El Defensor del Pueblo Europeo investiga a la Comisión

El Defensor del Pueblo Europeo (Ombudsman) ha abierto una investigación de oficio para aclarar las presuntas irregularidades en el tratamiento de las denuncias ambientales por parte de la Comisión Europea. Dicha investigación se apoya en la evidencia aportada por Ecologistas en Acción, que ha recogido durante los últimos años ejemplos de dejación de funciones por parte de la Comisión Europea a la hora de registrar las denuncias de ciudadanos y organizaciones ecologistas.

Ecologistas en Acción llevaba años alertando de que la Comisión Europea hacía dejación de funciones al incumplir sus propias normas relativas al registro de quejas ambientales. Una norma de la Comisión Europea [1]
obliga a esta institución a registrar como denuncia ambiental cualquier escrito de los denunciantes, que identifique una posible violación del Derecho Comunitario Ambiental. Sin embargo, la práctica en los últimos 5 años ha sido la de restringir el registro y reservarlo sólo a aquellos casos que la Comisión considera importantes. Esto excluye de facto multitud de proyectos impactantes que no llegan a la categoría de mega-proyectos del calado de la M501 o el macro-puerto industrial de Granadilla, pero que no dejan de tener un importante impacto ambiental.

Para Ecologistas en Acción es inaceptable que la Comisión reduzca las estadísticas de infracciones ambientales por el burdo método de no registrarlas, aceptando la premisa de que lo que no se cuenta, no existe. Es preciso señalar que si bien los Estados miembro tienen la obligación de cumplir la normativa ambiental, es obligación de la Comisión Europea vigilar por el correcto cumplimiento de la misma. A falta de capacidad de inspección sobre el terreno, las organizaciones ecologistas y ciudadanas se convierten en los “ojos” de la Comisión Europea, que le advierten de lo que ocurre in situ. Renunciar a ellos y darles las espalda, negándose a investigar los casos denunciados, es una evidente dejación de funciones y un caso claro de mala administración.

Esta idea se ve ahora reforzada por la decisión del Defensor del Pueblo Europeo de abrir una investigación de oficio ante la sospecha de que la Comisión incumple sus normas en materia de registro de quejas. Ecologistas en Acción ha aportado evidencias de un número importante de casos en los últimos años en los que la Comisión rechazó registrar las denuncias ambientales sin una base legal para hacerlo. Ecologistas en Acción espera que la investigación del Ombudsman sirva para que la Comisión Europea cambie su actitud, se tome en serio las infracciones ambientales y envíe señales fuertes a los gobiernos nacionales, regionales y locales de toda Europa, y especialmente de nuestro país, de que quien contamina y agrede al medio ambiente no sale indemne. España se encuentra a la cabeza en número de infracciones ambientales.




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