La Consejería de Medio Ambiente consagra una gestión insostenible del agua

La Consejería de Medio Ambiente (CMA) dedica más esfuerzos a la propaganda que a la mejora de la gestión del agua. Mucha publicidad y muchos acuerdos, pero se sigue manteniendo la nefasta política que desde el franquismo ha dominado la política hidráulica en España: subordinar la protección ambiental y del agua al desarrollismo a corto plazo; prometer un aumento constante e indefinido de los recursos, en vez de gestionar y reducir las demandas.

Se siguen construyendo macropresas que secan nuestros ríos e impiden la llegada al mar de sedimentos y nutrientes que regeneren nuestras playas y caladeros; se sobreexplotan los acuíferos en aras de la agricultura intensiva y de los campos de golf; y se informan favorablemente planes de ordenación urbana expansivos que requieren aumentos de recursos de agua que no tenemos. Se permiten incluso destrucción de bosques –nuestras más valiosas y estratégicas infraestructura hidráulicas- para construir urbanizaciones y campos de golf, como se está haciendo en Los Merinos (Ronda) y se ha autorizado en Arcos.

Es de destacar que el Acuerdo Andaluz sobre el Agua no ha sido firmado ni apoyado por una sola organización ecologista, pues no garantiza –sino todo lo contrario- el uso sostenible de los recursos y ecosistemas acuáticos ni el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. En el Acuerdo se asegura que “no faltará agua para el crecimiento”. ¿Qué tipo de crecimiento? ¿De dónde sacarán el agua? Este acuerdo pretende ser un mal sucedáneo del proceso participativo que debe regir la planificación de las cuencas, eludiendo las obligaciones legales y haciendo que, por ejemplo, la planificación de la Cuenca Mediterránea Andaluza vaya con un año de retraso, y la del Guadalete-Barbate esté paralizada.

La falta de compromiso con una nueva cultura del agua se pone de manifiesta en la falta de concreción para el cumplimiento de los objetivos: sólo se incluye la fiscalidad ecológica para demandas urbanas pero no para el uso de agrotóxicos; se contemplan infraestructuras hidráulicas innecesarias y de alto impacto ambiental como trasvases ya desechados por el mismo partido del gobierno en la Junta en otras comunidades autónomas; representa una amnistía absoluta para los usos ilegales del agua, especialmente de los regadíos y de las captaciones de aguas subterráneas; no se limita la demanda, evitando la congelación de nuevas concesiones, tanto para recursos subterráneos como superficiales; no se garantiza el deslinde para recuperar y reforestar las riberas; y se elude destinar los caudales provenientes del ahorro por aumento de la eficiencia y la modernización en todo tipo de demanda, a la mejora y recuperación del régimen de caudales ecológicos.

En la provincia de Cádiz la gestión hidráulica ha empeorado ostensiblemente en estos últimos años, frustrándose las expectativas que había generado el traspaso de las competencias a la Junta de Andalucía. La transferencia de competencias del Guadalete, Barbate y cuencas del Sur no sólo no ha supuesto un giro hacia una gestión sostenible, sino que se ha demostrado una absoluta sumisión a todo tipo de presiones de los Ayuntamientos y promotores para favorecer grandes proyectos urbanísticos de tipo especulativo. Como prueba de esta situación se puede destacar:

• A estas alturas, todavía hay municipios en la provincia de Cadiz como Algeciras, Tarifa, Chipiona o Prado del Rey, o urbanizaciones como Caños de Meca o El Palmar, que carecen de depuradora; otros municipios, como El Puerto, Vejer, Barbate o los de la cuenca alta del Guadalete, las tienen inactivas o funcionan deficientemente.

• De los 23 campos de golf existentes en la provincia, sólo cinco riegan con agua depurada. El resto, o bien tienen concesiones de riego comprada a regantes, lo que supone un uso fraudulento del agua, o les han dado directamente concesiones igualmente fraudulentas, ya que los Planes Hidrológicos en vigor no reconocen dentro del uso recreativo al golf. Casos especialmente sangrantes son:

o Montenmedio: donde se construyó un campo de golf sobre un bosque talado ilegalmente que la CMA sancionó con la repoblación obligatoria que marca la ley. No se ha repoblado nada, el campo de golf sigue funcionando y se está regando con 500.000 m3 de agua del acuífero.

o Montecastillo: se riega desde hace cuatro años con agua de una concesión ilegal de 500.000 m3 de la comunidad de regantes del Guadalcacín. ¿Con qué regaban antes?.

o Pto. Sta María: el campo de golf de Vistahermosa II destruyó uno de los mejores retamares del mundo, con una importante población de camaleones, y se está regando sin concesión con agua de un acuífero costero sobreexplotado. Golf El Puerto ha sido declarado ilegal por los tribunales, pero sigue funcionando y regándose.

o Pto. Real: el campo de golf de Villa Nueva tiene la obligación de regar con agua depurada, pero se riega con agua de pozo.

o Atlanterra: se ha autorizado una ampliación de esta aberración con campo de golf incluido que se pretende regar con agua de la red de Tarifa.

o Prado del Rey: se autoriza un campo de golf en un municipio con restricciones y sin depuradora.

o Castellar de la Frontera: se ha aprobado un campo de golf y se le ha autorizado una toma directa del río Hozgarganta.

o Jimena de la Frontera: hay dos proyectos de campos de golf, uno con toma de un arroyo del Parque Natura Los Alcornocales.

• En unas cuencas sobreexplotadas y con grave falta de recursos en periodos de sequía, se siguen tramitando nuevas concesiones de agua. Un ejemplo, este mismo mes una empresa de Medina ha solicitado ¡¡1.308.000 m3 de agua!! para poner en regadío 230 has. En una provincia con problemas serios de abastecimiento se pretende regalar a un particular el agua que necesitan 20.000 personas.

Sra. Consejera, Andalucía necesita menos propaganda e ineficacia y más compromiso para garantizar un uso sostenible de un recurso estratégico para nuestra tierra como es el agua.




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