Paralización de las obras de un campo de golf ilegal

Ecologistas en Acción exige la paralización inmediata de las obras de urbanización en el campo de golf ilegal de Viña Rango.

El Tribunal Supremo ha confirmado lo que todos sabíamos: que el Ayuntamiento modificó de forma ilegal el PGOU de El Puerto para que una empresa de un ex consejero de la Junta pudiera construir un campo de golf, un hotel y una urbanización de 700 viviendas en un suelo que estaba clasificado como no urbanizable. Hay que recordar que a raíz de esta modificación ilegal se procedió a la incoación de Diligencias Previas por parte del Juzgado nº 1 de El Puerto al haberse constatado indicios raciones de criminalidad por un presunto delito de prevaricación contra Hernán Díaz, Pedro Alamillos, Mª del Carmen Díaz Cantos y José Joaquín Jiménez Pórtela, todos ellos miembros de IP y de la Junta de Gobierno que aprobó la modificación del PGOU. Cuando en mayo de 2004 el TSJA declaró ilegal dicha modificación, Ecologistas en Acción exigió la paralización y cierre del campo de golf, que venía funcionando de forma ilegal desde 2003. El Ayuntamiento, entonces gobernado por IP y PSOE, se opuso, y siguieron tramitando el Plan Parcial y concediendo licencias de obras, amparándose en que la sentencia del TSJA estaba recurrida. Es evidente que el cierre de esta instalación y los perjuicios que pueda ocasionar a la escasa veintena de trabajadores es exclusiva responsabilidad de los que permitieron que se construyera y abriera de forma ilegal.

El actual equipo de gobierno del PP ha proseguido el trato de favor a la empresa Golf El Puerto, permitiendo que prosiguieran las obras de urbanización en unos suelos que ahora vuelven a su condición de no urbanizable, e iniciando de nuevo los trámites de modificación del PGOU para intentar recalificar estos terrenos, que no se olviden, eran municipales y pasaron a esta empresa por medio de turbulento y fraudulento procedimiento de adquisición y enajenación puesto en evidencia en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento realizado por el Tribunal de Cuentas.

Esta nueva modificación del PGOU sigue siendo ilegal, pues, entre otras cosas, le sería de aplicación toda la nueva legislación urbanística, incluida la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, el Decreto 43/2008 regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía y la Ley 12/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Ninguna de estas normas se cumple en la propuesta del Ayuntamiento de modificar el PGOU, normativa que excluye este tipo de modificaciones y proyectos de campos de golf con urbanizaciones desconectadas de la ciudad. El PP pretende mantener un proyecto fruto de un trasnochado modelo urbanístico, basado en la “burbuja inmobiliaria” que ya se ha desinflado, y que ha utilizado la compra de viviendas solo como una forma de inversión, modelo que está actualmente en una fuerte crisis.

Ecologistas en Acción va a exigir al Ayuntamiento que:

· Proceda a la inmediata paralización de las obras del campo de golf de Viña Rango promovidas por Golf El puerto SA, y al cierre de todas sus instalaciones.

· Que proceda a paralizar definitivamente la modificación puntual del PGOU en el ámbito de las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango, por entender que consagra un modelo de desarrollo insostenible, es atentatorio al interés general, y generaría graves impactos territoriales y a los recursos naturales.

· Que se proceda a la expropiación de estas fincas, con el justiprecio que se estipuló en su venta, se incluyan en el Patrimonio Municipal de Suelo, de forma que se puedan construir unas 1.500 VPO unifamiliares de autoconstrucción, asequibles para un importante segmento de la población para el que ahora es prohibitivo este tipo de viviendas.

Por último, no estaría de más que la flamante presidenta de IP, Silvia Gómez, y el portavoz del PSOE, Ignacio García de Quirós, asumiera su responsabilidad y dimitieran por haber aprobado y apoyado un proyecto ilegal




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