Once años de la catástrofe de Aznalcóllar

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La zona minera de Aznalcóllar continúa siendo maltratada en el XI aniversario de la catástrofe anunciada. Lejos de optar por la restauración e inertización de los suelos contaminados y devolver al espacio parte de lo que fue, la Administración andaluza mantiene su política interesada de inacción ante el desolador panorama ofrecido por las instalaciones mineras once años después del desastre ecológico.

Ecologistas en Acción, junto al resto de grandes asociaciones ecologistas del país, llevó a cabo el pasado año, una campaña reivindicativa con motivo del X Aniversario del vertido tóxico que asoló al río Guadiamar y a través del cual, se afectó al mismísimo Parque Nacional de Doñana en un negro 25 de abril de 1998. Con esa campaña, se quiso reclamar de la administración una serie de medidas que reforzaran y completaran el titánico esfuerzo iniciado una década antes para devolver, en la medida en que fue posible hacerlo, la salud al ecosistema destruido. Cuatro fueron en principio, las demandas que el pasado año hacíamos desde la sensibilidad ecologista y cuatro, las carencias y amenazas detectadas diez años después de la tragedia : en primer lugar, la nula restauración de las instalaciones mineras, en segundo lugar, la pésima gestión del diseñado, ex profeso, Corredor Verde del Guadiamar, en tercer lugar, la peor de las iniciativas políticas imaginables para la comarca, la autorización de la actividad industrial y de los vertidos al Guadalquivir, de una nueva mina, cercana a Aznalcóllar llamada “Cobre Las Cruces”, con su lamentable récord europeo en dimensiones a cielo abierto. Por último, los proyectos de Regadíos que se quieren contemplar en algunas zonas de la comarca y que convertirían al río Guadiamar en poco más que una acequia.

Ha transcurrido un año desde aquella campaña y a día de hoy, tenemos que informar a la opinión pública de la respuesta que los gestores al frente de las administraciones responsables, han ofrecido a la ciudadanía:

1º- No existe planteamiento alguno para restaurar los suelos ni el material de desecho apilado en las gigantescas escombreras. La tristemente famosa balsa de lodos, causante del vertido tóxico al sufrir una rotura, mantiene en su interior millones de metros cúbicos de materiales altamente contaminantes, que no son tratados, pero que producen aguas con altas cargas de metales pesados que son enviadas a la antigua corta minera y tras ella, a una depuradora para ser vertidas al río Agrio. Este proceso de bombeo y depuración, no tiene caducidad y se prolongará muchas décadas. Los responsables de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, consideran que esa indefinida situación, resulta lógica. Mientras, la corta minera se ve a menudo colmatada por las ingentes cantidades de aguas ácidas que llegan a rozar el nivel considerado seguro (cota 0 según nivel del mar) y a partir del cual, podría contaminarse el acuífero Niebla-Posadas.

Tampoco los problemas que generan los grandes acopios de escombros (verdaderos montes artificiales a base de mineral), han tenido al parecer, la importancia mínima exigida para que nuestros gestores se interesen por sus consecuencias. El resultado lo sufren sobre todo, los ríos y arroyos cercanos, en forma de vertidos por lixiviados o aguas de escorrentía.

Con las pasadas lluvias del mes de marzo, los voluntarios del Programa andaluz “Andarríos”, así como diversos departamentos universitarios, que trabajan en la zona tomando muestras y analizando la calidad ambiental, asistían atónitos a la llegada desde las escombreras, de aguas que mostraban un color completamente anaranjado y que se mezclaban con las transparentes y prístinas del arroyo Los Frailes, afluente del Guadiamar, impidiendo el flujo de especies protegidas y en peligro de mamíferos, peces, anfibios y macroinvertebrados o de la flora autóctona. No es el resultado del desconocimiento, esta situación fué denunciada administrativa y públicamente por Ecologistas en Acción y el resto de ONGs ambientales, aportando incluso, muestras y análisis de estas aguas ácidas con contenidos en metales, miles de veces superiores a los establecidos legalmente. Nos preguntamos qué sería de un particular, si fuera éste, el responsable de semejante delito ecológico. Nos preguntamos también porqué no se ofrecen trabajos de restauración y revegetación de los suelos y escombreras a tantos mineros que quedaron sin empleo después del desastre.

2º- La creación del Corredor Verde del Guadiamar, supuso un considerable esfuerzo económico y personal dado que se tuvieron que limpiar de lodos muchos kilómetros a ambos márgenes del río para su restauración ecológica. También supuso en algunos casos, la expropiación a los propietarios de unas tierras, que ya no podían cultivarse ni servir de pastos. La caza y la pesca fueron prohibidas. La idea, aplaudida desde los sectores ambientalistas de crear un pasillo ecológico que conectase las poblaciones de plantas y animales del sur (Doñana) y del norte de la provincia de Sevilla (Sierra Norte), parecía un rayo de luz ante tanta tragedia y desidia administrativa. El pasado año, los conservacionistas solicitábamos la vigilancia y cuidado para con el Corredor Verde, al detectar el deterioro de éste por vandalismo en las infraestructuras de uso público, circulación de vehículos a motor, caza furtiva, etc…y también abogábamos por la ampliación hacia el norte, de la extensión ocupada por el Corredor, con objeto de hacer efectiva aquella original idea de pasillo ecológico, con el río Guadiamar haciendo de eje entre norte y sur. A día de hoy, las cosas ya no siguen como entonces, a decir verdad, las cosas ahora, estan algo más complicadas:

No solo podemos observar la falta de asistencia para especies necesitadas de un medio, mínimamente adecuado, en sus desplazamientos hacia nuevos territorios (como podría resultar de la correcta gestión del Corredor Verde para el lince ibérico por poner un ejemplo), sino que atisbamos en el horizonte, el interés de la industria minera, por encontrar nuevas localizaciones para futuros proyectos con tremendos impactos ambientales característicos del sector. Ya lo hace con el llamado proyecto “Salomé,” que consiste en la realización de estudios geológicos en plena zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) como es la del río Guadiamar, y en una parte de su cuenca a la que no llegó a afectar el vertido fatal hace once años. Cobre Las Cruces, promotora del estudio que persigue la explotación de nuevos yacimientos, parece no poner límites a su codicia. Estaremos muy atentos a la respuesta que la Junta de Andalucía ofrezca a la solicitud de investigación de este nuevo disparate que afectaría directamente al futuro del Corredor Verde como medio efectivo de conexión ecológica.

En cuanto a la pesca, ya se ha autorizado (sin muerte), así como la apicultura y por dejadez, algunas formas de ganadería. Recientes estudios nos muestran como la vegetación del Corredor acumula en sus tejidos trazas muy superiores de agentes contaminantes a las recomendables. Creemos que es una completa irresponsabilidad por parte de las autoridades ambientales, olvidar la salud de personas y animales.

3º- Lo ocurrido con el proyecto minero que Cobre Las Cruces lleva a cabo en la cercanas localidades de Gerena, Salteras y Olivares y el tremendo impacto que el vertido al Guadalquivir generará en su ecosistema o el que ha causado en aquellas antiguas y bondadosas tierras de labor, da para muchos libros. Libros que tratan sobre la inmoralidad que supone supeditar a toda costa el interés económico de empresa y administración frente a cualquier valor, sea cual sea la naturaleza del mismo. Paralizada durante meses por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por contaminar el acuífero Niebla-Posadas, (del que es abastecida la capital de Sevilla en época de sequía), sorprendida con las manos en la masa al detraer mucha más agua de la que tenía autorizada y cambiando el modelo del proyecto en varias ocasiones por fracasar en el cumplimiento de los condicionantes administrativos (hasta el punto de rediseñar por completo el original), no han sido motivos suficientes para que la administración se haya decantado por la rigurosidad y seriedad en sus propios procesos de control y autorización. Nuestra exigencia, repetida tantas veces, de obligar a la empresa a mantener un “vertido cero”, no es escuchada por aquellos que tienen en su mano la posibilidad de imponerla. Nos preguntamos cómo reaccionaran los responsables políticos andaluces en otro, más que posible, futuro y negro día cuando nos estalle en la cara otra catástrofe anunciada. Nos atrevemos a adelantar que no habrá responsabilidades públicas, como no las hubo once años atrás en Aznalcóllar.

4º- Por último, insistir en la necesidad de conservar el río Guadiamar como lo que es, uno de los pocos ríos escasamente regulados que aún conservamos, y como lo que puede llegar a ser, si es que se lo permiten los gestores ambientales. Una de las amenazas a las que se ve expuesto es la de los regadíos del norte de Doñana, en los Hatos, así como los nuevos regadíos que algunos propietarios desean para la tradicional zona de secano de la propia Aznalcóllar. Para Doñana y su sobrexplotado acuífero, exigimos que se eliminen concesiones de riego que durante años han extraído agua de forma ilegal en mayores volúmenes de los autorizados. La administración pretende premiar a regantes sin escrúpulos con agua del río Agrio, importante afluente del Guadiamar a cambio de recuperar el mencionado y maltrecho acuífero. Vestir un santo para desvestir otro. El Corredor ecológico y el río Guadiamar se convertiría en un mero canal de riego sujeto a las presiones de unos regantes de cultivos que tradicionalmente no han mostrado una mínima sensibilidad ecológica. Nos preguntamos si los responsables de la Agencia Andaluza del Agua mostrarán un perfil distinto, acorde con unos tiempos que exigen una mayor amplitud de miras y lejos del corte productivista que ha caracterizado la política de aguas en épocas menos democráticas que esta. Los ríos no presionan a las administraciones para que se les devuelva el caudal ecológico con el que les amparan las leyes comunitarias, quizás por eso, la mediocridad política siempre acaba recortando lo que, solo a los ríos, pertenece. Por si no se percatan de ello, esta situación no deja de significar que a diario, se producen robos institucionalizados. Como aquel de hace pocos años, en el que Bolidén-Apirsa se marchó con subvenciones abonadas incluso después de la catátrofe anunciada, dejando tras de sí, un espantoso expolio llevado a cabo contra el patrimonio natural del río Guadiamar.

Programa de Linea 900 sobre el desastre de Aznalcóllar:



Reportaje de Canal Sur dos años antes del desastre, avisando claramente del posible peligro:




Reportaje de Canal Sur sobre distintas minas andaluzas:





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