El imposible Plan del Júcar

A finales de 2000 entró en vigor en toda la Unión Europea la Directiva Marco del Agua. Esta legislación, cuya aplicación es obligatoria en todos los estados miembros de la Unión, marcó un punto de inflexión para reconducir la política del agua hacia la protección de los ecosistemas y hacia el uso sostenible a largo plazo de los ecosistemas, una vez constatado el nivel de deterioro de nuestros ríos, acuíferos, fuentes, manantiales y humedales.

En la actualidad, enero de 2009, la Demarcación Hidrográfica del Júcar acumula ya más de un año de retraso con respecto al calendario para la realización de los trabajos de elaboración del Plan de Cuenca establecido por la Directiva Marco del Agua y por la Ley de Aguas española; y, el proceso de planificación se encuentra paralizado sine die al no tomarse una decisión que resuelva y delimite cuál es el ámbito territorial de planificación y gestión que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente (cuencas intercomunitarias) y cuál es el de competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana (cuencas intracomunitarias).

La situación actual de paralización de este proceso impide en la práctica la aplicación de la Directiva Marco del Agua y de la Ley de Aguas y, por tanto, el cumplimiento de sus objetivos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

El Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha son responsables de esta situación, que tiene relevancia comunitaria ya que la Comisión Europea puede considerarlo un incumplimiento de la Directiva Marco del Agua (artículos 3, 14 y 13). Cabe recordar que el Reino de España tiene abierto desde octubre de 2005 un procedimiento de infracción por el incumplimiento del artículo 3 de la Directiva Marco del Agua referente a la Coordinación de disposiciones administrativas en las demarcaciones hidrográficas.Los grupos ecologistas de las dos comunidades implicadas somos los únicos capaces de ponernos de acuerdo en que se cumpla escrupulosamente la ley y para eso es necesario, entre otras medidas:

- Establecimiento de los regímenes de caudales ecológicos, requerimientos ecológicos y reserva de volúmenes ambientales en acuíferos, que permitan alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas así como el buen estado ecológico de las aguas superficiales dependientes de ellas, tal como exige la Directiva Marco del Agua.

- Declaración de sobreexplotación tanto del acuífero de La Mancha Oriental como de aquellas masas de agua con deterioro persistente de su estado cuantitativo y puesta en marcha de medidas efectivas que permitan recuperar sus niveles piezométricos en régimen natural como único camino para devolver la vida a todos los espacios del agua degradados o perdidos en los últimos años.

- Adecuación y garantía del suministro de agua de boca teniendo en cuenta las necesidades reales de la población y no la expansión urbanística desmesurada que se ha producido estos últimos años.

- La revisión de los derechos concesionales de los usos agrarios, especialmente de aquellos beneficiados por programas públicos de modernización de regadíos, de manera que las dotaciones concesionales se ajusten a las necesidades reales, revertiendo el ahorro generado para fines ambientales y evitando la ampliación de facto de zonas regables o prácticas de cultivo más intensivas en agua

- Participación pública real y efectiva y transparencia y acceso a toda la información relevante para la planificación hidrológica, de manera que el nuevo plan de cuenca no nazca viciado por la opacidad y la arbitrariedad, impropias de la política de una democracia moderna.

Para denunciar esta situación, se ha elaborado un Manifiesto, que ha sido firmado por Ecologistas en Acción de Albacete y Ecologistes en Acció del País Valencià, Associación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, Xúquer Viu, Acció Ecologista-Agró, Adena València, SEO Birdlife, Fundación Nueva Cultura del Agua y CCOO.




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