los Estados serán los que asignen el grueso de las emisiones que podrán realizar las distintas industrias, lo que beneficiará a los sectores más contaminantes; frente a un sistema de subasta de emisiones que haría lo contrario. Por lo tanto, el comercio de emisiones va a retrasar el abordaje de reducciones más ambiciosas [14].

Respecto a la política energética, la seguridad de suministro y la disponibilidad de energía a bajo precio (que se pretende conseguir, a nivel interno, fomentando la competitividad) son los objetivos esenciales [15]. Para aumentar la competitividad, una de las medidas está siendo la creación de un mercado único de la energía [16]. Esto va a traer como consecuencia más probable un aumento del consumo, y una tendencia a que la producción se realice con menos criterios ambientales (ya que se tendrán que bajar los costes para aumentar la competitividad). Además habrá que construir más redes de distribución, sabiendo que las líneas de alta tensión así como los gaseoductos [17] producen impactos sobre la salud y el medio natural [18].

El Tratado Constitucional refleja estos aspectos: “(…) la política energética de la Unión tendrá por objetivo: a) garantizar el funcionamiento del mercado de la energía; b) garantizar la seguridad del abastecimiento de la Unión, y c) fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energía nuevas y renovables” (art. III-256.1). Como comentábamos al principio, se pretende conjugar las políticas neoliberales con la relación armónica con el medio, en un intento desesperado por lograr la cuadratura del círculo.

Finalmente, y contradiciendo el último artículo citado, hay que destacar que continúa la apuesta por los combustibles fósiles (especialmente el petróleo y el gas natural), quedando en un lugar residual las energías renovables, ya que el objetivo de la Unión Europea es alcanzar el 12% de energías renovables para 2010. Y para colmo, no se termina de abandonar la apuesta por el carbón, aunque los informes de la Unión Europea reconocen su fuerte contribución al cambio climático, la lluvia ácida o la emisión de metales pesados. No en vano, junto a la energía hidráulica, el carbón es casi la única fuente energética propia que tiene la Unión. Y eso por no hablar de las renovadas presiones que parten desde el seno de la Comisión Europea (nuevamente expresadas por Loyola de Palacio) a favor de la energía nuclear, que ahora resulta ser la energía más ecológica al no emitir gases de efecto invernadero.

1.3 Agroalimentación

El sistema agroalimentario que el proyecto europeo ha colaborado a crear en todo el mundo ha tenido como consecuencia la contaminación del agua y del suelo, la pérdida de biodiversidad, la deforestación y desertificación, la eutrofización de lagos y mares, la pérdida del derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, el caso de las vacas locas y de los pollos con dioxinas, la desaparición del campesinado, el hecho de que las grandes multinacionales agro-químico-farmacéuticas controlen toda la cadena de producción agraria…

En el marco de la Unión Europea, la política agraria se ha llevado a cabo por medio de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Los principios básicos que la guiaron en sus comienzos fueron [19]:

a) Unicidad del mercado: se basa en la libre circulación de productos agrarios, la armonización de otras políticas relacionadas (como la sanitaria) y unos precios uniformes.

b) Preferencia comunitaria: implica la protección del mercado europeo frente a las importaciones.

c) Solidaridad financiera común: los gastos de la PAC se pagan con cargo al presupuesto comunitario.

De este modo, la PAC se crea con una clara vocación productivista y con la finalidad de asegurar que la Unión es una potencia mundial en este asunto estratégico. Por lo tanto, la PAC se ha venido realizando a medida de las grandes multinacionales, puesto que favorece la concentración y las grandes explotaciones [20] intensivas de monocultivos, apuesta por un modelo que abusa de los fertilizantes químicos [21] y los pesticidas [22], supone un gasto insostenible de los recursos hídricos (especialmente en el Sur [23]) y de plástico, y potencia el uso de unas pocas razas hiperproductivas alimentadas con piensos compuestos y atiborradas de fármacos. Y como lo único que importa es el mercado, la producción agrícola europea se dedica al comercio y a la exportación, creando undumpingde los precios que arruina la producción de la periferia. Todo ello hace que el gasto energético del actual modelo agrícola también aumente [24]. Un estudio del Wuppertal Institut de Alemania ha calculado las millas de transporte de los ingredientes de un yogur. Aunque todos estos componentes podrían haberse producido en un entorno de 50 millas, fueron transportados más de 7000.

En esta apuesta por la productividad, se vuelcan las subvenciones en los grandes propietarios y en ciertas regiones [25]. Y las zonas que no reciben ningún tipo de protección son muchas veces las de mayor valor ecológico y en las que la disminución de la actividad agraria provoca un fuerte deterioro del paisaje.

En los últimos años se han venido realizando una serie de reformas en la PAC, la última de las cuales tuvo lugar en 2003. Dichas reformas son el resultado de presiones internas y externas. Entre los factores internos, destaca el elevado coste financiero producido por los crecientes problemas de gestión de los grandes excedentes, así como el hecho de que la Unión Europea es ya la segunda potencia mundial (después de Estados Unidos) en el campo de la agroalimentación. En el debate público también tuvieron relevancia los impactos medioambientales derivados del modelo estimulado por la PAC.

Como factores externos, son decisivas las rondas de negociaciones en el seno de la OMC, donde se regulan los mercados agroalimentarios. En sucesivas rondas de negociación se han ido imponiendo importantes rebajas arancelarias, a las subvenciones y a las ayudas a la producción. De este modo, en la actualidad, sólo son permitidas medidas que se considere que no tienen efectos distorsionadores sobre los precios y los mercados (del tipo de la protección ambiental, el desarrollo rural o que no se traduzcan en pagos que no sean excepcionales a los/as agricultores/as). Todo ello ha reforzado la retórica sobre la sostenibilidad agraria en la PAC.

Las cesiones por parte de la Unión Europea en estos aspectos en el seno de la OMC no han sido altruistas, por supuesto, sino que responden a los factores internos anteriormente nombrados y a que las negociaciones estaban sujetas al “principio de globalidad”, por el que no se concluirían sin llegar a un acuerdo en todos los aspectos propuestos en la agenda inicial, los cuales eran mucho más jugosos para la Unión.

En este contexto, los nuevos objetivos formales de la PAC resultante de las reformas se centraron en la reducción de la producción, de los excedentes y del gasto presupuestario. La pieza clave de las reformas de la PAC ha sido la reducción de los precios garantizados a los/as agricultores/as, ya que éstos pasan a estar prohibidos por la OMC. Un segundo aspecto fundamental es la disociación de las ayudas de la producción, de manera que las explotaciones agrarias reciban las ayudas en forma de pago único por explotación, calculado a partir de las ayudas recibidas en el periodo 2000-2002 (es decir, que en el fondo se sigue tomando como referencia la producción, premiando el productivismo histórico). Además, hay que añadir que dicha disociación no es completa y permanece en bastantes aspectos de la producción agraria.

Sin embargo, la Unión Europea no está dispuesta a desmantelar su política de apoyo a la agricultura. Así, la nueva PAC trata de compensar la caída de los precios de intervención mediante ayudas directas, los llamados pagos compensatorios, en el caso de los cultivos herbáceos, desvinculados de la producción. Y mediante medidas estructurales, las denominadas «medidas de acompañamiento», entre las que se incluyen las medioambientales. La renovada PAC implica también la ampliación de la política de desarrollo rural, enmarcada dentro de la política de desarrollo regional de la Unión y, por tanto, también permitida por la OMC. Pero conviene señalar que las ayudas directas y medioambientales son claramente inferiores a las ayudas productivas, por lo que la PAC no rompe su carácter productivista.

Ahora las ayudas estarán teóricamente condicionadas al cumplimiento de ciertos criterios no productivos, que tratan de responder a demandas ciudadanas sobre la calidad de los alimentos y respeto por el medio ambiente. Esta condición es un instrumento que se adecua perfectamente a las medidas aceptadas por la OMC, lo que apunta a que se trata esencialmente de una coartada para seguir subvencionando la agricultura, ya que no se han puesto medidas reales para hacer posible la verificación de dichos criterios ambientales [26].

De este modo, y resumiendo, la única novedad ambiental que se está introduciendo desde los noventa en la PAC es el impulso de dos vías paralelas que convivan en la producción agrícola: la intensiva tradicional, de la que nos alimentaremos la mayor parte de la ciudadanías, y la ecológica, de mayor calidad.

Y, con este Proyecto constitucional, no hemos de esperar ningún cambio de rumbo. El art. III-227 es bien explícito: “los objetivos de la política agrícola común serán: incrementarla productividad agrícola ,fomentando el progresotécnico, garantizar un nivel de vida a la población agrícola y estabilizar los mercados. (…) Se deberá tener en cuenta que la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía”. Más de lo mismo.

Respecto a los alimentos transgénicos, acaba de finalizar la moratoria sobre nuevas autorizaciones que estaba vigente desde 1998. Esta moratoria supuso un relativo respiro a la introducción masiva de transgénicos, pero el proceso de reforma legislativa que la motivó ya ha concluido. Así, existe una larga lista de transgénicos pendientes de aprobación, a los que la Comisión intentará dar luz verde cuanto antes, cediendo a las presiones de Estados Unidos y de la industria biotecnológica. De este modo, la normativa aprobada abre la puerta a la entrada masiva de transgénicos.

Además, aparecen generosos coladeros para la industria biotecnológica, como la normativa sobre semillas, que es lo suficientemente laxa como para permitir la contaminación de campos no transgénicos por otros transgénicos y la imposibilidad de diferenciar unos de otros. Y se observa la ausencia de una normativa que establezca la responsabilidad civil de la industria biotecnológica en caso de daños o de contaminación por transgénicos. De todos modos, aunque insuficiente, la legislación es más estricta que la anterior en lo que se refiere a requisitos para las autorizaciones de liberación de nuevos transgénicos en la Unión Europea, así como para el etiquetado.
Por último, la Directiva Europea de Patentes permite, a través de argucias legales, patentar genes, líneas celulares, animales y plantas. No se necesita el consentimiento del donante y no es preciso que el país de origen del material biológico figure siquiera en la patente. Todo esto favorece el robo por parte de las multinacionales de la biodiversidad genética y el conocimiento milenario de las culturas que la utilizan [27].

1.4. Biodiversidad

La Comisión Europea reconoce que “la pérdida de biodiversidad en Europa se ha acelerado de forma drástica en las últimas décadas” [28]. Sin embargo, no señala la gran responsabilidad que en la aceleración del proceso de extinción de especies, en la reducción de la diversidad genética y en la alteración de los hábitats naturales han tenido las políticas de la Unión Europea. Ante este panorama, los esfuerzos realizados resultan ridículos. Ni siquiera están teniendo éxito los que se han hecho en los últimos años para lograr la implantación de la Red Natura 2000 [29] en la Unión, como demuestran los más de cinco años de retraso acumulados en la designación de los Lugares de Interés Comunitario (LICs).

En lo que respecta a los recursos pesqueros, basta decir que los caladeros que se encuentran en mejor estado son los del Atlántico Nororiental, donde el ritmo de pesca comporta que un 62% de la población esté en peligro de extinción. Al respecto, la Unión se reserva mediante la Constitución Europea la competencia exclusiva en la protección de los recursos biológicos marinos (art. I-13.1). Lo primero que hay que destacar es que este aspecto es el único de carácter claramente no económico de los que aparecen. Sin embargo, cuando vemos cuál es la política pesquera que está aplicando la Unión Europea, observamos que no desentona con el resto del articulado. La Unión trata los recursos biológicos marinos como un bien ilimitado al que esquilmar sacando el máximo provecho económico, como lo demuestra su reiterada pasividad en reducir el insostenible nivel de explotación de los caladeros.

1.5. Residuos y salud pública

La producción de residuos en la Unión continúa incrementándose año tras año [30], a pesar de la incorporación a la normativa comunitaria desde 1991 del principio de prevención en su generación. La Comisión sigue sin definir unas políticas económicas fiscales que promuevan la reducción de la cantidad y toxicidad de los residuos, limitándose a regular los sistemas de vertido y a plantear objetivos mínimos de reciclado [31]. Se llega al absurdo total cuando los documentos de la Unión afirman que es posible una “desmaterialización de la economía”. ¿En qué consistirá dicha desmaterialización cuando el consumo de productos materiales y la producción de residuos, también muy materiales, no paran de crecer?

Con todo, la legislación europea de protección de la salud pública relacionada con los residuos ha ido en aumento [32]. Y en algunos aspectos se ha reducido la contaminación (emisión de precursores de ozono troposférico y dióxido de azufre, presencia de fosfatos en ríos). Pero la legislación es insuficiente [33], ya que los riesgos que suponen los residuos siguen presentes [34], e incluso continúan aumentando en muchos casos (partículas en suspensión o nitratos en ríos). Por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado recientemente la Directiva sobre Responsabilidad Ambiental, que afectará únicamente a determinados sectores industriales, entre los que no se encuentran el nuclear ni el petrolero. Además, dicha Directiva no incluye la obligatoriedad de que las industrias de alto riesgo estén cubiertas por un seguro que garantice que los gastos de limpieza medioambientales no son pagados por los contribuyentes en caso de que aquellas se declaren insolventes [35].

Los objetivos genéricos que se plantean en la sección del Proyecto constitucional que trata el medio ambiente (art. III-233) son la “conservación, protección y mejora del medio ambiente; protección de la salud de las personas; uso prudente y racional de los recursos naturales; fomento de medidas a escala internacional(…)”, y afirma que “se basará en los principios de cautela y acción preventiva, y en el principio de quien contamina paga”. Pero leyendo con mayor detenimiento, nos damos cuenta de que “sin perjuicio del principio de quien contamina paga, cuando una medida adoptada implique costes desproporcionados para un Estado miembro, (…) se establecerán: excepciones de carácter temporal; apoyo financiero con cargo al fondo de cohesión”. Así quien contamine tendrá que rascarse el bolsillo… pero parece que no demasiado. Además, “los principios de cautela y acción preventiva” a buen seguro se seguirán pasando por alto para la energía nuclear, los transgénicos, muchos aditivos químicos y para las radiaciones de las antenas de telefonía [36].

Por otra parte, la Unión se basa en la creciente asignación de derechos de propiedad sobre los recursos naturales para la protección del medio ambiente. Las herramientas de las que se sirve para hacer frente a los graves desafíos medioambientales son, principalmente, los denominados impuestos ecológicos [37] o ecotasas. Estos instrumentos sin duda pueden contribuir a mejorar la protección del entorno, pero su insuficiencia es manifiesta si no se acompañan de otras medidas: quienes tienen dinero suficiente, pagando, pueden seguir contaminando. El principio de “quien contamina paga” (art. III-233) del actual Proyecto se vería así satisfecho sin que por ello nuestra relación con el entorno saliera necesariamente beneficiada. Además, es evidente que es imposible cuantificar con valores monetarios todas y cada una de las variables ambientales: ¿cuánto debe pagarse a quien contrae cáncer a causa de emisiones electromagnéticas?, ¿cuánto pagarían las generaciones futuras por un clima inalterado?

Por último, clama al cielo la confianza de la Unión Europea en la tecnología para abordar con éxito los problemas ambientales [38]. No hay duda de que la mejora de la eficiencia es importante, pero en sí misma y sin afrontar los otros elementos del problema ecológico resulta totalmente insuficiente. Un botón de muestra es la introducción de los catalizadores en los automóviles: la reducción de contaminantes supuso un efecto beneficioso inicial que, sin embargo, pronto se vio truncado por el aumento del parque automovilístico.


2. Líneas de acción hacia la sostenibilidad

Ante la perspectiva que hemos trazado, con la que no cuadra la supuesta sensibilidad ambiental de la Unión Europea ni de su Proyecto de Tratado Constitucional, podemos proponer algunas líneas de acción que nos vayan ayudando a avanzar realmente hacia un mundo sostenible.

Lo que hace falta, más allá de las necesarias mediaciones institucionales y jurídicas, es un cambio de valores a escala personal que se exprese colectiva y socialmente. Un proceso de este tipo, en definitiva, sólo puede suponer la superación del sistema capitalista y su sustitución por otro que comporte una relación armónica con el entorno, que introduzca ciclos de producción cerrados, y que tenga como cimientos la solidaridad, la libertad y la justicia social.

Este nuevo esquema de valores deberá incluir la austeridad frente al despilfarro, la cooperación frente a la competitividad, el pacifismo frente a la violencia, la sostenibilidad frente al crecimiento y la acumulación, la lentitud frente a la velocidad, la responsabilidad compartida frente al hedonismo individual, o la horizontalidad frente a la verticalidad.

Y, dentro de este marco, la sostenibilidad se ha de articular en municipios constituidos en torno a dos conceptos clave:

a) Sistemas poco abiertos, en los cuales los ciclos de materia y energía estén lo más cerrados que se pueda, y en los que haya una alta productividad biológica.

b) Sistemas con mucha información, para lo cual es necesaria la convivencia de personas diferentes con numerosos canales de comunicación e intercambio.

Para que todo esto se pueda alcanzar es necesario un reordenamiento general de la sociedad, que debe:

- Ser transversal a todas las facetas sociales y holístico.

- Ser participativo.

- Partir del conocimiento de la realidad.

- Entender que cada territorio constituye un caso único, pero que, a la vez, la interacción de unos procesos con otros permitirá una serie de imprescindibles aprendizajes cruzados.

- Tener un claro carácter transformador continuo y ser evaluable.

Así, se precisará de economías que satisfagan equitativamente las necesidades humanas sin extraer recursos o desperdiciar desechos que excedan la capacidad de regeneración del medio. La tarea principal de la economía deberá ser establecer un flujo sostenible de recursos, para lo cual habrá que reducir (la extracción y el consumo), como primera medida, antes de maximizar la reutilización y el reciclaje. Esta nueva economía deberá basarse en parámetros como la energía, la entropía (el desorden), el tiempo y la cantidad y calidad física de diversos recursos. Esto será únicamente factible en un modelo local o regional, donde la autogestión y el autoabastecimiento serán básicos.

Del mismo modo, es fundamental la redistribución de la riqueza y las oportunidades. Para ello podrá jugar un papel importante una política de tasas que haga que el precio de los productos incluya sus costes ambientales y sociales. Pero, sin duda, es fundamental acercar la economía a nuestras vidas, reduciendo progresivamente el papel de la economía financiera y retomando el control sobre los ciclos de producción y consumo.

El nuevo modelo de ecología industrial deberá cerrar los ciclos, utilizando la tecnología para poner en marcha modelos de producción limpia. Asimismo se deberá minimizar la utilización de productos tóxicos y contaminantes.

Necesitamos una nueva ordenación del territorio que garantice la conservación de los espacios naturales, racionalice el uso y disfrute de los mismos, evite el deterioro de los suelos y la desertificación, recomponga las relaciones campo-ciudad, y optimice para todo el territorio las necesidades que la sociedad demanda, sin menoscabo de la calidad de vida y sin pérdida de identidad de las personas con su entorno.

En la misma línea, el modelo de urbanismo deberá ser compacto y diverso, siguiendo un modelo de tipo casco antiguo, en el cual los servicios sociales queden cerca de casa.

Nuestra necesidad de movilidad debe reducirse drásticamente y ha de realizarse con criterios ambientales, potenciando los transportes colectivos, en bicicleta y a pie (como lo hace la mayor parte de la humanidad).

En la producción de energía deberemos seguir dos criterios básicos: disminuir drásticamente nuestro consumo energético y aumentar la calidad ambiental de la energía que consumimos. Para lo último deberemos potenciar el uso de fuentes de energía alternativa (solar, eólica u otras) y aproximar la producción al lugar de consumo. Deberemos aprovechar los avances tecnológicos, que permiten ya una producción de energía a partir de fuentes renovables y descentralizadas, como la eólica y la solar. Todo ello, combinado con una arquitectura bioclimática, hace mucho menos necesaria la producción masiva y centralizada de energía; producción en la que podría estudiarse también la utilización de biomasa. En este sentido, resulta paradigmático el caso de Grecia, donde los niños y niñas pintan dibujos de casas que poseen paneles solares.

La agricultura no puede ser considerada como una industria más y la producción de alimentos debe enmarcarse dentro de los parámetros de la agroecología.

También es fundamental que entendamos que no somos los únicos seres vivos sobre el planeta que tenemos derechos. Por ello deberemos posibilitar espacios para la vida del resto de los seres, espacios que deberán estar interconectados mediante corredores biológicos.

Finalmente, nuestras sociedades deberán estar cohesionadas, ser interculturales, estar regidas mediante criterios de democracia participativa y, por supuesto, gestionar los conflictos de manera noviolenta.

Algunos modos de producir, consumir y relacionarse en este sentido se van abriendo camino.

Un ejemplo de ello son las cooperativas de trueque. Éstas, al haber eliminado el dinero, presentan una serie de ventajas muy interesantes: la producción es necesariamente local, no existe posibilidad de especulación, todas las personas pueden aportar algo a la comunidad, y se puede conseguir una valoración de los servicios y de las cosas más ajustada a su coste real y no al que nos viene impuesto por el mercado. En la Unión Europea existen poderosas redes de trueque, como la que existe en Amsterdam [39]. Y también en el Estado español hay numerosas experiencias que vienen funcionando desde hace años.

Un segundo ejemplo son los grupos autogestinados de consumo. Éstos consisten en un grupo de consumidores/as y varios agricultores/as, de manera que los primeros garantizan una compra estable y se encargan de la distribución, mientras que los segundos se comprometen a cultivar con criterios ecológicos y solidarios. La ausencia de intermediarios permite que los precios de los productos sean del mismo orden que los que los del supermercado. Existen grupos de este tipo en numerosas partes de nuestra geografía.

También es necesario hablar de las experiencias de recuperación y repoblamiento del espacio rural que se están llevando a cabo por numerosos colectivos, experiencias que en muchos casos también están fuertemente conectadas con la ciudad. En estos espacios se están conjugando nuevas formas de relaciones entre las personas y con el medio que apuntan hacia la sostenibilidad.

Por último, debemos mostrarnos los propios movimientos sociales como ejemplo de que el avance hacia unas formas de relación donde todo el mundo pueda participar y donde los conflictos se regulen de manera pacífica es posible.


BIBLIOGRAFÍA


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- BÁRCENA, Juan y SEGURA, Paco: “El mito de las infraestructuras”. El Ecologista nº 30. 2002.
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- LAMARCA LAPUENTE, Chusa: La Unión Europea: retórica sostenible y políticas insostenibles. 2001.
- ROIS, Cristina: “El comercio de emisiones de la UE”. El Ecologista, nº 37. 2003.
- SOLER MONTIEL, Marta: “La política agraria de la Unión Europea”. Libre Pensamiento, Ecologista, La Lletra A (edición especial conjunta sobre la UE). 2005.
- VV.AA.: ¿Te has preguntado alguna vez… PAC pa’ qué?, ¿PAC pa’ quién?. 2001.

Notas

[1] El presente texto es una síntesis de varios trabajos previos de Ecologistas en Acción en los que han participado principalmente Chusa Lamarca, Ladislao Martínez, Cristina Rois, Marta Soler, Elena Díaz, Isabel Bermejo, Goyo Álvarez, Theo Oberhuber, Juan Bárcena, Paco Segura y Ramón Fernández Durán

[2] Vid. Chusa Lamarca Lapuente: La Unión Europea: retórica sostenible y políticas insostenibles, 2001

[3] Un ejemplo sería el proceso de fusión de bolsas europeas o el intento que es la Constitución Europea de convertir al euro en la principal moneda mundial.

[4] La movilidad personal se ha incrementado de 17 km/persona/día en 1970 a 35 km/persona/día en 1998

[5] Se prevé que se cuadruplique o quintuplique el transporte en Europa del Este tras su integración en la UE.

[6] Uno de cada tres nuevos empleos que se generen en la UE durante los próximos 10 años estarán vinculados a la logística, según datos de la Dirección General de Transportes de las Comisión Europea.

[7] El 79% de los pasajeros/as y el 44% de las mercancías se traslada por carretera. El número de coches y de kilómetros de autopista en la UE se ha multiplicado por 3 desde 1970 (en la Unión ya hay un coche por cada 2 habitantes). Mientras, desde 1970, se han cerrado al tráfico 600 km de vías férreas convencionales al año (las carreteras han crecido 12000 km/año). La cuota del transporte ferroviario de mercancías ha pasado del 21,1 al 8% y la de pasajeros/as del 10 al 6% desde 1970.

[8] Siglas en inglés de la Mesa Redonda Europea de Industrias, que está integrada por 45 grandes empresas.

[9] Actualmente, el transporte es el responsable del 28% de las emisiones de CO2 (de las cuales el 82% provienen del transporte por carretera). Además, para 2010 está previsto que su contribución a la emisión de CO2 aumente hasta el 40%.

[10] Entre 1980 y 2000 la superficie edificada en la UE ha aumentado un 20%, mientras que la población lo ha hecho un 6%.

[11] El 10% de las carreteras están afectadas diariamente por atascos, el 20% de la red ferroviaria se considera cuello de botella y los 16 aeropuertos principales sufren retrasos superiores a los 15 minutos en el 30% de los vuelos.

[12] Vid. Juan Bárcena y Paco Segura: «El mito de las infraestructuras», El Ecologista, nº 30, 2002.

[13] Vid. Ecologistas en Acción: Crítica a la Estrategia Europea para un desarrollo sostenible (2002).

[14] Vid. Cristina Rois: «El comercio de emisiones de la UE», El Ecologista, nº 37, 2003.

[15] La Unión Europea es el segundo consumidor mundial de energía, y los intercambios energéticos suponen el 25% del PIB de la Unión.

[16] Realmente habría que hablar de mercados, ya que son distintas las situaciones del petróleo, el carbón, el gas natural y la electricidad.

[17] La extensión de la red de gasoductos implicará el aumento de fugas de metano, que es un agente de efecto invernadero veinte veces más poderoso que el CO2.

[18] Vid. Ecologistas en Acción: Foro ecologista con motivo de la cumbre de la UE de Barcelona. Unión Europea: discursos sostenibles, políticas insostenibles (2002).

[19] Vid. Marta Soler Montiel: «La política agraria de la Unión Europea», Libre Pensamiento, Ecologista, La Lletra A (edición especial sobre la UE conjunta), 2005.

[20] El 80% de la producción agrícola se realiza en el 20% de las tierras.

[21] Desde 1985 hasta 1996, su uso aumentó en un 29,7%, aunque en los últimos años la tendencia haya sido levemente descendente.

[22] Su utilización aumentó en un 82,1% entre 1985 y 1996, si bien últimamente se ha observado una cierta tendencia descendente.

[23] En el Estado español el 80% del agua dulce se emplea en la agricultura.

[24] Entre 1985 y 1996, el consumo de energía en la agricultura en el Estado español se incrementó un 27,7%, al tiempo que la superficie agraria usada disminuía un 5,6%.

[25] El 50% de las explotaciones agrarias son pequeñas y se llevan sólo el 8% del presupuesto, mientras que el 4% mayor acapara el 40%. Esto continuará con la reforma de la PAC, a pesar de su retórica de recorte de las ayudas a las grandes extensiones.

[26] Vid. Marta Soler Montiel: «La política agraria de la Unión Europea», Libre Pensamiento, Ecologista, La Lletra A (edición especial conjunta sobre la UE), 2005.

[27] Vid. Ecologistas en Acción, Crítica a la Estrategia Europea para un desarrollo sostenible, ya citado.

[28] La perdida de variedades y razas autóctonas en las ultimas décadas ha sido también devastadora, y supone una gravísima amenaza para el futuro de la agricultura europea.

[29] Su objetivo es proteger las zonas de mayor valor biológico.

[30] En los años noventa la generación de basura en la UE aumentó un 14%, de manera que la ciudadanía europea produjo 545 kilos de residuos por persona y año.

[31] En 1998 sólo se reciclaba un 20% de la basura, mientras un 57% iba a vertederos.

[32] Por ejemplo, con el Libro Blanco sobre Sustancias y Preparados Químicos o con la suscripción del Protocolo de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

[33] Como un ejemplo, el nuevo sistema REACH que pretende revisar el riesgo para la salud de 30.000 sustancias químicas dejará fuera 70.000 que se seguirán comercializando casi sin control.

[34] No existe información suficiente sobre la salubridad del 90% de las sustancias presentes en el mercado, y sobre muchas (PTS, PCB o PBDE) hay pruebas de su toxicidad. Ya que, aparte de las reglas que se aplican a los medicamentos, plaguicidas o aditivos alimentarios, la legislación comunitaria no prevé un sistema de autorización previa a la comercialización de productos. En la mayoría de los casos, corresponde a la ciudadanía demostrar el riesgo que entraña un procedimiento o un producto que ya se ha comercializado.

[35] Como ocurrió en el vertido de lodos tóxicos de Boliden Apirsa, la empresa minera de Aznalcóllar.

[36] En 2001 el Tribunal de la UE condenó a Francia por anteponer el principio de precaución al Mercado Único y mantener su embargo al vacuno británico.

[37] El número de los impuestos llamados ecológicos se ha multiplicado por 4 en los últimos 20 años.

[38] Art. III-248: “la Unión tiene como objetivo fortalecer las bases científicas y tecnológicas (…) favoreciendo el desarrollo de su competitividad, incluida la de su industria (…)”. Y es que la investigación tecnológica nos llevará indefectiblemente al progreso…

[39] Basta saber que el ayuntamiento quiere que pague impuestos para hacerse una idea de su arraigo.