Las Cruces no demuestra viabilidad

Un informe del CEDEX insiste en que Las Cruces no ha demostrado su viabilidad, porque no garantiza la reintegración al acuífero de las aguas extraídas.

Tras la experiencia de Aznalcóllar, no se ha respetado el Principio de Precaución y las consecuencias las pagarán los ciudadanos andaluces.

El informe del CEDEX, realizado por el Área de Ingeniería Ambiental y remitido al Juzgado 19 en septiembre de 2008 insiste en que se han cumplido muchas de las previsiones de riesgos que ese mismo organismo realizó en otro informe de julio de 2002. En concreto, insiste en la ”desconsideración tenida en el proceso de evaluación de impacto de Las Cruces del Principio de Precaución, pilar básico de cualquier evaluación ambiental y de la valoración de riesgo para las personas, infraestructuras, propiedades y los sistemas ecológicos, en este caso el Parque Nacional de Doñana”.

En este sentido, Ecologistas en Acción insiste en que, respecto a la reactivación de las labores de profundización de la mina, nuevamente se está obviado este Principio de Precaución, ya que ni siquiera se ha realizado una evaluación ambiental del nuevo proyecto de Las Cruces. Esa evaluación se ha sustituido por informes del Director General de la Agencia Andaluza del Agua (AAA), Javier Serrano, en la que se ha obviado deliberadamente la incompatibilidad del nuevo proyecto con el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG), poniendo en grave riesgo el abastecimiento presente de varias poblaciones de Sevilla y el abastecimiento futuro de Sevilla y su área metropolitana en épocas de sequía.

El informe del CEDEX dice que de la experiencia obtenida en el colapso de la balsa de lodos de Aznalcóllar, y de otras informaciones, se observa que:

“Como se predijo en su momento, la realidad no ha demostrado la viabilidad del método de eliminación del agua subterránea drenada en la corta durante los trabajos de excavación inicial, basado en la reinyección de la misma en puntos alejados del acuífero.

Estas observaciones llevan a pensar que los efectos negativos previstos para la fase de excavación de la corta se han cumplido y, lo que es más inquietante, los riesgos previstos para la fase de explotación y sobre todo en la fase de abandono tras cesar los beneficios económicos para la empresa (fase en la que siguen actuando las fuerzas gravitatorias), se trasladarán en un futuro no muy lejano (10 ó 15 años), riesgos y gastos, a los habitantes de la franja pirítica andaluza, como ya es costumbre desde hace más de dos siglos.

Dado que en esta actuación las consideraciones económicas han primado sobre cualquier otra consideración, y no parece que las circunstancias hayan cambiado, se recomienda que se reconduzca la situación a las alternativas propuestas en las conclusiones finales del informe CEDEX de julio de 2002”.

Entre las alternativas que se proponían en 2002, que fueron recogidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en su primer informe sobre evaluación ambiental de 2001, cabe destacar el estudio de soluciones técnicas que “pueden ser más costosas desde el punto de vista económico, pero acaso pudieran presentar un menor grado de incidencia potencial en el medio hídrico, …, la impermeabilización del frente de areniscas descubierto durante la excavación”, también “debería considerarse la explotación (subterránea) en mina que, en principio, parece mucho menos impactante desde el punto de vista de la protección del medio y los recursos naturales”, y en cualquier caso, para la fase de clausura, “proceder al relleno total de la corta con las escombros procedentes de la explotación minera …, con la restitución de los terrenos a su estado preoperacional”.

Ecologistas en Acción insiste en que en el nuevo proyecto de Las Cruces que pretende autorizar la Junta no se han considerado ninguna de esas opciones, sino que se insisten en soluciones técnicas fracasadas, que además son ilegales porque NO GARANTIZAN la reintegración al acuífero de los caudales extraídos, y por tanto, NO GARANTIZAN la viabilidad de la explotación minera. El proyecto tampoco garantiza la clausura en seco de la mina, lo que va a provocar gastos de mantenimiento de por vida para los ciudadanos andaluces, al igual que pasa en la actualidad con las cortas mineras de Aználcollar.

La Junta condicionó en mayo de 2008 la reactivación de las labores de profundización de la corta al levantamiento de la suspensión del Sistema de Drenaje-Reinyección (SDR). Sin embargo, el SDR sigue suspendido y, lo que es peor, sigue sin estar aprobado un Plan de Contingencias, ni un Plan de Vigilancia y Control para el SDR, ni un Plan de Auscultación Geotécnica que garantice la seguridad en la mina.

Ecologistas en Acción insiste que la decisión de acelerar la reactivación de Las Cruces es una decisión exclusivamente política, tomada por el ex Presidente Chaves el último día antes de marcharse a Madrid, que no cumple con las mínimas garantías medioambientales ni de seguridad minera, y que va a suponer un nuevo desastre ambiental y un coste económico futuro para todos los andaluces.

Como ya ocurriera durante el año 2007 y hasta abril de 2008, las prisas de Cobre Las Cruces ocasionadas por la subida de los precios del cobre en el mercado de metales de Londres, sólo va a satisfacer los intereses económicos de la multinacional canadiense Inmet Mining.

Y para satisfacer esos intereses y mantenerse en el cargo, el Director General de la AAA, Javier Serrano (antes Comisario de Aguas de la CHG), ha cambiado de criterio, informando favorablemente ahora el afloramiento de mineral, sometiéndose a las órdenes de la Junta de Andalucía, sabiendo que con ello se incumple flagrantemente el PHG y las fuertes restricciones de uso que tiene el acuífero Niebla-Posadas, cuya declaración de sobreexplotación él mismo aprobó el 15 de diciembre de 2008, cuando todavía el Guadalquivir no dependía de la Junta.




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